MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la colaboración de jueces de Chiapas, el gobernador de esa entidad, Juan Sabines, despojó a un inversionista del predio en que este mismo edificó el autódromo del estado, y ahora presume que el inmueble fue construido por su gobierno. Como parte de esta trama de complicidades, los tribunales chiapanecos desacataron incluso un fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió a favor del agraviado. El promotor José Roqueñí Reyes, administrador único de Operadora de Servicios Promocionales y Espectáculos, S.A. de C.V. (OSPE), esperó tres años para combatir la impunidad de que hicieron gala el gobierno de Chiapas y un grupo de particulares. Durante ese tiempo los demandó en vano ante las instancias locales por el despojo de un predio de 34.4 hectáreas, donde construyó el autódromo Chiapas con una inversión de 80 millones de pesos. Por ello acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 20 de enero le otorgó a su empresa el amparo y protección de la justicia federal (expediente 712/2011) contra actos de la autoridad. De acuerdo con este fallo, el inmueble y el terreno en disputa deberían regresar a su legítimo propietario. Sin embargo, en franco desacato a la decisión del máximo tribunal, el 15 de febrero último la Segunda Sala Regional del Ramo Civil del Poder Judicial de Chiapas volvió a dictar un fallo que violenta el orden legal (toca 214/A2C01/2011, expediente 979/2009). Por lo anterior, el 12 de marzo OSPE interpuso un nuevo recurso de amparo –314/2012– ante el Poder Judicial de la Federación y aguarda que en un término de 30 a 45 días hábiles se emita un fallo que le sea favorable. La disputa por el predio ubicado en el municipio de Berriozábal, Chiapas, derivó en una compleja maraña judicial y de traiciones. Esta es la historia: el 24 de octubre de 2008 el empresario chiapaneco adquirió por medio de un contrato de compraventa, notariado y ratificado por las partes, el terreno denominado Río Agua Dulce. Se lo vendió la familia Cancino, integrada por los esposos Augusto Enrique Cancino Solórzano y María Dolores Ruiz Arizmendi, y por los hijos de ambos, Enrique y Susy. Sin embargo, a comienzos de 2009 los Cancino vendieron por segunda vez el mismo terreno, ahora al gobierno encabezado por Juan Sabines Guerrero. El 11 de marzo de ese año firmaron la escritura en la notaría pública 94 Augusto Cancino Solórzano –en representación de su familia– y por el estado el secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños. La versión del gobierno estatal para justificar la compra del terreno con recursos del erario, sin previa licitación y a un precio superior al de la primera venta –casi 7 millones de pesos–, es que realizó un “rescate financiero” por supuestos incumplimientos de pagos de OSPE a sus proveedores y a los vendedores del predio. Con la certeza de haber realizado una compra legítima y tras un acuerdo con los Cancino, Roqueñí tomó posesión del predio en abril de 2008, seis meses antes de formalizar la compraventa ante notario. Inició la construcción del autódromo, que fue inaugurado el 12 de octubre de ese año con la carrera del serial mexicano Nascar. Cuando el gobierno de Chiapas compró el predio a los Cancino, éste ya incluía el autódromo Chiapas. Según Roqueñí, el gobierno estatal alega que adquirió un terreno rústico, aunque está plenamente comprobado que Sabines sabía de la edificación del inmueble. Incluso fue invitado de honor a la carrera inaugural, como se aprecia en videos que el abogado del empresario ha empleado en sus alegatos. Codicia El pasado 31 de diciembre, al presentar su V informe de gobierno, Sabines mencionó que “la construcción del autódromo Chiapas en Berriozábal, con una inversión de 103 millones de pesos, ha permitido realizar eventos de talla internacional que impactan favorablemente en el arribo de turistas y la generación de empleos”. Roqueñí comenta que a pesar de los riesgos que implica enfrentarse con un gobernador, desde 2009 decidió acudir a las instancias judiciales para defender su derecho legítimo y echar por tierra los alegatos del gobierno estatal y de la familia Cancino. Sin embargo, sostiene que se ha topado con la parcialidad de los jueces locales. A casi cuatro años de inaugurado, el autódromo Chiapas ha sido escenario de la codicia, admite Roqueñí, quien en principio promovió la nulidad de la escritura pública que considera ilegítima. Demandó al gobernador Sabines, al secretario y subsecretario de Hacienda de Chiapas, Carlos Jair Jiménez Bolaños y Amílcar Gordillo, respectivamente, así como a la familia Cancino. La denuncia fue presentada el 15 de mayo de 2009 ante el Juzgado Cuarto Civil de Tuxtla Gutiérrez, y se registró en el expediente 571/2009. El abogado defensor de OSPE, Gregorio Rodríguez Santiago, refiere que el titular de ese juzgado tomó nota del expediente, “pero le dio largas y largas al asunto, y todavía no se acaba de resolver. Por eso interpusimos un amparo en el que se señala como autoridad responsable a la Segunda Sala Regional de Tuxtla”. También asegura que cualquier adquisición del gobierno estatal debe darse luego de que realiza una licitación pública; además, como la compra se realiza con recursos del erario debe contar con la aprobación del Poder Legislativo. Ninguna de estas condiciones se cumplió, sostiene el litigante. En esta controversia se añadió un personaje: Édgar Matute Neaves, entonces director del serial Nascar, quien encabezó la ceremonia inaugural del