El conflicto en el estado de Guerrero sigue debilitando al gobierno de Ángel Aguirre, y tanto su administración como la federal se han visto obligadas a negociar con el movimiento magisterial la puesta en libertad de maestros detenidos. Descartado el mandatario como interlocutor y desplazado de la capital de la entidad, la Federación ha salido a contradecir sus órdenes. Entretanto la disidencia se fortalece y el estado se descompone… CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- Los tubazos y golpes con un pico de acero tundían los portones de la casa de gobierno. Los integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) desataban su ira contra el gobierno de Ángel Aguirre Rivero con piedras, varillas, palos y cohetones que lanzaban hacia los jardines de la residencia arbolada, donde se crían ciervos y pavorreales. Los policías que estaban adentro sólo esperaban a que los manifestantes abatieran las puertas. Y ocurrió… A 100 kilómetros de ahí, en sus oficinas de Acapulco –que desde hace más de un mes transformó en su cuartel general–, el gobernador reaccionó iracundo: ordenó detener a maestros manifestantes que, por miles, habían lanzado una consigna durante la marcha de ese 1 de mayo: “¡Cuidado con Guerrero, estado guerrillero!”. El ataque a la casa de gobierno y las órdenes de aprehensión fueron el punto nodal de un conflicto que ya había incluido marchas, paro de labores, plantones y tomas de autopistas; destrozos en las sedes de partidos, el Congreso local y la sede del gobierno guerrerense, e incluso la quema de la oficina del PRI en el estado. Ahora, más de dos meses después de que estalló el conflicto –y roto el diálogo desde hace una semana–, el gobierno de Guerrero atraviesa una etapa crítica: no pudo resolver la crisis, los inconformes lo desconocieron como interlocutor y sus órdenes han sido contrariadas por las instituciones federales.   Proceso de descomposición   El origen visible de este conflicto se remonta al 10 de diciembre de 2012, cuando el gobierno federal propuso una reforma educativa. Este planteamiento ordenaba que los profesores fueran evaluados por un organismo federal con capacidad de despedir a quienes no pasaran el examen. La iniciativa se aprobó. El 25 de febrero, un día antes de la publicación de la norma, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se declaró en plantón y comenzó el viacrucis de Aguirre. Tras esto, la CETEG propuso una reforma educativa estatal, que incluía un instituto evaluador guerrerense. La iniciativa fue finalmente desechada por el Congreso local el 23 de abril pasado. Un día después, los maestros –que ya habían realizado varias manifestaciones y tomas de la Autopista del Sol– marcharon por Chilpancingo y atacaron el Congreso local y la sede de diversos partidos, prendiendo fuego a la del PRI. El gobernador Ángel Aguirre anunció que se librarían órdenes de aprehensión contra los responsables de los destrozos. Llegó el 1 de mayo y, con él, el ataque contra la casa de gobierno, conocida como Casa Guerrero. Es un predio con barda de piedra y cemento, alambrada en la parte superior y puertas metálicas reforzadas desde adentro, con amplios jardines. Durante 20 minutos los inconformes golpearon los dos portones, hasta que lograron entrar y extrajeron unos chalecos antibalas de la caseta de vigilancia. Ahí fueron repelidos a pedradas por los policías que permanecían dentro. Eso encendió aún más a los manifestantes, quienes lanzaron piedras y cohetones hacia los jardines. Sin la presencia de la Policía Estatal o Federal en las calles, los integrantes de la CETEG destruyeron una decena de vehículos oficiales y dañaron incluso el edificio de la Policía Federal. La reacción del gobernador Aguirre se manifestó por diversas vías. Trató de que la CETEG retirara su plantón mediante la orden de que se retuviera el pago quincenal de mil 100 maestros “por no laborar”, y mandó aprehender a la dirigencia magisterial con el despliegue de cientos de policías y agentes ministeriales por todo Chilpancingo. En las afueras de esa ciudad se instalaron puestos de revisión de la Policía Estatal para detener a los cetegistas que trataran de huir, se estableció un operativo de vigilancia en las casas de algunos de ellos y cerca del plantón comenzaron a circular patrullas y camionetas de policías federales y municipales. Ante la actitud de Aguirre, el maestro Manuel Rodríguez Gálvez, integrante de la dirigencia de la CETEG, advirtió que esto ocasionaría más problemas porque en asamblea se había decidido mantener el plantón instalado desde el 25 de febrero. “Lo que nos queda es organizarnos y buscar el respaldo de los padres de familia. Tenemos más gente y lo único que harán si hay detenciones es que habrá más problemas. Nuestro movimiento está fuerte, vamos a continuar y la lucha