SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Ni uno solo de los ocho compromisos que adquirió como candidato del PRI cumplió el médico Fernando Toranzo Fernández en la administración estatal que termina, y su desastrosa imagen es, sin duda, el principal lastre para su sucesor Juan Manuel Carreras López, su excolaborador y quien asume este sábado 26 el gobierno del estado. En la carta compromiso pública que Toranzo firmó el 31 de marzo del 2009 --en la campaña electoral que ganó y cinco meses antes de tomar posesión-- ofreció anteponer los principios de ética y justicia en todos sus actos de gobierno; transparentar la captación y aplicación de los recursos; actuar con probidad y austeridad; mejorar y depurar el aparato de procuración de justicia; ejercer un gasto público eficiente y sobrio, destinado particularmente a la población marginada y la construcción de obra pública necesaria; evitar el culto a la personalidad y mantener una actitud sencilla y solidaria, especialmente con los ciudadanos de mayor marginación social. Uno de los ocho compromisos, en particular, era señalado de manera insistente desde diversos ámbitos de la sociedad potosina: la revisión del estado en el que recibía la administración entregada por el panista Marcelo de los Santos Fraga, su antecesor y exjefe (Toranzo fue su secretario de Salud), dados los escandalosos dispendios y la adquisición de deuda pública hecha por aquél. “En caso de encontrar irregularidades, turnaré a las autoridades competentes”, ofreció el médico. El último de los ocho compromisos abría la puerta para que la oposición en el Congreso –la primera minoría-- designara al contralor general del estado, responsable de la fiscalización del gasto y la deuda pública estatal. Seis años después, Toranzo abandona el Palacio de Gobierno acompañado del descrédito y una imagen despótica y ajena a los potosinos; con su familia envuelta en la sospecha por la adquisición de propiedades y negocios efectuados al amparo de su administración; los reclamos ciudadanos por su negativa total a transparentar el uso del dinero público, así como por la inseguridad y una Procuraduría manipulada políticamente, incluso para frenar u ocultar la investigación de casos que afectaban directamente la imagen del mandatario. Uno de los primeros escándalos que dieron apuntes sobre el disfrute del recurso público por parte del gobernador y su familia se destapó en septiembre del 2013, cuando se conoció que tanto Toranzo como su esposa utilizaban el avión oficial del gobierno para viajar de vacaciones a destinos turísticos, como Manzanillo y Puerto Vallarta, principalmente en días de “puente”, y a la frontera para hacer compras. Uno de los más graves casos irresueltos es el de la desaparición de cuatro jóvenes que colaboraron directamente en la campaña de Fernando Toranzo, los cuales fueron privados de su libertad en la madrugada del 11 de octubre de 2009 al salir de una fiesta de quince años, y de quienes nada se sabe al día de hoy, a pesar de la batalla que los padres de estos muchachos han dado por la vía legal y a través de la denuncia pública, que llevaron hasta la Caravana por la paz con justicia y dignidad encabezada por el poeta Javier Sicilia, a su paso por esta entidad. Marco Antonio Coronado Castillo (24 años, alumno de mercadotecnia internacional) y Julio César Coronado Noriega (17 años, estudiante de ciencias de la comunicación), tío y sobrino respectivamente; Moisés Gámez Almanza (23 años, alumno de ciencias de la comunicación) y Luis Francisco Medina Rodríguez (24 años, ingeniero en sistemas), fueron parte del equipo de campaña de Toranzo y aparecen sonrientes flanqueándolo en una fotografía que fue tomada cuando celebraran su triunfo. No había pasado un mes cuando desaparecieron. Los padres de los cuatro estrecharon relación al encontrarse en el Ministerio Público para interponer las denuncias. A partir de ahí se han acompañado en la búsqueda, y todos se han encontrado con la indiferencia y la cerrazón de la Procuraduría y del gobierno estatal. Poco después de que denunciaron y dejaron todos sus datos en la PGJE, dos de los padres recibieron llamadas en las que se les ofrecían informes sobre el paradero de los muchachos si entregaban una fuerte suma de dinero. Los padres informaron de esto al agente investigador Andrés Velázquez –jefe del grupo de la Policía Ministerial asignado a la localización de los cuatro desaparecidos--, quien no sólo les impidió que denunciaran la extorsión, sino recomendó pagar y se negó a implementar un operativo en el momento de la entrega del dinero, so pretexto de que ello ponía en riesgo la vida de los jóvenes. Incluso, se ofrecieron señas sobre la persona que pidió dinero a los padres y un retrato hablado, el cual nunca fue difundido por la PGJE. En entrevista, Francisco Sánchez García, del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz –organización que actualmente acompaña a los padres--, refirió la serie de omisiones, que se advierten intencionales, en