En entrevista, el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero cuenta una historia más en que el duopolio televisivo ejerce su poder y doblega al Ejecutivo estatal. Un empresario lo amagó con orquestar una campaña mediática contra él si no le asignaba un contrato, ya que tenía una “buena relación” con los dueños de Televisa y de TV Azteca. La amenaza se cumplió: durante varios días los noticiarios de ambas empresas lo acusaron de nepotismo y corrupción. Como resultado, Aguirre limpió la nómina de sus familiares directos, aunque otros medios habían hecho esas críticas hace meses, sin consecuencia alguna. ACAPULCO, GRO. (Proceso).- Al igual que las pandillas se disputan a sangre y fuego cada centímetro de calle para imponer su hegemonía en la estratégica plaza de Acapulco, los grupos económicos y políticos locales y nacionales mantienen una batalla para reclamar cotos de poder en este puerto. Desde el viernes 4 al jueves 10, las poderosas empresas Televisa y TV Azteca emprendieron una campaña que pareció sincronizada para denostar a la de por sí polémica administración del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. En ese lapso, ambas televisoras difundieron en sus principales noticiarios notas y comentarios en los que acusaron a Aguirre de “nepotismo, corrupción y violaciones a los Derechos Humanos”, asuntos que antes fueron tratados por otros medios sin que el mandatario se inmutara. En entrevista con Proceso, Aguirre asegura que la campaña del duopolio televisivo responde a la inconformidad de “un empresario” que “se molestó” porque no se le asignó un contrato para instalar 600 cámaras de vigilancia en el puerto. Cabe recordar que el gobierno federal destinó 300 millones de pesos para esta medida, como parte de la Operación Guerrero Seguro (OGS), que arrancó en octubre pasado y no ha podido revertir la ola de violencia e inseguridad que ahoga a la ciudad. De acuerdo con datos oficiales, del 8 de octubre de 2011 al reciente domingo 6, en Acapulco se cometieron 423 ejecuciones que el gobierno estatal denomina “fallecimientos por rivalidad delincuencial”. Durante los más de 200 días de la OGS, la violencia ha corrido por cuenta de “pandillas porteñas” que estuvieron al servicio del cártel de los Beltrán Leyva. Fuentes oficiales consultadas por este reportero indican que los reemplazos de los jefes de las células criminales abatidos son cada vez más jóvenes, por lo que sus batallas por los territorios son más brutales, y más descarados los secuestros y las extorsiones que mantienen en jaque a los sectores productivos. Al mismo tiempo, los grupos de poder económico pretenden aprovechar que la inseguridad golpea a Acapulco e incrementa su demanda de inversión. No obstante, Aguirre niega que la campaña mediática en su contra represente un rompimiento o represalia de las televisoras porque él se alió con el magnate Carlos Slim Helú, archirrival de los dueños de Televisa y TV Azteca, y a quien los propios funcionarios de Guerrero consideran “el nuevo mejor amigo” del gobernador. Aguirre Rivero se desvive en elogios hacia el magnate, que participa en un esquema de inversión tripartita (gobierno federal, local y privado) para reactivar económicamente la zona turística tradicional de este puerto. En esta área, donde se encuentran los balnearios de Caleta y Caletilla, el dueño de Telmex y hermanos suyos están adquiriendo inmuebles, como el hotel Boca Chica, construido en 1950 y que fue locación de una película protagonizada por Elvis Presley en la época dorada del puerto. Además, comenta Aguirre, Slim va a invertir, en primera instancia, 150 millones de pesos para rehabilitar la infraestructura urbana y espacios públicos, como lo hizo en el Centro Histórico del Distrito Federal. Agrega que su administración tiene proyectos de inversión conjunta con las televisoras que lo apabullaron durante cuatro días. Por ejemplo, dice, en el puerto se construye un Centro de Rehabilitación Integral Teletón y se subsidia el Festival Acapulco, inaugurado el domingo 13, en beneficio de Televisa, y con TV Azteca se están conformado orquestas infantiles y en penales. No obstante, el gobernador señala a su antecesor Zeferino Torreblanca, que también llegó a la gubernatura con las siglas del PRD y quien fue la principal fuente de las notas que las televisoras utilizaron en sus ataques. Televisa “utilizó a Torreblanca” para denostarlo, dice, y anuncia que impulsará acciones penales contra exfuncionarios de la administración pasada por presuntos desvíos de recursos públicos.   Doblegado   El 25 de enero se realizó en Acapulco una reunión para evaluar la OGS, encabezada por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Ahí el gobernador Aguirre anunció la inversión de 300 millones de pesos para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia que se instalarían en tres meses. Entrevistado el jueves 10 en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) en la Zona Diamante de Acapulco, Aguirre afirma que la embestida de Televisa y TV Azteca a través de sus principales conductores (Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Javier Alatorre) tiene su origen en la molestia de “un influyente empresario”, que se negó a nombrar, porque no se le otorgó el contrato para instalar el mencionado sistema de vigilancia. Cuatro días después de la campaña de las televisoras, Aguirre dio el miércoles 9 una conferencia