Pederastia en el DIF Guadalajara

jueves, 19 de abril de 2012
GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- El presidente de la organización FIND, Juan Manuel Estrada, que ha denunciado abusos contra infantes, se enteró el año pasado de que al menos dos funcionarios del DIF Guadalajara compraban sexo con menores de edad en la calle. En vez de difundir el caso como en otras ocasiones, se lo contó con “discreción” a los jefes de los presuntos responsables y al alcalde Aristóteles Sandoval, quienes previsiblemente los dejaron impunes. El alcalde de Guadalajara con licencia y candidato del PRI al gobierno del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; su contralor, Francisco Morales Aceves; la exdirectora del DIF tapatío, Bertha Hernández de Ruvalcaba, y el presidente de la Fundación para Niños Robados y Desaparecidos (FIND, por sus siglas en inglés), Juan Manuel Estrada Juárez, encubrieron a un par de funcionarios municipales en presuntos actos de pederastia. Personal de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara entregó a Proceso Jalisco la copia de un correo electrónico que envió Estrada Juárez al contralor Morales Aceves el 28 de junio de 2011. El texto, donde el autor señala a dos funcionarios de incurrir en delitos sexuales contra menores, le llegó primero a Bertha Hernández y en seguida a Jorge Aristóteles Sandoval, pero a nueve meses de su envío, no sucedió nada. A las 15:15 del 20 de junio de 2011, el presidente de FIND, Juan Manuel Estrada –quien ha denunciado muchos casos de maltrato, robo o desaparición de menores y adopciones ilegítimas–, le mandó el mencionado correo a la entonces directora del DIF Guadalajara, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, para advertirle que dos de sus funcionarios contratan servicios sexuales con menores de edad. Uno de los funcionarios señalados es José Ramón Aldana González, en ese tiempo director administrativo del DIF Guadalajara y que desde el pasado 1 de febrero dirige el área correspondiente de la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Durante el rectorado de Carlos Briseño Torres (2007-2008), Aldana González se hizo cargo de la coordinación de Ingreso, Promoción y Seguimiento del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cobra 17 mil 860 pesos mensuales como profesor e investigador B en el Departamento de Ingeniería Química de la casa de estudios, mientras que en el ayuntamiento tapatío percibe 46 mil 378 pesos brutos. El otro funcionario presuntamente involucrado en la prostitución infantil es Miguel Ángel Puga Aguinaga, quien como jefe del Departamento de Conservación de Inmuebles y Servicios Generales del DIF tapatío gana 31 mil 850 pesos mensuales. En dicho correo el presidente de FIND le dice textualmente a Hernández de Ruvalcaba: Estimada Profesora, la semana pasada me comuniqué con su secretaria buscándola para tratarle un delicado asunto que me fue reportado por unos menores, desafortunadamente no pudimos hacer contacto por compromisos del suscrito en la ciudad de México referentes al tema del Consejo Estatal de la Familia que hemos ventilado desde hace un tiempo, pero dada la gravedad de los acontecimientos y por la amistad que me une con muchos funcionarios del dif Guadalajara decidí no hacer formal denuncia del hecho para evitar un mayor escándalo. En síntesis un grupo de jóvenes masculinos adolescentes y menores de edad muchos de ellos, que prestan sus servicios sexuales en varios lugares de la ciudad de Guadalajara principalmente en el área de la universidad de Guadalajara y del centro histórico me han manifestado que varios empleados de unas oficinas que están por López Mateos en el centro de la amistad donde hay muchas banderas los frecuentan regularmente. Esto no tendría nada de trascendencia si fueran mayores de edad, pero como en varios casos se trata de jóvenes menores de edad involucrados con aparentes funcionarios públicos que tienen al cuidado el manejo de menores, considero de suma preocupación hacerle de su conocimiento estos hechos, se trata de dos personas masculinas con las siguientes características: Se trata de dos varones, el primero entre 30 y 32 años de edad alto de compleción atlética pelo corto que conduce un automóvil compacto Ford color gris con placas con terminaciones jf 028 y que los lleva a una casa por la vidriera Guadalajara donde está un templo y comentan los menores que esta persona ya fue asaltada hace unos meses por otro adolescente apodado el Jimy el cual por manchado le propicio una golpiza y lo asaltó. El otro varón es mucho mayor como de 50 años o más, sin pelo también delgado con barbilla canienta vive por el rumbo de Zapopan conduce una camioneta de color como gris oscuro o azul con placas JNN 64755. Los datos de las placas de los automóviles no son exactos pero me aseguran que son sus inicios o sus terminaciones pero que estos menores pueden identificarlos plenamente. Juan Manuel Estrada le indica a la exdirectora que está a sus órdenes para cualquier aclaración e incluye su número de teléfono