inmueble. Este empresario y Roqueñí eran amigos, pero la relación se afectó y a comienzos de mayo de 2009 declaró: “El serial Nascar no se correrá más en Chiapas si OSPE no paga 100% de los adeudos por la construcción del autódromo”. Según Roqueñí, el autódromo no sólo despertó la codicia de los Cancino y del gobierno chiapaneco, sino también la de Matute. “Ahí empezó todo”, dice el empresario, quien describe así la actuación de su examigo: “Édgar Matute, quien llevó buena amistad con Alfredo Martínez de la Torre, secretario de Transporte del estado, se acercó al secretario de Infraestructura del gobierno, Ricardo Serrano, para decirle: ‘OSPE no ha terminado de pagar a sus proveedores’. Era cierto, pues teníamos hasta 2009 como límite para amortizar los adeudos. Sin embargo, el gobierno vio la oportunidad y les dijo a los Cancino: ‘Si no les han pagado yo les liquido todo ahorita. Por lo demás no se preocupen, que somos gobierno’. Es por eso que realizaron la doble venta del predio.” Roqueñí, quien ahora vive en Querétaro, comenta a Proceso: “Matute era amigo y se metió con nosotros hasta las cachas; sabía perfectamente cómo estaban la contabilidad y todos los trámites”. En marzo de 2010, Matute reapareció y anunció que se efectuaría la primera carrera nocturna en el autódromo Chiapas. Para ello le dio entrada a la Operadora de Centros de Espectáculos, Sociedad Anónima (OCESA) como administradora del inmueble a través de su filial Selca, que dirige él mismo. El gobierno estatal le otorgó un contrato en comodato por 30 años para administrar el autódromo Chiapas y aseguró que podía hacerlo toda vez que destinó 93 millones de pesos para el supuesto rescate financiero. Por lo anterior, desde el 21 de mayo de 2010 Matute está demandado ante la Procuraduría para Delitos Empresariales, en Terán, Tuxtla Gutiérrez. Se le acusa de despojo de predio en la averiguación previa 105/CAJ6-1/2010. Chanchullos Entre las obligaciones contenidas en el contrato informal de compraventa celebrado con la familia Cancino el 24 de octubre de 2008, afirma Roqueñí, se encuentra la de pagar el predio en dos partes: la primera con un importe de 3 millones 150 mil pesos que se entregaría al firmarse la escritura el 31 de octubre de 2008. El segundo pago se realizaría en diciembre de 2009. El precio del terreno fue fijado en 6 millones 495 mil pesos. Para efectuar la operación, precisa el empresario, los vendedores debían acreditar mediante un certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que el terreno estaba libre de todo gravamen, lo cual incumplieron para recibir el pago. Posteriormente no asistieron a la cita del 31 de diciembre de 2008 para elevar a escritura pública el contrato informal de compraventa. “Tras advertir la situación irregular del gobierno de Chiapas con los Cancino acreditamos el pago restante ante el Consejo de la Judicatura el 14 de mayo de 2009, siete meses antes de cumplirse el término”, dice Roqueñí. “Qué mejor que ya habíamos pagado la primera parte, pero ni el gobierno ni Serrano ni Alfredo Martínez conocían que teníamos un contrato firmado con los vendedores hasta 2009. Fueron sorprendidos por Matute”. “El gobierno sabía que el inmueble tenía dueño, y era OSPE. ¿Por qué no escrituramos? Porque aún no terminábamos de pagar, toda vez que los vendedores no presentaron la libertad de gravamen. Además, teníamos de plazo hasta diciembre de 2009. En el convenio también se especificaba que si no se cubría la totalidad del pago todo lo construido pasaría a poder del propietario del predio.” El empresario ironiza: “El gobierno dijo: ‘compré la tierra y ahí me encontré un autódromo’. Ahí está la mala fe. Fue un despojo. Hasta el día de hoy no ha habido buena voluntad del gobierno hacia nosotros”. Y acusa que en la actualidad el autódromo, con un valor estimado en 138 millones de pesos, dejó de realizar carreras nacionales por problemas administrativos. “Está literalmente abandonado. Es un elefante blanco”. “Siempre apostamos a lo legal. Mientras tanto decidimos no salir en los medios, porque la situación en Chiapas está muy complicada: hay muchísima represión y no podíamos arriesgarnos. Ahora la Suprema Corte de Justicia nos otorgó el amparo el 20 de enero, pero una vez más los jueces locales no hacen caso a la instrucción del poder judicial. Es un desacato”, sostiene Roqueñí Así lo resolvieron y firman Rigoberto Bernardino Montoya García, magistrado presidente; Fabiola Ivonne Huerta Salvá y Guillermo Horacio Esponda Orantes, titulares de las ponencias A, B y C, respectivamente, de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 1 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del estado. “Volvimos a meter el recurso buscando el amparo definitivo o el amparo liso y llano, que deberá resolverse en un lapso de 30 o 45 días hábiles. Por suerte cayó en la misma sala donde los magistrados fallaron a nuestro favor. El gobierno pretende alargar los tiempos para dejarle esta papa caliente al mandatario en turno, pero ya le quedan siete meses a la administración de Sabines y la resolución de la SCJN está en puerta. ¿Qué sigue después? Que la autoridad falle, declare la nulidad de la escritura y ordene la escrituración a nuestro favor”, plantea el empresario. “No pedimos que nos pague lo invertido. Simplemente queremos que la ley nos diga que somos los dueños legítimos del predio. Hasta ahora el gobierno es un dueño ilegítimo, según la Suprema Corte de Justicia, y si invirtió en el inmueble es su culpa”, expone.