Más allá de la "verdad histórica de los hechos" -según la expresión del procurador Jesús Murillo Karam para dar carpetazo al caso Ayotzinapa-, activistas y familiares de desaparecidos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila piden al gobierno federal atender también los otros 22 mil casos que llevan años demandando justicia. Lamentan que la presión internacional hay motivado al presidente y sus colaboradores a investigar ese acto de barbarie cometido la noche del 26 de septiembre en Iguala, pero se hayan olvidado de los otros miles de desaparecidos. MONTERREY, NL. (Proceso).- Durante semanas el presidente Enrique Peña Nieto aguantó la andanada de críticas dentro y fuera del país por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta que el procurador Jesús Murillo Karam declaró que los estudiantes habían sido calcinados y eso era la “verdad histórica de los hechos”. Activistas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila consideran indignantes las declaraciones del funcionario federal, cuyas conclusiones, dicen, son más confesionales que científicas y no convencen a nadie; ni a los padres de los estudiantes ni a la comunidad científica ni a la sociedad. Y se preguntan: ¿por qué Peña Nieto no demuestra el mismo denuedo para buscar a los casi 22 mil desaparecidos reportados en todo el país? Jorge Verástegui González, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, acusa a la Procuraduría General de la República (PGR) de dar carpetazo. Cada vez es más evidente la participación del Ejército en el secuestro y desaparición de los normalistas, sostiene. Explica: “La autoridad militar –que encabeza el combate al crimen organizado en el país– no hizo nada en el caso de los 43 desaparecidos la noche del 26 de septiembre pasado. Entonces, ¿de qué sirven sus servicios de inteligencia? Esto exhibe la relación del crimen organizado con la institución castrense.” Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación.