MEXICO, D.F. (apro).- La designación de Abelardo Meneses como director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), realizada el jueves 15 por la Junta de Gobierno del organismo, se vio empañada por la opacidad y el conflicto de intereses en que se ve envuelto su nuevo titular. El relevo en el Incan se enmarcó en una investigación que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que reportó en 2011 unas 42 observaciones por irregularidades en el manejo de 180 millones de pesos de la institución. En ese entonces, Meneses era director general adjunto. Por si fuera poco, el nuevo responsable de Cancerología es miembro del laboratorio privado Labpath, proveedor de estudios especiales… para el propio Incan. Labpath es una sociedad civil creada con el fin de realizar estudios de histopatología, citología y análisis clínico, así como prestación de servicios de capacitación, asesoría, actualización, y en general toda clase de servicios de apoyo a laboratorios o empresas con objetos similares, según el acta constitutiva registrada con el folio 32058. El laboratorio quedó registrado en la escritura pública 20754 del 12 de abril de 1994, aunque más tarde, el 13 de abril de 2011, amplió sus proyectos con un capital de 500 mil pesos y por un periodo de 99 años de vigencia. Son socios Leticia Quintanilla Martínez, Víctor Manuel Noffal Nuño, Antelmo Abelardo Meneses García, Edgardo Francisco Reyes Gutiérrez y Alejandro Mohar Betancourt, director saliente del Incan. De acuerdo con los documentos, cada uno de ellos pagó cien mil pesos para la constitución de la sociedad civil. El administrador único era, precisamente, Mohar Betancourt. Sin embargo, Reyes Gutiérrez cedió en 2006 su parte de la empresa a los demás socios, por lo que el capital de cada uno de ellos se incrementó a 125 mil pesos. Y tras la renuncia de éste como socio administrador, Mohar Betancourt ocupó ese cargo en Labpath. Y una vez que Alejandro Mohar cedió el cargo a Meneses al frente del Incan, se prevé que el primero asuma la dirección del Hospital Sedna, una red de clínicas y servicios de alta especialidad para la atención de la mujer. Personal del Incan que optó por resguardar su identidad por temor al despedido, aseguró a Apro que existen documentos para acreditar la compra de un equipo de radioterapia para el Incan, pero éste no se encuentra en la institución y sospechan fue trasladado al Sedna. El 31 de mayo de 2007 se inauguró el Hospital Sedna en el número 5246 de Periférico Sur; se trata de una torre de cristal de cuatro niveles. La especialidad del nosocomio privado es la prevención y tratamiento de cualquier "amenaza" a la salud de la mujer, de acuerdo con un reportaje publicado por la reportera Patricia Dávila en la edición 1655 de la revista Proceso. La accionista mayoritaria de Sedna es María de Lourdes Salinas Ortiz, esposa del exgobernador de Oaxaca, el priista Ulises Ruiz. Cuando se inauguró el inmueble ella era la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El resto de los accionistas son familiares de Ulises Ruiz, como la mamá del exmandatario oaxaqueño, Juventina Ortiz Vizairo y la hermana de ésta, Adelina, según consta en la escritura 131506. La torre del Inca El dictamen que emitió la ASF en 2011, respecto de la construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología (Inca), fue negativo, debido a que incumplió las políticas, bases y lineamientos para la edificación, pues obtuvo, de manera extemporánea, los permisos y licencias para la obra. Se trata de un edifico aledaño al Incan que todavía está en funciones. En los documentos de la Auditoría, cuya copia obra en poder de Apro, "no se firmaron planos ni se presentó el seguro de responsabilidad civil al inicio de la obra”. Peor aún, “el personal que firmó como residente de la obra y como coordinador de enlace de supervisión de obra no fueron servidores públicos del instituto”. Además, “se ejecutaron servicios adicionales por 2.2 millones de pesos sin modificar el contrato y convenios adicionales; también se incumplió con las medidas de prevención contra incendios en los sótanos uno, dos y tres". Incluso, indicó la ASF, se detectaron seis pagos improcedentes por más de 14 millones de pesos, de los cuales cinco eran referentes a la contratación de "personal fantasma, duplicado o que simplemente no cumplía con el perfil requerido para ocupar un puesto medio-superior". También se detectó la contratación de camiones, "de los cuales no se tiene registro de su entrada o salida". Asimismo, se registró un pago anticipado por más de 125 millones de pesos a la empresa Sifra y Asociados, "a pesar de que las estimaciones no correspondían con el avance reportado por el proyecto". Aparte, la manifestación por el impacto ambiental se formalizó de manera extemporánea; además, se carece de evidencias de los planos firmados por el servidor público facultado, así como del director responsable de obra. Igual se ejecutaron servicios adicionales por dos millones 249 mil pesos, “sin que la dependencia haya modificado