Los graves delitos que se cometen contra pacientes adictos no han bastado para que las autoridades obliguen a todos los centros de rehabilitación a cumplir la ley. La intoxicación de 45 internos del centro Jara, Creador de Vida, en plena cena de Navidad –seis de los cuales fallecieron– vuelve a poner ese problema en primer plano y despierta una sospecha: ¿fue el primer ataque a un centro de rehabilitación por el crimen organizado en la entidad? GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Una cena de Navidad en el populoso barrio tapatío de San Juan de Dios, en la colonia La Perla, provocó la movilización de decenas de unidades de rescate y cerca de medio centenar de paramédicos y equipos de emergencia. En el cruce de la calle Federación y Mariano Jiménez está la clínica de atención para drogadictos y alcohólicos Jara, Creador de Vida. Es una vivienda de dos plantas improvisada como albergue, donde pretendían recuperarse 45 personas, sólo dos de ellas mujeres. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que seis de los pacientes murieron después de que decenas sufrieran náuseas, vómito y convulsiones. Uno de los afectados contó que él se negó a comer un guiso que olía mal, no así los demás, que enseguida se enfermaron. Entre los fallecidos se cuenta a Carlos Navarro Toscano, de 31 años, Jesús Daniel Montañez Páez, de 15, Francisco Huerta Martínez, de 36, y otros dos hombres aún sin identificar. El responsable de la clínica, Adrián García Rojas, fue retenido con otras dos personas por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) y quedaron en libertad el 27 de diciembre. Aún no se dan a conocer los peritajes realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la PGJ. Extraoficialmente se difundió la especie de que un desconocido dejó colgada en la puerta del albergue una bolsa de plástico que contenía chorizo de soya, presuntamente contaminado con cianuro y que fue cocinado y servido a los internos en la cena de Navidad. Hasta el cierre de edición las autoridades no han confirmado que así ocurriera la tragedia. Pero según el testimonio de algunos internos a la prensa, el albergue Jara tenía un conflicto con otro que opera en la misma zona. El secretario del ayuntamiento de Guadalajara, Roberto López, aclaró que el centro donde ocurrieron las defunciones carecía de licencia municipal, por lo que fue clausurado y se mantendrá así mientras la PGJ no disponga un cambio. Para Francisco Gutiérrez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la tragedia es parte de una serie de irregularidades que las autoridades se niegan a atender: en las clínicas de recuperación o anexos frecuentemente se reportan asesinatos, violaciones, agresiones físicas y humillaciones, sin que intervengan coordinadamente las autoridades de salud, policiacas y administrativas que tienen competencia en el asunto. Indica en entrevista que en todo México aumenta la población expuesta a la adicción por estupefacientes, pero aún no se desarrolla la infraestructura necesaria para atenderla a nivel nacional y, concretamente, en Jalisco. Esto, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el combate al tráfico y consumo de drogas y la atención a los adictos es uno de los principales retos para los países de América. Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, en Jalisco cerca de 40 mil personas de entre 12 y 65 años de edad padecen esta enfermedad, pero la población expuesta a algún tipo de droga ilícita es de 227 mil. Además, de los 300 centros de atención a drogadictos y alcohólicos de Jalisco 60% están convertidos en cárceles privadas y funcionan en condiciones irregulares o de plano clandestinamente. El investigador Francisco Gutiérrez Rodríguez resalta que las autoridades tienen registrados 154 de estos albergues, pero advierte que la falta de vigilancia sobre ellos obliga a la población a comprender el grave riesgo que corren los internos en las “clínicas de rehabilitación” irregulares. Por ejemplo, el ayuntamiento de Guadalajara admite que sólo 62 establecimientos de esa naturaleza tienen licencia para trabajar en el municipio. En un reportaje de julio pasado (Proceso Jalisco 350) la reportera Anna G. Lozano documentó graves irregularidades en estos centros, entre ellas torturas físicas y psicológicas contra los internos, sin que intervinieran autoridades como la PGJ ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Aparte de documentar historias de exadictos, señaló que en la zona metropolitana se abren cada año 58 de estos centros, popularmente conocidos como “anexos” y que funcionan como negocios clandestinos, de acuerdo con las estadísticas del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) hasta 2010. Según esta institución, la lista incluye albergues conocidos y con filiales en varios municipios, como Empezando a Vivir, Crea, 24 Horas Tradicional, Otra Alternativa y Grupo la Perla de Occidente. “Atención” criminal Los casos de violencia y abusos no son esporádicos. Una joven de 18 años denunció que en abril de 2001 ingresó al centro de rehabilitación Las Hojas, ubicado en San Isidro Mazatepec, municipio de Tlajomulco, donde el “líder” Santiago Delgado Mejía la agredió sexualmente y le tomó fotografías que después compartió con José María Ruiz, Néstor Beltrán de Zúñiga, Alejandro Alcázar Gil, Simón, Estanislao y Miriam Hernández. Otro encargado del establecimiento, Juan Manuel Estrada, asegura que por esa denuncia fueron