Roja Navidad

lunes, 31 de diciembre de 2012
Antes de que las nuevas autoridades municipales acaben de instalarse, y en plena víspera navideña, las organizaciones criminales que aterrorizan el sur y el occidente del país decidieron volver a la escena pública con su violencia característica. Sólo que esta vez dirigieron sus armas contra las autoridades, específicamente los policías municipales, que desde hace años claman por mejores armas, equipo y condiciones de trabajo, y en el mejor de los casos obtienen “homenajes” cuando caen abatidos por los sicarios. GUADALAJARA, Jal (Proceso).- En la víspera de la Navidad de 2012, grupos del crimen organizado se encargaron de calentar los límites de Jalisco con Michoacán y Nayarit en su afán de controlar la zona y de intimidar a los nuevos ayuntamientos. Por la ubicación de los enfrentamientos y los ataques, integrantes de las corporaciones policiacas los atribuyen a las tres organizaciones que desde hace tiempo luchan por dominar la región: los Caballeros Templarios, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. Pero por las fechas en que se desató la ola violenta, indican, puede tratarse de represalias por el incumplimiento de “acuerdos” de las anteriores administraciones municipales con los criminales o de un intento de someter a las nuevas autoridades del Sureste y la Ciénega de Jalisco. Ninguno de los responsables fue detenido. El saldo inicial de los atentados fue la muerte de 30 personas. De ellas, 12 eran policías municipales. Cuatro fueron levantados por un comando en la plaza de toros de El Naranjito, en el municipio de Pihuamo, Jalisco, la noche del domingo 23, y sus cuerpos se hallaron decapitados en los límites con Michoacán. Antes, otros cuatro uniformados fueron acribillados en el municipio michoacano de Briseñas, cuyo límite con La Barca, Jalisco, es el río Lerma. Tres gendarmes de Ayotlán, Jalisco, también fueron abatidos tras enfrentar un ataque durante más de 40 minutos en su propia comandancia, donde además murió un civil. Otro policía de este municipio fue encontrado muerto en La Barca. El miércoles 26, decenas de reporteros que cubrían el sepelio de los policías acribillados dos días antes en Pihuamo comenzaron a recibir versiones de que había un fuerte enfrentamiento entre militares y sicarios en la región sureste de Jalisco, limítrofe con la Tierra Caliente michoacana, e intentaron confirmar el hecho pero no lo consiguieron. Esa tarde los periódicos El Universal y Reforma difundieron en sus portales electrónicos que “personal castrense” había confirmado la muerte de 10 civiles en Pihuamo; por la noche, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmintió la noticia en un comunicado y se deslindó de cualquier enfrentamiento en el municipio. Sin embargo, la Quinta Región Militar informó que el martes 25, durante un reconocimiento sobre el camino que une a las comunidades de El Tigre y Chilarillo, en las inmediaciones de La Tauna, en Tecalitlán, los soldados tuvieron que repeler un ataque de la delincuencia organizada. No hubo muertos ni heridos, pero se detuvo a una persona con cuatro armas largas, tres cortas, 21 cargadores, 743 cartuchos de diferentes calibres y un vehículo con reporte de robo. En suma, la ola de violencia del domingo 23 y el lunes 24 dejó cuatro policías de Briseñas (Michoacán) asesinados; un civil y cuatro policías de Ayotlán acribillados; seis cadáveres localizados en diferentes partes del municipio de Quitupan; cuatro policías y un civil asesinados en Pihuamo y otros tres muertos en Jilotlán de Los Dolores. Además, se reportó el hallazgo de cinco cuerpos de presuntos civiles dentro de un auto en el municipio michoacano Marcos Castellanos. La violencia afectó, aunque de forma distinta, a Guadalajara. Algunos medios de comunicación informaron sobre policías municipales tapatíos levantados por hombres armados, y aunque el ayuntamiento rechazó esa versión, lo cierto es que el miércoles 26 se anunció el regreso de las volantas o retenes para vigilar las calles de la zona metropolitana, ante el aumento de la inseguridad. Cadena de crímenes El domingo 23, en Degollado, alrededor de 40 sicarios a bordo de 10 camionetas de modelo reciente llegaron al centro y dispararon contra la presidencia y la comandancia de policía. No se reportaron bajas, pero sí daños a una decena de vehículos, y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron mil 200 casquillos en la vía pública. Como los policías de Degollado pidieron refuerzos a los de Ayotlán, los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio se prepararon para abordar sus unidades, cuando el convoy de sicarios llegó allá y atacó también su palacio municipal y la comandancia de policía. Tres policías y un civil cayeron muertos. Los testigos describieron los vehículos de los atacantes como camionetas pick up, dos Jeep, al menos una Cherokee y dos tipo Van. La noche del mismo domingo en Pihuamo se reportó el secuestro de los cuatro agentes policiacos que vigilaban la plaza de toros de El Naranjito y finalmente fueron asesinados junto con un civil. El lunes los cuerpos fueron abandonados en el límite con Michoacán, cerca de su patrulla calcinada. Habitantes del municipio informaron a las autoridades municipales que cuando circulaban por la carretera El Balastre–El Guayabo, cerca de las 7:00 horas del lunes 24, detectaron los cuerpos de los ejecutados en el kilómetro 41, a menos de 50 metros del límite con Michoacán. Horas más tarde, efectivos del Ejército, de la procuraduría estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron para iniciar las indagatorias. Ahí se confirmó que los fallecidos eran el