MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Contradicciones, omisiones y dilaciones han dominado el caso del fraude de Oceanografía en contra de Banamex y de Pemex. El nuevo giro de este caso ocurrió apenas hace unas horas cuando el empresario y accionista principal de esta empresa naviera, Amado Yáñez fue detenido por la PGR y enviado a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a partir de la acusación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por haber desviado recursos que le adeudaba a esta institución, y por presunto lavado de dinero. Yáñez ya había sido detenido el 29 de mayo pasado y acusado por un delito “no grave” que le permitió salir libre bajo fianza en junio después de pagar una fianza de 80 millones de pesos, en junio de este año, por un “fraude no grave”. La nueva detención contra el accionista principal de Oceanografía contradice a la propia PGR que ya había informado a la Comisión Investigadora de la Cámara de Senadores que Yáñez había pagado con la venta del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro los adeudos que tenía con el IMSS y el Infonavit, lo que ciertamente no ocurrió. Fuentes gubernamentales cercanas al caso indicaron que Yáñez finalmente no sólo cometió un “fraude entre privados” sino hubo un daño patrimonial contra el Estado ya que tanto él como directivos de Banamex cometieron delitos graves “al dañar bienes de gran jerarquía tutelados por el Estado”, entre ellos, “la estabilidad del sistema financiero mexicano”. Las nuevas revelaciones del caso señalan que Yáñez desvió recursos del préstamo de factoraje que le otorgaron Banamex y Banco del Bajío para el pago de bienes y servicios que no tenían nada que ver con su actividad como contratista de Pemex. Tales son los casos del pago de 38 millones de pesos al exportero mexicano Jorge Campos Navarrete, el pago de 61.7 millones de pesos a TV Azteca, 7.9 millones de pesos al equipo Pumas de Morelos, o 67 millones de pesos a AMRH International Soccer, según reveló La Jornada, a partir del oficio 110/F/A/267/2014 de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR. La detención se produce ocho meses después de que se han invertido cuantiosas sumas de recursos públicos para pagar a los funcionarios designados por el Sistema de Servicio y Administración de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda para el manejo de Oceanografía, al Poder Judicial de la Federación a través del juez concursal Felipe Consuelo Soto y a las comisiones investigadoras de ambas cámaras legislativas. También se produjo días después de que el grupo empresarial encabezado por Miguel Alemán se desistiera de adquirir acciones en Oceanografía, y en vísperas de que el juez concursal dé a conocer la lista final de acreedores y los montos exactos de la empresa. Los pasivos pasaron de 14 mil a más de 20 mil millones de pesos, según los documentos preliminares.