La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una efervescencia política inédita: en pleno año de elecciones federales renovará su presidencia, con una cantidad de aspirantes pocas veces vista: seis de los actuales ministros buscarán suceder a Juan Silva Meza al frente del máximo tribunal del país. En un contexto en el cual México enfrenta una de sus etapas de mayor violencia, injusticia y corrupción, el peso de Enrique Peña Nieto será fundamental en las “vencidas” que mantienen los jueces “formados” dentro del Poder Judicial y los que vienen de otras instancias. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está balcanizada. Seis de los 10 ministros que por ahora la integran quieren presidir ese máximo tribunal y el poderoso Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un millonario y sombrío organismo que administra a los jueces y magistrados federales. Como no había ocurrido desde su reforma en 1994, la SCJN se ha atomizado en torno a la sucesión de su actual presidente, Juan Silva Meza, quien desocupará ese puesto el próximo 2 de enero. Aunque no lo pueden decir en público, los contendientes admiten que el tribunal constitucional “se balcanizó”. Durante semanas fue común escuchar esa expresión en los pasillos y oficinas de la Corte y del CJF, en referencia a la guerra de los Balcanes de los noventa tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Sin que la Corte enfrente una fragmentación de fondo, la imagen de los intereses encontrados se fue construyendo ante los afanes de la mayoría de los ministros para ser el máximo representante del Poder Judicial de la Federación (PJF). Ajenos en el discurso a la política, los máximos jueces del país han hecho proselitismo para conseguir el voto en la primera sesión del pleno de ministros, que se realizara el próximo 2 de enero, apenas regresando del receso judicial de invierno. En algunos incluso juega su cercanía con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien además deberá proponer al sucesor del fallecido ministro Sergio Valls Hernández y en el curso del próximo año deberá proponer a dos de sus nuevos integrantes. Proceso politizado De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, cada cuatro años el pleno de ministros debe elegir de entre sus miembros a su presidente. El artículo 32 del Reglamento Interior de la SCJN establece que para la elección se necesitan seis votos. Si ninguno obtuviera esa mayoría, se hará una nueva votación con los ministros con más votos y así seguirá hasta que se alcance la mayoría legal. Sin acuerdos antes de las vacaciones de fin de año, es de esperar que en principio los seis aspirantes voten por sí mismos: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales. El panorama sucesorio en la Corte es muy distinto al de hace cuatro años, cuando la elección de Silva Meza era un hecho tras la renuncia a la contienda del ministro José Ramón Cossío Díaz, con el argumento de que la presidencia de la SCJN lo alejaría de las funciones sustantivas del máximo tribunal. En aquel momento eran dos bloques los que se habían formado luego de que el entonces presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ahora en retiro, logró que los aspirantes a sucederlo se comprometieran a fijar sus posturas desde medio año antes y llegaran a la votación con los “amarres” necesarios para no someter a la Corte a la incertidumbre política. Esta vez, como juez apegado a la letra, Silva Meza optó por no conducir la sucesión y se limitó a hacer lo que dice el Reglamento Interior en su artículo 29: “Durante los primeros cinco días del mes de diciembre previo a la conclusión del encargo del presidente en funciones, los ministros interesados en sustituirlo presentarán a sus compañeros y compañeras las líneas generales conforme a las cuales desarrollarían dicha función”. Bajo el discurso de la independencia y autonomía de los jueces, sobre todo de sus pares en la Corte, Silva Meza sencillamente se hizo a un lado en el proceso sucesorio y en consecuencia las aspiraciones se desataron. Más que una división entre liberales o conservadores, la disputa por el control de la Corte está en función de dos bloques: los internos y los externos; es decir, los de carrera judicial y los que han llegado al máximo tribunal desde otros ámbitos. De los seis contendientes, los llamados de la “familia judicial” son Mario Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar. Los dos últimos incluso fueron consejeros del CJF. Los externos son Alfredo Gutiérrez, Fernando Franco y Arturo Zaldívar. Como tercer poder del Estado, el Judicial de la Federación se ha fortalecido desde la reforma de diciembre de 1994, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo desapareció durante el receso judicial a la SCJN. En lo que se ha dado en llamar como un “golpe de Estado técnico”, Zedillo disolvió a la Corte que existía entonces con 26 ministros, y creó una nueva con los 11 actuales. De entonces a