de prensa donde señaló que la campaña de ataques “a lo mejor es reflejo o producto de algunas presiones de empresas para ganar algunas licitaciones en Guerrero, y no me voy a prestar tampoco a eso. Yo tendré que seguir siempre los procedimientos que establece la ley, máxime cuando se trata de recursos federales. Ahí el gobierno no puede, de ninguna manera, orientar que gane tal empresa. No lo podemos hacer, a lo mejor a algunos grupos empresariales eso les ha causado cierto malestar”. Cigarrillo en mano y tomando un café exprés, Aguirre narra a Proceso que “hace algunos meses” dicho empresario le pidió que lo favoreciera con el contrato para instalar las cámaras, de lo contrario emprendería una campaña en medios de comunicación porque su relación con los dueños de ambas televisoras “es muy buena”. Según el gobernador, le respondió al empresario que tratara de utilizar su influencia para persuadir a las autoridades federales, ya que se trataba de recursos para el combate al narcotráfico y aquéllas se encargaron de licitar y adjudicar el contrato. Finalmente ganó una empresa que Aguirre dijo desconocer. Sin más, el empresario amenazó al gobernador con atacarlo a través de los medios de comunicación, por lo que ahora no duda que la campaña de Televisa y TV Azteca contra su administración obedece a esa instigación. Agrega que ambas televisoras “están aprovechando” el conflicto del mencionado empresario y Aguirre para reclamar el pago de pautas de publicidad del año pasado, cuyo monto tampoco revela el mandatario. –¿No ha buscado a los directivos de las televisoras para tener una explicación de esta campaña? –se le plantea. –Claro que los he buscado para que me expliquen de qué se trata y solicitar mi derecho de réplica, pero los dueños de Televisa y TV Azteca tratan a los gobernadores como a sus gatos y hasta ahora no me responden las llamadas telefónicas. –¿Quién es el empresario que puede sincronizar a las dos televisoras? –No quiero mencionar su nombre. Quiero dejarlo así, y si ellos deciden seguir, adelante, vamos a aguantar. No obstante, las televisoras lo doblegaron al menos en cuanto se refiere al nepotismo, por el que Aguirre ha sido criticado y documentado desde el año pasado, y que el Ejecutivo negaba pese a las evidencias. Sin admitir que esto significa ceder a las presiones del duopolio televisivo, Aguirre se limitó a informar que el jueves 10 decidió solicitarles la renuncia a una veintena de familiares directos que ostentaban cargos estratégicos en su administración desde el año pasado, entre ellos su hermana Rosalinda Aguirre, directora del DIF estatal, y su sobrino Ernesto Aguirre, asesor personal y coordinador de “proyectos estratégicos” del Ejecutivo. Asimismo, dice que su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero renunció a su cargo de coordinador del Ejecutivo desde hace dos meses. Él fue el blanco principal de las televisoras para ilustrar su nepotismo y la corrupción que impera en el gobierno, ya que fue acusado de hacer negocios al amparo del poder. Ángel Aguirre deslinda a su hermano Carlos Mateo de los señalamientos de corrupción que le ha hecho sobre todo el exgobernador Torreblanca: “He tratado de mantener una relación de respeto con los medios, independientemente del que se trate, pero les pido que cualquier crítica, venga de quien venga, esté debidamente avalada y sustentada con pruebas, porque se han hecho señalamientos que no corresponden con la realidad”. Considera que Televisa está utilizando a Torreblanca aunque no tenían buena relación. Enfatiza que antes de concluir su mandato en abril de 2011, Torreblanca acusó de corrupto y extorsionador al conductor de noticias Joaquín López-Dóriga en desplegados que publicó en medios de circulación nacional, entre ellos el diario Reforma. En esos desplegados Torreblanca denunció que los ataques mediáticos en su contra se debían a que no había accedido a entregarle al conductor del noticiario estelar de Televisa 6 millones de pesos anuales como lo hacía el exmandatario guerrerense y actual candidato priista a senador René Juárez Cisneros. De todas formas, anticipa el gobernador, la Contraloría estatal denunciará ante la Procuraduría General de la República a exfuncionarios de Torreblanca por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Añade que la cuenta pública de 2010, último año de la administración de Torreblanca, no ha sido aprobada por el Congreso local porque hay un total de 4 mil millones de pesos sin comprobar. En cambio, se ufana de que en una maratónica sesión a principios de este mes, los diputados locales avalaron la cuenta pública de 2011, el primer año del gobierno de Aguirre. El duopolio televisivo también atacó al gobierno de Aguirre Rivero por el caso de la represión armada contra normalistas de Ayotzinapa y la falta de apoyo a los damnificados por el sismo del 20 de marzo en Ometepec. Al respecto, Aguirre se limita a decir que están dando cumplimiento a la recomendación que emitió el 27 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el asesinato a tiros de dos estudiantes durante el desalojo que realizaron policías federales y estatales el 12 de diciembre al sur de Chilpancingo. Sobre los damnificados, se justifica diciendo que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales no habían sido liberados hasta el momento, aunque se espera que “esta semana bajará el recurso” a las arcas estatales.