el contrato mediante los convenios adicionales", añadió la ASF. Tampoco se tiene evidencia del pago de 785 mil de pesos para pagar a personal de julio a diciembre de 2011. Y de enero a diciembre de ese año se ejerció un millón 589 mil pesos para el pago de "gerente de proyecto" y "coordinador administrativo", pero en la nómina ya había personal contratado para realizar esas mismas funciones. Por ejemplo, para el puesto de "analista de gestoría y servicios" se entregaron 478 mil pesos sin que el personal contratado cumpliera con el perfil requerido. Para el puesto de "coordinador normativo legal y de proyecto" se destinaron 754 mil pesos, pese a que el personal contratado incumplía con los requisitos, señaló la Auditoría. Aparte, se destinaron 81 mil de pesos más, debido a que la residencia de obra no descontó el volumen de acero de refuerzo que usó en las estructuras de concreto. Para la "cancelación de instalaciones existentes en líneas de alimentación del edificio" se aplicaron dos millones 946 mil pesos, aunque esos trabajos no fueron ejecutados. Y tampoco se pudo comprobar en qué se gastaron 4 millones 792 mil de pesos por concepto de entradas y salidas de los camiones a la zona de tiro. Por si fuera poco, el Inca realizó pagos anticipados por 125 millones 258 mil pesos a la empresa Sifra y Asociados, recursos que tampoco fueron comprobados por ninguna de las partes. Suma de irregularidades En la auditoría del órgano interno de control del Inco --reporte del que Apro tiene copia--, realizada de enero a marzo de este año, se hicieron 45 observaciones precisamente sobre la construcción de la nueva torre de hospitalización del instituto. La torre costaría mil 242 millones de pesos, de los cuales 909 millones correspondieron a los recursos asignados por el Fideicomiso del Sistema en Protección Social de Salud "Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos"; 33 millones a donativos del patronato, y 300 mil pesos de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Las auditorías se centraron en los servicios de atención médica de los institutos nacionales de Salud; en investigación y desarrollo tecnológico de los institutos; en torno a la infraestructura y equipamiento; formación de recursos humanos, y construcción y equipamiento de la torre del Inco. En el caso de la auditoría a inversiones físicas en el caso de la torre del Inco, registrada en el folio 11-1-12NBV-04-0436, se destaca que en la primera etapa se contrató a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y se gastaron 188 millones 678 mil pesos, recursos que sí fueron comprobados. Y en la segunda etapa se contrató a Sifra y Asociados SA de CV por 20 millones 35 mil pesos, dinero que también se comprobó. Sin embargo, en el análisis de los contratos INCAN-LPN-SSG-OP-001 e INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 "no se contó con las políticas, bases y lineamientos debidamente autorizados en el periodo en que se llevaron a cabo las licitaciones y la firma de los contratos respectivos", aparte de que los trámites fueron extemporáneos. Lo mismo sucedió con el reporte de impacto ambiental ya que los trabajos de construcción se realizaron en febrero de 2011, pero aquél se presentó hasta octubre ante las autoridades de la delegación Tlalpan, y hasta noviembre en la Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, con el número de folio 31451/2010. "Los trabajos se iniciaron el 7 de febrero de 2011 y no fue sino hasta el 24 de octubre de 2011 que, mediante el oficio SMA/DGRA/DEIA/006778/2011, se emitió la resolución administrativa y se otorgó autorización condicionada en materia de impacto ambiental, con una extemporaneidad de 311 días del calendario”. Además, el nuevo patronato del Inca otorgó un contrato sin número a la empresa Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales SA de CV para la prestación de servicios integrales en el marco del Plan maestro general inmobiliario y de proyecto ejecutivo de obra arquitectónica, por un monto de 43 mil 28 millones de pesos, sin considerar el IVA. Sin embargo, se advierte en las auditorías, “se incumplió el proyecto ejecutivo, ya que no se entregó previo a las licitaciones y tampoco hay evidencia de los planos firmados por el servidor público facultado y por el director responsable de obra, así como de los corresponsables; aunado a lo anterior, ésta se licitó en dos etapas por carecer de proyecto terminado. La ASF concluyó, además, que no se presentaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio de 200 millones de pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011. Asimismo, en la edificación del proyecto el Inca no contrató, aunque sí lo reportó, a un director responsable de obra, a un corresponsable en el diseño urbano y arquitectónico, a un corresponsable en seguridad estructural, así como a un corresponsable de instalaciones. Por último, advirtió la Auditoría Superior de la Federación, en los planos del proyecto, aparte de carecer de firmas, se encuentran inexistentes las bitácoras de trabajo.