La noche del domingo 1 el consejero presidente del IFE y el presidente de la República se adelantaron a calificar de ejemplar la jornada electoral en momentos en que la red de integrantes del movimiento #YoSoy132 daba cuenta de un elevado número de irregularidades y hasta de actos violentos en varias localidades del país. “Nosotros no vamos a calificar la elección. No nos compete”, dicen los jóvenes de la sociedad organizada y advierten que se convertirán en “auditores” de quien ocupe Los Pinos los próximos seis años. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La noche del domingo 1, a las 11:15, encontró a los integrantes del movimiento #YoSoy132 entre la aflicción y el desconcierto. Entrelazadas las manos, escucharon perplejos al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, precipitar el anuncio en cadena nacional de que era Enrique Peña Nieto, según cifras del conteo rápido, el vencedor de una contienda electoral oscura. La imagen que, desde el repudio, dio vida y fuerza al movimiento, recibió las pleitesías del árbitro en la contienda. Inmediatamente el candidato del PRI recibió también las reverencias de Felipe Calderón y de los medios de comunicación que lo encumbraron. Celebraron todos el desarrollo de una elección ejemplar, sin contratiempos. Agrupados en el Monumento a la Revolución y en un “cuarto de paz” instalado en el sur de la Ciudad de México, los estudiantes habían dedicado la jornada a documentar una realidad distinta al guión que se imponía. Coordinados por una Comisión de Vigilancia, desplegados más de 4 mil observadores del movimiento en el país y a través de las redes sociales, abrigaron el malestar de la ciudadanía inconforme durante el proceso electoral, evidenciando con centenares de denuncias recibidas la falta de credibilidad que hay en la Fepade, el TEPJF y el propio IFE, autoridades supuestas para esa competencia. Para el tercer día de julio el movimiento #YoSoy132 había documentado ya cerca de mil 300 denuncias ciudadanas con videos, fotografías y testimonios por anomalías durante la jornada electoral, desglosadas en reportes de compra de votos, irregularidades en las casillas, propaganda en tiempos de veda y episodios violentos durante la contienda. Con respaldo jurídico tomaron dos semanas en integrar un expediente que será presentado el miércoles 18 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El 96% de las quejas van dirigidas contra el PRI por coaccionar en distintos niveles el voto a favor de sus intereses. Abrumados, empezaron las protestas que no terminan. Dos días después de la elección se convocó a la Marcha para Salvar a México, la segunda más nutrida en la historia del colectivo #YoSoy132. Bajo la lluvia caminaron encendidos durante más de ocho horas. De la Estela de Luz al Monumento a la Revolución. De ahí a la sede nacional del PRI. Movidos por la desesperación y la rabia terminaron la noche fría en Chapultepec 18, a las puertas de Televisa. De consumarse la imposición, decían, se restauraría el viejo régimen represor, autoritario y corrupto que desprecia y humilla a los sectores más vulnerables, al aprovecharse con alevosía de las condiciones de precariedad en las que viven. Firmado el 4 de julio, en la Quinta Asamblea Interuniversitaria del movimiento, a la que acudieron representantes de 120 instituciones del país, acordaron su posicionamiento político: “Frente a la jornada electoral del 1 de julio, denunciamos que esta no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad. Que en ella prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas, como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto, lucrando con las necesidades de nuestros pueblos, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. “Por lo tanto, el movimiento #YoSoy132 se declara en rechazo al proceso de imposición del candidato Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo de la Presidencia de la República, entendiendo por esto un proceso de largo aliento conformado por los hechos y circunstancias ya descritos. Que no se acepta ni se aceptará”, dice el documento, ratificado el jueves 12 en la Sexta Asamblea Interuniversitaria. En entrevista con Proceso, integrantes del movimiento explican que el pronunciamiento descalifica la jornada electoral, si bien no está en ellos validar o no la deliberación de las instituciones. “Hablar de imposición nos permite incluir a todos los otros poderes fácticos que se articularon para promover la candidatura de EPN. No se trata de validar o no las elecciones. Sería una visión un tanto reduccionista, que nos acota sólo en el discurso de la democracia institucional. El rechazo es temporal, porque el proceso no ha terminado. Las autoridades competentes no sólo se adelantaron, sino que se saltaron los procedimientos legales que están obligados a cumplir. Pero sabemos que el movimiento tiene que trascender como un contrapeso del próximo gobierno”, dice Mariana Favela, integrante de la Comisión de Vigilancia del movimiento. Cabeza del Comité de Comunicación en la asamblea del ITAM, Tevye de Lara afirma que, con las evidencias recabadas, más allá de la opinión, la validación de la elección a favor del candidato priista es contraria a derecho. “En México ya no puede haber este tipo de prácticas, desde la corrupción electoral hasta las violaciones a los derechos humanos que se dieron a lo largo de la República. Para nosotros es imperativo que en México se empiece a tener una seriedad constitucional y procedimental sobre cuándo un presidente puede ser denominado como tal y cuándo no”, son sus palabras. “Nosotros no podemos calificar la elección como tal. No nos compete. Están las instituciones encargadas de eso. Lo que hicimos fue dar cauce a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, como la presencia de niños halcones, secuestros, levantamientos, compra de votos... Nosotros hacemos la denuncia de que de ninguna manera fue una elección limpia y damos constancia. Vamos a seguir haciendo hincapié en que la elección fue muy sucia y que el IFE y la Fepade no se han hecho cargo de estas denuncias”, acota Misael Rojas, miembro de la Comisión de Comunicación de la asamblea general.   