celular. El mismo día el autor de la misiva le envió ese correo al presidente municipal, ahora con licencia y aspirante al gobierno del estado por el PRI, Jorge Aristóteles Sandoval. La única diferencia fue la hora: 18:55. La copia del contralor municipal, Francisco Javier Morales Aceves, está fechada el 28 de junio de 2011 a las 9:34 horas. Al correo se anexa un organigrama de la dirección administrativa del DIF Guadalajara, donde aparecen las fotografías de Aldana y de Puga. Tiene un pie de foto: “Ilustración 1 Miguel Ángel Puga, es el fulano que vive por la vidriera de Guadalajara cerca de un templo y fue asaltado hace unos meses por levantar menores, lo asaltaron golpearon y le robaron un auto compacto marca ford K”. Sobre José Ramón Aldana dice: “Este también es señalado y vive por el rumbo de Soriana que está en el Periférico rumbo hacia Río Blanco”. Omisiones o encubrimiento Estrada Juárez ha presentado, sobre todo durante los gobiernos panistas, numerosas denuncias por adopciones ilegales, tráfico de menores, abuso de autoridad y desvío de recursos públicos. Proceso Jalisco le preguntó por qué no presentó una denuncia formal e hizo público el caso, como suele hacerlo. El presidente de FIND se justificó: “Yo hice del conocimiento de la autoridad y de los jefes de lo que estaba pasando. La instrucción de la señora Lorena (Arriaga, esposa de Aristóteles Sandoval) fue que se actuara y derivó la responsabilidad a la directora”. Afirmación que contradice a su correo, donde escribió: “…decidí no hacer formal denuncia del hecho para evitar un mayor escándalo”. Reitera: “Lo que sí me quedó muy clara fue la preocupación de la señora Lorena Arriaga, quien dijo que no podía soportar ni solapar eso y le encargó a la directora que hiciera la investigación correspondiente”. Según el entrevistado, después de enterarse de los señalamientos de los jóvenes, se cercioró de que fueran reales y cumplió con su “obligación civil” de informar a los superiores de los funcionarios sobre su enredo sexual con menores. “Les dije lo que pasa y que pusieran un remedio”, recalca. Añade que no puso la denuncia en la procuraduría estatal porque no tenía elementos: “La víctima no quiso denunciar. Es un nómada, gente de la calle. Apenas cumplió 18 años, y eso (tener relaciones sexuales con el funcionario) fue cuando tenía como 16 años y medio, más o menos”. El otro motivo para no denunciar los hechos en la dependencia, dice, es que no confía en su titular, Tomás Coronado Olmos, pues el procurador no investigaría un caso que se “trata de un tema mío”. A partir de su denuncia, asegura Estrada Juárez, se reunió dos veces con Hernández de Ruvalcaba. En la primera le informó de los hechos, pero “la directora tenía duda de las acusaciones y decía que alguien estaba inventando, (por lo cual) quedó de hacer una investigación”. Ya en el segundo encuentro, dice, Hernández de Ruvalcaba le informó que Miguel Ángel Puga “había reconocido que eran ciertos los hechos (…) De la investigación que ella hizo, hay un reconocimiento tácito del robo del auto y de llevarse a las personas. Lo que me extraña es que no haya hecho nada, si hay una confesión de parte”. Estrada Juárez menciona que en la segunda junta la directora le comentó que “había cosas que no le cuadraban, que por los domicilios… que si se había cambiado… Yo le dije que no lo sabía (…) El asunto se me hizo muy grave, primero porque fue gente del DIF, y después por lo que implica toda esa gente”. En su opinión, la entonces directora del DIF Guadalajara fue omisa y por lo tanto es la única responsable de que no se haya castigado a los funcionarios. “Si estuvo enterada, debió suspenderlos mientras eran peras o manzanas, pero les concedió el beneficio de la duda. Yo creo que por eso fue el cambio de llevárselo (a José Ramón Aldana) a otra dependencia”. El presidente de FIND comenta: “Siento que enfriaron el tema”. Al respecto, señala que invitó a la funcionaria a visitar a los menores para que conociera la información de primera mano, pero ella no fue. Incluso acordaron reunirse nuevamente, pero la funcionaria “no me volvió a llamar”. Añade: “Desde ese tiempo estoy tratando de conseguir la averiguación previa. Lo que me extraña es que la procuraduría no haya seguido otra línea de investigación, si te están diciendo que está levantando prostitutos, debieron averiguar su edad, cómo eran. A él (Puga) le roban la cartera, lo amarran, lo despojan de todo, hasta del coche. Miguel Ángel dice que salió en la noche y que levantó una gente, pero no dice que es menor de edad, pero yo sé que es menor de edad y ese el problema”. Según su versión, Estrada Juárez se enteró apenas el pasado martes 10 de la denuncia que presentó Puga ante la procuraduría local, la cual originó la averiguación previa 1824/2010. Finalmente el presidente de FIND “garantiza” que ahora que conoce el número de averiguación previa donde Puga narra los hechos, presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) “para que investiguen”.

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