La investigación emprendida por la PGR contra la empresa favorita del panismo implica al crimen organizado, a los hijos de Marta Sahagún y a los exsecretarios Francisco Gil Díaz y Dioniso Pérez Jácome, entre otros, en una red que se tejió durante más de 12 años. La podredumbre que ahora se confirma incluye lavado de dinero, fraudes al fisco y hasta creación de bancos a modo. Muestra también la manera en que el sistema político ha bendecido a sus empresarios cómplices.   MÉXICO, D.F. (Proceso).- La acusación de que Oceanografía defraudó a Citigroup por 360 millones de dólares derivó en una investigación de lavado de dinero por parte del gobierno mexicano que se extiende más allá de la empresa favorita del panismo y una de las principales proveedoras de Petróleos Mexicanos. Gasolineras, cajas de ahorro, financieras, inmobiliarias, casinos y hasta un banco relativamente nuevo, Consultoría Internacional (CIBanco), podrían ser parte de una estructura financiera fraudulenta en torno a Oceanografía. Todas esas empresas están ligadas por un hombre: Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda durante el sexenio foxista. El 16 de diciembre de 2013 la Procuraduría General de la República abrió el acta circunstanciada PGR/SIEDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 y solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera –que encabeza Alberto Bazbaz– y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los movimientos financieros realizados por Díaz Álvarez de 2005 a la fecha. Proceso reveló en su número 1934 que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía en la mira a Oceanografía: “Abrió una investigación confidencial en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fue subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción durante el calderonismo. “Se están revisando a detalle todos los contratos concedidos a Oceanografía. (…) Hay aspectos que revelan claramente actos de corrupción de funcionarios de Pemex para favorecer a esta empresa y en algún momento tendremos que imponer sanciones a quienes los cometieron”, reveló un funcionario de Pemex al corresponsal de Proceso en Washington. Oceanografía, empresa propiedad de los hermanos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, dejó de ser una empresa familiar en 2005 para dar cabida a nuevos inversionistas después de que estuviera a punto de declararse en quiebra. Amado Omar Yáñez Osuna retuvo 75% de las acciones; Energy Group México, S.A.P.I. de C.V., Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Javier Rodríguez Borgio se quedaron con 15%; Grupo AKNUUK y Oliver Fernández Mena, con 5%; Inmobiliaria Amagdez y Carlos Daniel Yáñez Osuna, con 4.94%, mientras que Alberto Duarte Martínez compró 0.03% de las acciones. Personas allegadas a la investigación explicaron que para entender el nuevo escándalo de Oceanografía hay que ubicar dos etapas de la empresa. La primera va de 2001 a 2005, cuando los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca –hijos de Marta Sahagún– la ayudaron a obtener contratos de Pemex; la segunda empieza en 2005, cuando suman como nuevo inversor a Martín Díaz Álvarez, esposo de Gloria Pérez Jácome Friscione –hermana de Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado y actual representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El 11 de febrero pasado, Oceanografía fue inhabilitada por Pemex debido a que detectó, gracias a reportes de Citigroup Inc., cuentas por cobrar fraudulentas. El 28 de febrero Citigroup dio a conocer oficialmente que su filial mexicana, Banamex, había sido defraudada por Oceanografía en un préstamo de 360 millones de dólares contratado con garantías inexistentes. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1949 de la revista Proceso, actualmente en circulación.