que ha incurrido la PGJE en este caso, desde que se abrió el expediente, cuando el titular de esa dependencia era Cándido Ochoa Rojas, posteriormente nombrado secretario de Gobierno y actual diputado por el Verde quien fue, indudablemente, el hombre poderoso del gabinete de Toranzo. “Hubo muchas omisiones, no se investigaron varios datos que se tuvieron en su momento. Por ejemplo, en el C4 nunca se pidieron los videos de los lugares donde se supo que los jóvenes estuvieron circulando en los dos vehículos en que viajaban –un Mazda y un Atos blancos con placas de Tampico-- para saber en qué punto fueron interceptados y se los llevaron”. La carpeta de investigación de este caso ha pasado, durante estos seis años, por muchas oficinas de la PGJE: la mesa de desaparecidos, la de antisecuestros, la de investigación en delincuencia organizada. “Ha sido muy manoseado, pero con todo y ello los papás nunca han tenido copia del expediente. Y en lo que hemos podido revisar, no hay actuaciones, pesquisas. No movieron nada”, dice el abogado Ricardo Sánchez. Paradójicamente, mientras Toranzo y la esposa de éste, la doctora María Luisa Ramos, lo mismo que el actual procurador Miguel Ángel García Covarrubias ofrecieron en reuniones con los padres una exhaustiva investigación para localizar a los jóvenes y el acceso total al expediente y a las pesquisas, en los hechos ocurrió todo lo contrario. Toranzo los mandó con Enrique Galindo Ceballos (actual comisionado general de la Policía Federal) quien desde el centro de mando de la policía estatal les ofreció revisar los videos de la zona en donde habrían sido ‘levantados’ los colaboradores de la campaña del gobernador, así como pedir las sábanas de las llamadas telefónicas efectuadas desde sus teléfonos celulares. Pero en los encuentros subsecuentes, el funcionario reviró: no les compartió un solo indicio. “Más bien nos preguntaba si nosotros sabíamos algo, qué habíamos investigado”, contó vía telefónica Martha Rodríguez, mamá de Luis Francisco, quien hacía sus trámites para titularse, confiado en que les cumplirían la promesa de darles un empleo en la nueva administración estatal, a pesar de que en la campaña no les habían cumplido con el pago ofrecido a través de Luis Gerardo Aldaco Ortega, posteriormente nombrado titular del Instituto Potosino de la Juventud y actual regidor en el ayuntamiento de la capital potosina. “La primera vez que pudimos hablar con el gobernador nos prometió muchas cosas. Nos mandó con (Enrique) Galindo Ceballos… todavía hace como tres años nos tomaron muestras de ADN, nos dijeron que eran muy costosas pero que era por la amistad del gobernador. Luego vimos a la esposa de Toranzo, muy indignada, nos dijo que ella lo iba a resolver. Nunca nos volvió a tomar una llamada. Ya van a salir y no hicieron nada”, dice Martha. Alfredo Coronado, papá de Marco Antonio y abuelo de Julio César, cuenta que los cuatro muchachos fueron invitados a promover el voto por Toranzo porque “eran muy conocidos, tenían muchos amigos, todos eran deportistas”. Menciona que en el caso salió a relucir el nombre de Iván Martínez Blanco, a quien los jóvenes contactaron poco antes de desaparecer para pedirle una botella, cuando salían de la fiesta a la que asistieron. El hombre fue llamado a declarar y dijo haberse enterado por guardias de un establecimiento donde se encontraba, ubicado sobre la avenida Pinos, que una camioneta había obstaculizado el paso de los dos automóviles en que viajaban los cuatro, los habían obligado a subir a ella y se los habían llevado. “Todos esos datos nunca los investigaron, él sabía dónde estaban pero sólo lo interrogaron. Luego supimos que había órdenes de no hacer nada más, órdenes de arriba. Desgraciadamente, de seis años a la fecha nunca investigaron nada. Mi sospecha por todos los acontecimientos es que las autoridades están coludidas con estas desapariciones, que no fueron nada más ellos cuatro, sino muchos más”. En el transcurso de estos seis años, las familias de estos jóvenes tienen referencias de por lo menos 300 personas desaparecidas. “A mí José Gerardo Aldaco me dijo que la orden había venido de arriba. Él llegó a ir a mi casa, con los muchachos. Tras su desaparición lo fui a ver. Me dijo que la orden (de no mover el caso) había venido de arriba y que no podían hacer nada. Hay cosas muy raras, a todas las personas que nos han querido ayudar o nos ayudaron, las han amenazado”. Apenas el 26 de agosto –a un mes de concluir el sexenio de Toranzo-- los padres de estos cuatro jóvenes y los abogados del centro Samuel Ruiz recibieron un nuevo revés, cuando a petición expresa mediante oficio les fue negada la copia certificada del expediente 74/2012 correspondiente al caso, con el argumento de que se trata de una averiguación abierta y debido al “sigilo requerido”, a pesar de que los solicitantes son los ofendidos del caso, por lo que ya se está tramitando un amparo para que un juez federal ordene al MP garantizar este derecho. Y a pesar de que desde hace por lo menos