QUERÉTARO, Qro. (apro).- Un grupo de 50 personas, entre académicos, periodistas y activistas, suscribió un pronunciamiento titulado: “No queremos olvidar”, a propósito de un crimen que este día cumple 10 años en la impunidad. El caso “BMW negra” es conocido así porque el conductor de una camioneta de esa marca mató con un arma de uso exclusivo del Ejército a un joven que viajaba en un Tsuru blanco por un incidente de tránsito. Esa noche del 27 de noviembre de 2004, a unos minutos del lugar del asesinato, fue detenido en una camioneta con características similares Federico Ruiz Lomelí, un importante empresario local. Sin embargo, minutos después fue liberado sin ser presentado al Ministerio Público, pese a que Miguel Gerardo Rivera, uno de los jóvenes que viajaba en el Tsuru, lo identificó como el asesino de su amigo. “Allí se torció la ley y empezaron las irregularidades”, expuso el grupo en su misiva, en la que destacó las irregularidades del caso por el que la CNDH emitió la recomendación 035/2005: En primer lugar, no se realizó al sospechoso ningún examen ministerial, puesto que no fue llevado al MP; presentó declaración por escrito tres meses después de suceso; tampoco se aseguró el vehículo, procediéndose a su revisión hasta tres meses después, tampoco fue retenida la pistola 9 mm de uso exclusivo del Ejército --la bala homicida fue de ese calibre-- que portaba un escolta. Además, no se detuvo al operador del vehículo a pesar de que un elemento de la Dirección de Seguridad Pública estatal declaró que cuando él y otros compañeros “se acercaron a la BMW, se percató que el conductor andaba tomado”, y la supuesta presentación del sospechoso ante dos testigos –en la calle, sin garantías y amenazados-- carece de valor legal. En 2005 y ante el señalamiento en contra del dueño de la BMW, la PGJE convocó a una rueda de prensa para informar que Federico Ruiz Lomelí no era el culpable, pero del asesino no aportaron dato alguno. José Luis Hernández Guerrero, padre del joven asesinado, entregó este jueves un escrito dirigido al gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, en el que insiste en que se castigue al responsable de la muerte de su hijo. También pidió al mandatario estatal un informe puntual sobre los actos legales que se han ejecutado durante su administración, así como la ruta que seguirá en los meses que restan de su administración para resolver el caso. El grupo de académicos, periodistas y activistas adicionó en su posicionamiento: “¿Hay que esperar que maten a uno de nuestros hijos para alzar la voz? Si Marco Antonio dio la vida por su amigo Gerardo, los ciudadanos no podemos enterrarlo en el olvido”. El actual procurador Arsenio Durán Becerra dijo a mediados de la administración que se creó un grupo interdisciplinario para esclarecer el asunto, pero éste no ha presentado avance alguno en el caso. “Es un asunto añejo, lamentablemente se ha ido complicado pero seguimos trabajando en la posible investigación del hecho y en el posible esclarecimiento, dentro de las posibilidades. A ver qué es lo que resulta”, justificó el titular de la PGJE.