va a seguir. El gobernador sólo se quiere justificar, pero está débil.” Ese mismo 1 de mayo, por la tarde, fueron detenidos en dos operativos –uno en Tixtla y otro en esta capital– los maestros Genaro Guevara, miembro de la Comisión Política de gestión laboral de la CETEG, y José Lucas Juárez, empleado de intendencia de una escuela de la zona centro. El jueves 2 por la mañana corrieron la misma suerte el exdirigente delegacional cetegista Césareo Rosendo Feliciano y el maestro Mauro Lázaro García. A los cuatro se les trasladó de inmediato a penales de alta seguridad, los dos primeros al de Nayarit y los otros al de Veracruz. Fueron acusados de sedición, motín, terrorismo y daños en diversos eventos durante el conflicto magisterial. Según el artículo 234 del Código Penal de Guerrero, el delito de terrorismo alcanza una pena de tres a 30 años de cárcel, por lo que no alcanzarían libertad bajo fianza. Marcos Esteban Juárez, director de la Policía Ministerial de Guerrero, dijo en conferencia de prensa que los maestros cetegistas fueron trasladados a penales federales porque “se podría generar más violencia interna”. Anunció que tenían más órdenes de aprehensión, por lo que estaban localizando a la gente para cumplimentarlas. Desde Acapulco, Aguirre Rivero advirtió que se aplicaría la ley a todos los que hubiesen cometido actos vandálicos, “porque el pueblo guerrerense exige castigo para los que actúan al margen de la legalidad”. Aclaró que no le interesaba meter a la cárcel a nadie, menos a un maestro. Pero sentenció que ante flagrantes violaciones a la ley aplicaría la ley “sin distingos”. Sin embargo, no logró desactivar la crisis. En asamblea, los profesores decidieron quedarse en el centro de Chilpancingo y anunciaron que rechazaban todo diálogo con el gobernador. En su lugar, los cetegistas negociarían con la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, organismo que ha apoyado a la CETEG). El viernes 3, sin embargo, el mandatario quiso adelantarse. En el noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga aseguró que ya tenía un acuerdo con los maestros para que dejaran una representación “simbólica” en el plantón y para que regresaran a clases a partir del lunes 6 de mayo en 227 escuelas. Se equivocó, pues no se trabaja. Es puente oficial por la celebración de la batalla del 5 de mayo. En respuesta, los representantes de la CETEG informaron en conferencia de prensa que no había tal acuerdo con el gobernador, que no regresarían a clases; además, lo desconocieron como interlocutor. Paralelamente, la CNTE anunció que había logrado un acuerdo con el gobierno federal, gracias al cual los profesores detenidos recuperaban su libertad. Fue más lejos todavía: detalló que dicho acuerdo no incluía levantar el paro o finalizar sus movilizaciones. Manuel Rodríguez Gálvez, dirigente de la región Montaña de la CETEG, explicó que efectivamente fue la comisión negociadora de la CNTE –apoyada por la organización Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz)– la que exigió la liberación de los cuatro cetegistas, y aclaró que el retiro de algunos maestros era para informar a sus comunidades, pero que regresarán al plantón la semana entrante. Genaro Guevara, uno de los cuatro profesores detenidos, dijo que fueron llevados a los penales de alta seguridad de Nayarit y Veracruz, pero que el gobierno federal los liberó. “No nos tocaron porque saben que el movimiento está vivo”, aseguró tras indicar que a su llegada a Chilpancingo un juez les entregó un documento donde los exoneraban de los delitos de sedición y motín. La CETEG, sin embargo, sigue afrontando problemas, aunque internos. Antes incluso de que se libraran las órdenes de aprehensión, esta agrupación acusaba la falta de apoyo de tres de las cuatro Casas de Justicia de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), creada en 1995 y con presencia en las regiones Montaña y Costa Chica. A raíz de los ataques a las sedes de los partidos y del gobierno, las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec informaron que esperarían para realizar una asamblea regional en la que se discutiera el apoyo a la CETEG. En cambio, la casa de justicia de El Paraíso, en Ayutla, anunció en una carta pública su apoyo incondicional a los profesores disidentes. Esta acción menguó la imagen de fortaleza y unidad del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), al cual se habían adherido las policías comunitarias desde hacía un mes. Otro problema interno fue el repliegue público del dirigente magisterial Gonzalo Juárez Ocampo. En una entrevista con Carlos Loret de Mola informó de una supuesta pausa en las actividades de la CETEG, sin haberlo consultado con la asamblea. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1905 de la revista Proceso, ya en circulción.