detenidas dos personas. En 2003 la Fundación para la Atención de Niños Robados y Desaparecidos (FIND) dio a conocer varias violaciones sexuales a mujeres recluidas en el mismo centro. El 16 de mayo de ese año las afectadas levantaron una denuncia penal (averiguación previa 241/2003) y en sus declaraciones ministeriales aseguraron que los responsables de Las Hojas justificaban el abuso sexual como parte de la “terapia”. Otra de las internas acusó directamente a Delgado Mejía de someterla a “terapias más fuertes” y narró que a varias de sus compañeras se las llevaban del albergue a moteles de paso para drogarlas y luego violarlas. En 2005, en la Calle 44 de la colonia El Mirador, en Guadalajara, un hombre se arrojó desde la azotea de un centro de desintoxicación de tres pisos. Los vecinos denunciaron que con frecuencia oían los gritos de internos torturados por sus cuidadores o “padrinos”, quienes ejercen la autoridad en ese tipo de establecimientos. En 2007 la PGJ atendió cuatro denuncias por homicidios en “anexos” de la zona metropolitana de Guadalajara. Ese año la fiscalía clausuró el albergue La Casa del Pueblo, en la colonia El Vigía del municipio de Zapopan, donde se rescató a 13 menores, víctimas de agresiones físicas y psicológicas de los “padrinos”. También en estos casos se argumentaba que los golpes y las humillaciones a los adolescentes eran parte de la “terapia necesaria” para que se reinsertaran a la sociedad y a sus familias. Dos de los responsables del centro quedaron a disposición de las autoridades. En otro caso, el “tratamiento” de Salvador León Torres, de 45 años, consistió en permanecer atado a una tabla. En el centro Poder Despertar, A.C., ubicado en la granja Capulín, colonia El Mirador, del municipio de Amatitán, sus padrinos decidieron someterlo porque no obedecía sus indicaciones. Sólo 10 días después de que Salvador ingresó en un intento de superar sus adicciones, el 31 de diciembre de 2010 lo mataron a golpes. La policía detuvo a los señalados como culpables. Y recientemente, el pasado 9 de noviembre, Pedro Pérez Hernández, de 33 años, fue atacado en el centro de rehabilitación situado en el 1497 de la calle José Luis Mora, municipio de Guadalajara. El paciente quedó gravemente herido después de que sus padrinos le aplicaron fuertes descargas eléctricas en el pecho para “controlarlo”. Dos individuos responsables del establecimiento fueron enviados al penal de Puente Grande y consignados ante un juez penal. Según confirman muchos testimonios, una vez que alguien está cautivo en alguno de estos centros y sobre todo los ubicados en colonias populares, nada impide que sufra agresiones. También fue el caso del conductor de Televisa Carlos Cázares, El Soruyo, fue encerrado en el Grupo Esperanza de Vida, que está en la avenida Plan de San Luis, a un lado del templo de San Bernardo, y que tenía más de 53 internos de entre 15 y 57 años. Cuenta un excompañero de El Soruyo: “Un día su familia lo recluyó por su problema de alcoholismo. Después que salió de ese lugar, el hombre lloraba nomás de acordarse de todas las humillaciones y vejaciones que vivió y le tocó ver. Decía que el trato era inhumano y pedía a sus amigos reporteros que investigaran adentro de esa clínica; hablaba de los golpes que le daban a la gente, o de los castigos contra los internos. Algunos eran obligados a estar de rodillas sobre un ladrillo durante varias horas”. El Soruyo falleció de diabetes en agosto pasado. Según el entrevistado, “le faltó tiempo para escribir su experiencia en el albergue”. Poco antes de morir el animador de televisión aseguraba que un amigo suyo, el reportero de nota roja Salvador Chávez Calderón, fue amenazado por los responsables de algunos anexos a causa de un reportaje que preparaba. Chávez Calderón dice a Proceso Jalisco que hay muchos antecedentes de los abusos ocurridos en las clínicas de recuperación. “Efrén Torres (El Alacrán Torres, excampeón mundial de boxeo) era mi compadre y él me platicaba todo lo que enfrentaba en esos lugares. Incluso me decía que tenía la osadía de tumbar a dos o tres por su conocimiento del boxeo, pero luego lo agarraban entre varios de los vigilantes y lo descontaban porque le echaban montón”. Relata que entre los procedimientos de castigo es famosa la “silla azul”, de la que no dejan levantar al interno en todo el día aunque haga sus necesidades en los pantalones. También la CEDHJ reconoce que en la zona metropolitana de Guadalajara se reciben numerosas denuncias por malos tratos y humillaciones, por la dotación de alimentos en mal estado y notorias carencias de infraestructura para ofrecer el servicio en estos albergues. En el caso de Jara, Creador de Vida, la CEDHJ adelanta que iniciará una investigación de oficio para determinar si existe el fundamento legal para emitir una recomendación a autoridades municipales y estatales por las posibles omisiones en la supervisión de esos establecimientos, informa el primer visitador César Orozco. Aclara que el ombudsman jalisciense carece de facultades para atender directamente las denuncias contra los albergues porque es un asunto entre particulares, pero indica que los inconformes deben centrar sus quejas en las omisiones de las autoridades competentes. Para el visitador, también se requiere fortalecer la seguridad y la vigilancia ante la sospecha de que la intoxicación de 45 pacientes en La Perla puede ser el primer ataque contra un centro de rehabilitación en Jalisco.