la fecha el PJF no ha dejado de crecer. La SCJN, el CJF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los órganos jurisdicciones tienen en total 42 mil 556 empleados, según informó Silva Meza el jueves 11 en su cuarto y último informe de presidente en funciones. El presupuesto de ese Poder es aún más robusto: 50 mil 241 millones 566 mil 172 pesos, según aprobó la Cámara de Diputados para el año pasado. La mayoría de los recursos, 43 mil millones, se concentraron en el CJF, encargado de la vigilancia, administración y disciplina de los juzgados y tribunales federales. Para 2015, aunque se redujo debido al subejercicio, el pastel seguirá siendo grande: 44 mil 52 millones 127 mil 906 pesos. En sus propuestas para encabezar el PJF, ninguno de los aspirantes pretende transparentar la manera en que el CJF decide sobre los recursos y la vigilancia y evaluación de los jueces. Con diferentes matices, los seis se refieren a la transparencia una vez tomadas las decisiones. Ninguno se atreve a abrir las sesiones del Consejo de la Judicatura Federal. La mano del presidente Entre las candidaturas sorprendió la del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien apenas en diciembre de 2012 se integró a la Corte. Él fue la primera propuesta que Peña Nieto hizo al Senado para conformar el tribunal constitucional del país. Peña Nieto propondrá además la terna de la que saldrá el sustituto del ministro Sergio Valls, quien falleció el pasado 3 de diciembre, a los 73 años, cuando aún le quedaban cinco en el cargo. Además presentará a los candidatos a reemplazar a los ministros Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, cuando pasen a retiro en noviembre próximo. Por lo menos hay dos prospectos identificados en torno a Peña Nieto. Uno es Raúl Cervantes Andrade, el expresidente del Senado, exdiputado federal y excoordinador jurídico del PRI. En septiembre pasado solicitó licencia al Senado para irse a la vida académica. Fue un retiro obvio de la vida partidaria ante una prohibición constitucional expresa: El artículo 95 de la Constitución exige que quien aspire a ser ministro de la SCJN no debe haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal durante el año previo a su nombramiento. La otra persona cercana a Peña Nieto es la actual magistrada del TEPJF María del Carmen Alanís Figueroa, quien llegó a esa instancia tras apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón en 2006, pero que como titular de ese tribunal negoció una resolución que allanó la candidatura presidencial de Peña Nieto. En marzo de 2011 fue la anfitriona de una comida con operadores de Peña en momentos en que el entonces gobernador del Estado de México estaba sometido a un juicio electoral por el uso ilegal de los medios electrónicos para su promoción personal con el pretexto de su quinto informe de gobierno. Alanís recibió en su penthouse al actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray; al ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, y a Marco Antonio Baños Martínez, ahora consejero del Instituto Nacional Electoral, según reveló el periódico Reforma el 17 el abril de 2011. Al hacerse pública la reunión, Alanís fue destituida como presidenta, pero la operación ya estaba hecha: el TEPJF exoneró a Peña de haber violado la Constitución, lo que habría obstaculizado su candidatura. Apenas llegó a Los Pinos, en uno de sus primeros actos como presidente, el 3 de diciembre de 2012, Peña le entregó el premio a “La mujer del año 2012”, organizado por una asociación civil, aunque el acto fue encabezado por el mandatario en el Museo Nacional de Antropología. Destituida, fue sucedida por el actual presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra que ahora aspira a encabezar el PJF. Por la presencia en los tribunales del país de varios integrantes de esa familia originaria de Chiapas, se ironiza sobre la PJF adjudicándole el mote de Poder Familiar de la Federación. Margarita Luna Ramos es considerada dentro del propio Poder Judicial como una mujer institucional y una ministra letrista; es decir, que sus resoluciones se apegan en estricto sentido a lo escrito en las leyes. En sus casi 11 años como ministra, cargo que ocupa desde febrero de 2004, ha forjado la imagen de una juez del bloque conservador de la Corte. Es tal su apego institucional que en una ceremonia en la que iba en representación del presidente de la Corte tuvo un lapsus y dijo que estaba ahí en representación del presidente de la República. Pero al disculparse, bromeó: “Ojalá”. Tendría a su favor la presencia en el Consejo de Rosa Elena González Tirado, recién designada consejera y quien en su carrera judicial fue secretaria de estudio y cuenta de Luna Ramos. Otra posible aliada en el CJF podría ser la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, también originaria de Chiapas, quien trabajó en el gobierno de Peña en el Estado de México. Primero fue subprocuradora general de Justicia de la