El árbitro   En su posicionamiento político dos líneas dan cuenta del sentir del movimiento respecto a las autoridades electorales: “Reconocemos un proceso electoral viciado de origen, con instituciones deliberadamente incapaces de prevenir y sancionar las incontables anomalías que se llevaron a cabo”, se lee en el documento. Mariana Favela califica al IFE de negligente por no cumplir con la responsabilidad de garantizar un proceso electoral democrático. “No lo hicieron por falta de voluntad política y no lo están haciendo ahora. No dejaron que hubiera observadores en el recuento de las casillas más problemáticas, custodiadas por el Ejército. Por eso es importante no darlo como un proceso concluido. Para nosotros es importante decir que (Peña Nieto) aún es un aspirante y no perder de vista las irregularidades, que están ahí”, dice la estudiante y aclara que no es la intención del movimiento desconocer el resultado electoral. “Lo que queremos saber es si se dio en condiciones democráticas o no. Y nuestra evaluación final es que no fue así. Ahora, desconocer de entrada al IFE no es la vía por la que más podemos aportar. Nosotros juntamos la información de las irregularidades en la jornada (electoral), la sistematizamos y la hacemos pública para abonar al procedimiento institucional y jurídico. “Sabemos que este material puede servir para que se reconsidere que no hubo elecciones transparentes ni pacíficas y que por ende no se dieron en el marco de la legalidad”, lanza Mariana Favela, quien califica de “profundamente sospechoso ver cómo hubo un discurso homologado dentro de los grupos de poder interesados en aparentar que la elección fue limpia y transparente”. Estudiante de posgrado en Filosofía de las Ciencias, Mariana critica el argumento de televisoras e instituciones que legitiman la elección como la que ha tenido mayor participación ciudadana en la historia de México. “Eso es mentira. (La participación de la gente) no la hace legítima porque en medio hay algo que no están diciendo y es que las instituciones no cumplieron su papel. Y que si bien los ciudadanos sí destacamos y cumplimos nuestra parte con creces, en un clima de violencia ellos no hicieron su parte”. Sobre la petición de una posible impugnación de la elección por el movimiento, Tevye de Lara, estudiante del ITAM, rechaza los ataques que lo ubican como grupo activo de los partidos de izquierda para presionar en la refutación de las elecciones. “Son diferentes los objetivos entre un partido político y una organización social. Nosotros estamos defendiendo un movimiento que ya tiene mucha simpatía en la sociedad y por eso no podemos ser cobardes en no dar voz a las irregularidades que se presentaron el día de la elección. Por supuesto que denunciamos irregularidades, pero nuestra lógica no es la de la impugnación, de hacerle el trabajo sucio a nadie. De serlo, no nos estaríamos enfocando en la violación a los derechos humanos, sino en la violación a la ley del IFE.” El miércoles 11, en conferencia, la asamblea de académicos del colectivo aseguró que existe evidencia documentada “suficiente” para invalidar los comicios. Sin embargo Misael Rojas, de la UAM, asegura que el movimiento #YoSoy132 no se quedará en la coyuntura electoral: “Vamos a trascender como un auditor del presidente que resulte. Eso no exime al IFE y a las instituciones electorales, que no están cumpliendo con su deber, de hacer un recuento de sus errores. Nosotros nos vamos a seguir concentrando en la democratización de los medios y en la participación ciudadana. De nuestra lucha tenemos claro que esas son condiciones necesarias para la democratización verdadera del país.”   Jornada violenta   A partir del proceso electoral los pronunciamientos del movimiento #YoSoy132 ponen en entredicho el estado de derecho en un país donde hay una violación “sistemática” de los derechos humanos y políticos. Alarmados por la violencia “extrema” que han registrado contra opositores al PRI, ellos incluidos, los estudiantes han manifestado su preocupación por el sistema represor y de encubrimiento que priva en el país. El mismo domingo 1 y durante las primeras horas del día siguiente la Comisión de Vigilancia del colectivo ya había registrado decenas de delitos electorales marcados por la violencia, que el IFE y el propio Felipe Calderón ignoraron. Entre los reportes documentaron incidentes relacionados con el crimen organizado en por lo menos seis entidades de la República. Del expediente conformado por los estudiantes, entre cientos de denuncias, se encuentran episodios de violencia que dibujan al país y la elección: En Tierra Caliente, Guerrero, relato de Ramiro Alonso de Jesús, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Guerrero, un