comandante Francisco Álvarez y los agentes Ramón García, Daniel Denís Ramírez y Rosalío Márquez Navarro. Fueron decapitados y sus cabezas estaban vendadas a la altura de los ojos. Presentaban heridas de fusiles AK-47 y AR-15 y sus manos estaban esposadas. Los delincuentes dejaron sobre el vientre de uno de los policías un mensaje, que ninguna autoridad dio a conocer ni informó cuál organización delictiva se adjudicaba el crimen. El miércoles 26 el Ejército, la Policía Federal y el ayuntamiento de Pihuamo rindieron homenaje a los uniformados caídos. Luego de una misa en la parroquia local, muchos conciudadanos acompañaron sus ataúdes al cementerio. Si bien las autoridades estatales se enteraron la misma noche del domingo del levantón de los cuatro agentes, ni la SSP ni la procuraduría de Jalisco respondieron de inmediato al llamado de auxilio de la policía de Pihuamo, debido a la peligrosidad de la zona. En los límites con Michoacán las corporaciones estatales han sufrido algunas de las más graves agresiones. En octubre de 2010, nueve policías fueron acribillados en Jilotlán de Los Dolores; semanas después, el 10 de diciembre, una balacera entre bandas rivales dejó 11 muertos en Tecalitlán. Después del ataque a los policías de Briseñas y Ayotlán el domingo 23, se desplegó un operativo para buscar a los responsables. Las corporaciones estatales localizaron en la delegación de Santa Rita (Ayotlán) dos camionetas abandonadas que supuestamente se utilizaron para el ataque en Briseñas, pues en ellas había cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres, así como manchas de sangre. Éstas hacen creer a las autoridades que al menos uno de los atacantes de la presidencia de Ayotlán resultó herido. El mismo día, en el municipio de Quitupan, policías municipales se enfrentaron a tiros con otro grupo de delincuentes. Tres oficiales quedaron lesionados y fueron llevados a Guadalajara para su atención médica. Más tarde se localizaron en el rancho El Quiringual los cuerpos de tres hombres amarrados de pies y manos. Además se reportaron otros tres asesinatos en el municipio. A las 6:00 horas de ese fatal domingo, en Jilotlán de Los Dolores (rumbo a la salida a Tepalcatepec, Michoacán) un grupo de sicarios acribilló a quien después fue reconocido extraoficialmente como Mario Sandoval García, de 35 años, que transportaba quesos en su camioneta. En el ataque fueron gravemente lesionados otro hombre y una mujer que estaban ahí circunstancialmente, quienes fallecieron cuando recibían atención médica. Varios medios de comunicación reportaron que en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit, un comando ingresó por la fuerza a un domicilio particular y secuestró a ocho integrantes de una familia, de los que no se sabe nada. Como resultado de la ola de violencia, el miércoles 26 se conoció la renuncia de 32 policías de Ayotlán, entre ellos el director de la corporación, quienes ante el temor de un nuevo ataque prefirieron separarse de sus cargos. No obstante, ante la presión de los medios de comunicación, el alcalde Jesús Rodríguez tuvo que rechazar públicamente esa información. Dijo que no aceptó ninguna de las dimisiones y que era un número menor de efectivos los que pretendían dejar sus puestos. Ayotlán es gobernado por el Partido Movimiento Ciudadano, igual que Pihuamo, donde otros 14 gendarmes decidieron darse de baja ante el alto riesgo que enfrentan. Fuentes de los cuerpos se seguridad del estado opinan que los coordinados ataques son una respuesta al incumplimiento de “acuerdos” establecidos por los criminales con anteriores administraciones municipales. Sin embargo, no descartan que se trate de mensajes intimidatorios de esas bandas para “doblar” a los nuevos alcaldes y a sus jefes policiacos de las regiones Sureste y Ciénega de Jalisco. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Emilio González Márquez no se había pronunciado oficialmente sobre la ola de violencia. Fueron las autoridades federales las que anunciaron el viernes 28 que se establecería un cerco de seguridad en la zona limítrofe de Jalisco, Michoacán y Colima. El operativo consiste en la instalación de retenes militares y revisiones a civiles por soldados, policías estatales y federales en carreteras y salidas que conectan a las entidades, particularmente en las cercanías de Pihuamo. A su vez, el 88 Batallón de Infantería de la 20 Zona Militar instaló un puesto de revisión en Cerro de Ortega, de Tecomán, Colima, cerca de la población de Coahuayana, Michoacán, y comenzó a patrullar brechas y caminos vecinales a fin de revisar a personas o vehículos sospechosos. El objetivo es evitar la huida de los delincuentes de Jalisco y Michoacán hacia Colima. Por su parte, el alcalde de Marcos Castellanos, Michoacán, José de Jesús Bautista Álvarez, anunció que se implantaba el toque de queda a partir de las 20:00 horas como un intento de proteger a los civiles de posibles ataques de la delincuencia organizada, según la agencia Notimex. En Jalisco, una medida similar fue anunciada por autoridades municipales de Quitupan, que recomiendan a los civiles resguardarse en sus casas a partir de las 21:00 horas. Desde el domingo 23, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Rural de Jalisco reforzaron la vigilancia en la zona limítrofe con Michoacán. Pobladores del municipio de San Gabriel, en la región sur jalisciense, denunciaron el aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones en su contra e hicieron un llamado urgente a las autoridades para rescatar a personas desaparecidas en las últimas semanas en la delegación de Jiquilpan.

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