entidad y luego subsecretaria de Asuntos Jurídicos del gobierno. Al final de su gobierno, Peña la nombró titular provisional de la notaría pública 169, con sede en Huixquilucan. Luna Ramos busca ser la primera mujer en dirigir el PJF, al que ingresó en 1975 como taquimecanógrafa. Desde la reforma de Zedillo, todos los presidentes de la Corte han sido varones e integrantes del propio Poder Judicial: José Vicente Aguinaco Alemán, en 1995; David Genaro Góngora Pimentel, en 1999; Mariano Azuela Güitrón, en 2003; Guillermo Ortiz Mayagoitia, en 2007, y Silva Meza, en 2011. Todos de carrera judicial, al igual que Luna Ramos. Cada uno, además, ha sido señalado por la relación que ha tenido con el presidente de la República en turno. Uno de los escándalos públicos fue la cercanía de Mariano Azuela con el entonces presidente Vicente Fox, quien lo llamó a Los Pinos para evaluar el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Éste, a su vez, tenía una estrecha cercanía con el expresidente de la Corte Góngora Pimentel. Una familiaridad similar se dio entre el ministro Aguinaco, ya fallecido, con el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien llamó a Los Pinos al juzgador antes de que la Corte avalara el anatocismo, la práctica que le permite a los bancos cobrar intereses sobre intereses. En su plan de trabajo 2015-2018, Luna Ramos hace patente su institucionalidad y apego al letrismo jurídico. Al igual que el ministro Luis María Aguilar y a diferencia del resto de los aspirantes, omitió referirse a la problemática social y de derechos humanos que tiene entrampado al gobierno de Peña Nieto. En su propuesta, titulada Por una justicia de valores, transparencia y rendición de cuentas, se refiere en términos generales a “los problemas y realidad por la que México transita (sic)”, sin hacer ningún señalamiento en específico a los reclamos sociales de justicia. “Mi objetivo es establecer los lineamientos de trabajo sustentado en la tradición de la cultura de la legalidad, de la justicia, en el respeto a los derechos humanos, la excelencia, autonomía e independencia de los juzgadores, respeto a la dignidad humana y a la equidad procesal, entre otros; todo ello en la búsqueda de la consolidación de una impartición de justicia apegada a derecho, que permita que la actuación de los integrantes de este Poder federal sea valorada y reconocida”, dice en su visión de lo que debe hacer el presidente de la SCJN y del CJF. Sus propuestas se concentran en la reorganización del trabajo y una mejor vigilancia de los jueces y, como todos los candidatos, se refiere a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, a mediados de 2016. La reforma involucra directamente al PJF, y el próximo presidente de la Corte y del CJF será el encargado de iniciarla. El ministro Luis María Aguilar tampoco alude a la crisis social que vive el país y que atañe directamente al Poder Judicial de la Federación. Como Luna Ramos, se limita a proponer la reorganización del trabajo en el PJF. Entre su selecto grupo de amigos, el ministro Aguilar tiene al senador del PRI y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps.­ El cuestionado político estuvo presente en la ceremonia en que Aguilar tomó protesta como ministro ante el pleno de la Corte el 1 de diciembre de 2009, por invitación del entonces flamante ministro y ahora presidente de la Segunda Sala de la Corte, encargada de los juicios administrativos y de trabajo. El otro aspirante de la llamada “familia judicial” es el ministro Pardo Rebolledo, quien, a diferencia de Luna y Aguilar, en su programa decidió ver más allá del PJF: “El país clama por un ambiente de estabilidad social, política y económica; existe un malestar general que no se debe minimizar”. De los llamados “candidatos externos”, Alfredo Gutiérrez, el más novel de los ministros –quien llegó a la Corte desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda–, presentó la propuesta de trabajo más vaga, aunque también se refirió a la problemática social: “La sociedad está cansada de la crisis social que atravesamos y busca una respuesta”. Los otros dos candidatos externos son el ministro Fernando Franco y Arturo Zaldívar. Franco ha pasado por los tres poderes del Estado. En el PJF, además de ministro, fue magistrado presidente del TEPJF. También fue subsecretario del Trabajo y secretario general de la Cámara de Diputados. En la presentación de su programa, Franco escribió: “Hoy estamos viviendo un ambiente social y político convulso, en el que las autoridades han sido fuertemente cuestionadas, incluyendo las que imparten justicia”. Zaldívar, quien llegó a la Corte desde la academia y el litigio corporativo, pretende hacer de su eventual presidencia “centro y eje” de los derechos humanos, en una continuidad de lo que fue la gestión de Silva Meza. Pero, dice, mediante jueces con un nuevo perfil que tengan “una visión moderna del derecho” y comprometidos con las garantías fundamentales.