comando armado secuestró a funcionarios electorales y manipuló las urnas correspondientes al poblado Hacienda de Dolores, al tiempo que otro grupo criminal en la región privó de la libertad a funcionarios de la comunidad Real de Tepantitlán, replicando el delito. Lo mismo se presentó en el municipio de San Miguel Totolapa, cerca de Chilpancingo. También en Guerrero, consta en el informe de los estudiantes, testigos relatan que un grupo de hombres “fuertemente armados”, en dos camionetas pick-up oscuras, robó la casilla 1513, del distrito 03, de la comunidad Paso del Águila. Narcomantas en ese estado, como en Michoacán, advertían a los políticos de “cumplir con su trabajo”. Reflejo de un país convulso, las denuncias de violencia marcaron en rojo el relato de la jornada electoral. En Rincón Chamula, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, sitio de tierra y polvo en las cercanías de la iglesia de San Pedro Apóstol, “varias” personas fueron asesinadas por hombres con armas de uso exclusivo del Ejército, mientras aguardaban turno para defender su derecho al voto. La Sedena reportó un “enfrentamiento”, por el que habrían intervenido las Fuerzas Armadas y confirmó la muerte de tres hombres. El Partido Acción Nacional denunció ante la PGR la presencia del crimen organizado en Tuxtilla, Veracruz, amedrentando a los ciudadanos con armas implacables desde camionetas rojas. En Tohayana, municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, “por amenazas de grupos armados de la zona”, vinculados al narcotráfico, no pudo siquiera instalarse la casilla 1151. De distintos municipios de Chihuahua, Nuevo León y el Estado de México existen reportes de robo a funcionarios electorales por contingentes violentos. Todos tienen la ubicación exacta y el número de sección de las casillas. El despojo del material electoral de la casilla 4858, en la colonia El Mirador, en Tlalnepantla, terminó en la persecución policial a dos camionetas, una Explorer Blanca, placas MKX6995, y otra modelo Suburban, color dorado. Al “cuarto de paz” de #YoSoy132 también llegaron reportes de delitos cometidos por autoridades. El más difundido fue el de la priista Ana Luisa Crideli, candidata a regidora del municipio de Cárdenas, sorprendida mientras transaba votos por dinero. Al abandonar la escena, atropelló y mató a una persona. El incidente dejó a una persona más gravemente herida. Fueron muchos los integrantes del movimiento que fueron hostigados por autoridades policiales y militantes del Revolucionario Institucional durante la jornada. En Coatzacoalcos, Veracruz, miembros de #YoSoy132 fueron “amedrentados por integrantes del PRI”, en complicidad con los tripulantes de la patrulla estatal correspondiente al número serial IC-082. En Michoacán, entre ocho y 10 hombres vestidos de negro bajaron de una camioneta con placas 2KJH32 para golpear a integrantes del movimiento. Les robaron fotografías en las que habían registrado el fraude en la casilla 1160, en el fraccionamiento Cosmos, de Morelia. Pero es del Estado de México, bastión del priismo, de donde hay más registros de violencia durante la jornada electoral, y fue en esa entidad donde los estudiantes dicen haber corrido el mayor riesgo. De Ecatepec salió una de las dos alertas rojas que más preocuparon en los campamentos del movimiento. Entrada la noche, en la colonia Ejidos de San Cristóbal, 15 observadores del colectivo fueron retenidos contra su voluntad durante cuatro horas en la casilla que se ubicó en la escuela primaria Ricardo Flores Magón. Cerca de 30 hombres, uniformados todos con la playera negra de la selección mexicana de futbol, con un pin del PRI en el pecho, y apoyados por 12 camionetas de policía, con hombres sin placa, empuñando armas largas, rodearon a los jóvenes del 132, hombres y mujeres, en su mayoría estudiantes de preparatoria. “Los vecinos nos salvaron. Identificaron a los policías como cadetes de una academia de policía de la zona. Fueron horas de mucha angustia”, narra a Proceso Gerardo Paredes, quien lideraba a los muchachos. Gerardo alcanzó a tomar fotografías de sus agresores, de las que este semanario tiene copias. Del delito consta una denuncia en la Fepade, con el folio 14210. Un caso igualmente grave se suscitó en el municipio de Nicolás Romero, donde cinco jóvenes de #YoSoy132, tres mujeres y dos hombres, fueron interceptados y detenidos por la policía municipal al salir de la casilla 3754. Acusados de perturbar el orden público, los despojaron de sus teléfonos celulares para incomunicarlos. A los hombres los golpearon y las mujeres fueron rociadas con gas pimienta. Agredida sexualmente, una de ellas sufrió el manoseo de la autoridad perversa. Pasaron tres horas antes de que los presentaran ante el Ministerio Público, donde no pudieron retenerlos por falta de elementos. Cerca de 20 policías, según testimonios de los chicos que prefirieron guardar el anonimato –cuyos nombres sí aparecen en el archivo integrado por #YoSoy132–, los intimidaron hasta obtener sus nombres, teléfonos y direcciones. Al día de hoy, una de las chicas vive amenazada. “Hoy vivimos la democracia con absoluta normalidad y tranquilidad”, dijo el presidente del IFE, Leonardo Valdés, la primera noche de julio. Como dagas se clavaron en el pecho de los estudiantes las palabras de Felipe Calderón: “Las elecciones se desarrollaron en un clima de paz y tranquilidad en la mayor parte del país”.