tres años se inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el organismo tampoco ha emitido una resolución o una recomendación por todas las omisiones de la PGJE señaladas. La percepción ciudadana con respecto a la Procuraduría y a las corporaciones de seguridad estatales ha quedado más deteriorada, sobre todo tras la bochornosa salida del jefe de la policía estatal, el militar José Luis Urban –tras divulgarse llamadas telefónicas que sostuvo con un candidato del PAN al que “asesoraba” en la campaña y al que también pedía dinero--, y por la muerte de por lo menos 26 civiles a manos de policías en distintos hechos registrados a lo largo del sexenio. Complicidades En el sexenio rondó permanentemente la sombra de su antecesor Marcelo de los Santos, protegido y solapado por Toranzo que nada hizo por rendir cuentas sobre la entrega-recepción de 2009, cuando asumió la gubernatura de manos del panista, y esta sombra es heredada al próximo gobernador Juan Manuel Carreras, pues en los últimos días ha salido a la luz la relación de los hijos del exgobernador panista en la adquisición de los predios en los cuales se construirá la planta de la armadora alemana BMW, pagados por el gobierno estatal. En la opacidad quedó el ejercicio de un crédito por mil 500 millones de pesos solicitado por Marcelo de los Santos en los últimos días de su sexenio, a pesar de los esfuerzos de ciudadanos y activistas por la transparencia que durante todo este tiempo buscaron, a través de los canales oficiales de acceso a la información pública, conocer el destino de la deuda. Así lo describió el notario Eduardo Martínez Benavente, quien durante todo el sexenio peleó por la vía jurídica por hacer valer el acceso a la información al que el torancismo se negó en distintas instancias: “La información completa y veraz del destino que se le dio a ese dinero jamás será revelada y seguirá siendo un secreto cuidadosamente guardado en los cajones de la corrupción y la impunidad del gobierno del estado… si el gobierno de Toranzo no tuviera cola que le pisaran en este asunto, habría sido el primer interesado en transparentar toda la información, pero a través de resoluciones arbitrarias” ha negado todo registro contable, póliza y comprobante del destino de esos mil 500 millones. Lupillo González, vocero de la organización Ciudadanos Observando –misma que surgió hace cinco años ante el hartazgo por el despilfarro personal y familiar del gobernador y la opacidad presupuestal--, refiere que la principal decepción que queda entre los potosinos es “comprobar que Fernando Toranzo estaba coludido con Marcelo de los Santos y que no sólo le tapó todo, sino que hizo lo mismo”. Por ejemplo, cerca de 80 por ciento de las licitaciones del gobierno recayeron en asignaciones directas para otorgar contratos a familiares, amigos y prestanombres. Uno de éstos fue el empresario y exdiputado Jorge Kahwagi y su empresa Cosmocolor, que vendió licencias de conducir al estado a precios muy superiores a los cotizados por otros contratistas. Organizaciones como Fundar y el Instituto Mexicano para la Competitividad ubican actualmente al estado como uno de los menos transparentes en el ejercicio de los recursos públicos y su fiscalización. Tras un periodo de sequía en materia de obra pública de envergadura, siempre con el pretexto de la falta de recursos, ahora se sabe, por ejemplo, que el gobierno de Toranzo destinó sólo 1.7 por ciento del presupuesto anual al pago de deuda pública. “Los argumentos para disfrazar el derroche y la escasa obra se derrumbaron”, señala el activista ciudadano. Al mismo tiempo que Fernando Toranzo concluye su mandato, en la capital el alcalde priista y exrector de la Universidad Autónoma de San Luis, Mario García, entregará el gobierno municipal a Ricardo Gallardo, perredista que ya fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado con la capital. Ni el gobernador saliente, ni García, movieron un dedo para proceder en contra de la exalcaldesa Victoria Labastida (con quien Toranzo hizo campaña en 2009), sobre quien todavía pesan acusaciones por daños al erario estimadas en al menos 700 millones de pesos. Datos proporcionados por Ciudadanos Observando revelan condiciones nada halagüeñas que deberá afrontar el mandatario entrante, el también priista Carreras, quien fungió como secretario de Educación en el sexenio que concluye. El INEGI ubica a San Luis Potosí como la quinta entidad con mayor pobreza laboral; es decir, salarios insuficientes para costear las necesidades básicas de los trabajadores. San Luis es la entidad con mayor número de porcentaje de población en pobreza en la región, en comparación con las entidades vecinas: 49%, casi la mitad de los aproximadamente 2.6 millones de habitantes. En opinión de la organización Ciudadanos Observando y su vocero, “fueron seis años perdidos para los potosinos, y con la imposición que logró Toranzo con el nuevo gobernador Carreras, el panorama no pinta para cambiar. El castigo a los corruptos se desvanece”.