Para que Donald Trump cumpla las amenazas que lanzó contra México –como construir el muro en la frontera o renegociar el TLCAN– necesita modificar leyes y tener ingentes sumas de dinero. Pero eso no depende de él, sino del Congreso, cuya mayoría republicana puede no seguir sus indicaciones. Ahora bien, el nuevo mandatario tendrá facultades para ordenar otras medidas con impacto directo sobre los mexicanos: redadas masivas con deportaciones inmediatas, un muro “tecnológico” que podría electrocutar a indocumentados, aranceles a productos de empresas estadunidenses establecidas en México, etcétera. Así, lo poco que haga será dañino… y mucho. WASHINGTON (Proceso).- Los deseos e impulsos de Donald Trump de castigar a México en sus primeros 100 días como presidente –en los asuntos de migración, seguridad y comercio– estarían acotados por el Congreso federal y las leyes estadunidenses. “Cuando asuma la presidencia y se entere de lo que la ley le permite hacer, modificará sus ideas y promesas de cambiar radicalmente la relación con México”, sostiene a Proceso James R. Jones, exembajador de Estados Unidos ante el gobierno mexicano. De la amplia gama de temas en la relación bilateral, tres de ellos –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como los de migración y seguridad– podrían causar daños serios a la economía mexicana si Trump cumple las amenazas y promesas que hizo durante su campaña. Revisar o renegociar el TLCAN –que incluye a Canadá y entró en vigor en 1994– es un asunto complicado; para ser anulado, si Trump así lo quisiera, requeriría de la aprobación del Capitolio. La Constitución autoriza al presidente a ordenar revisiones y renegociaciones de cualquier acuerdo o tratado internacional de intercambio comercial suscrito por Estados Unidos. Según una ley aprobada en 1992 por un Capitolio dominado por los republicanos y promulgada por el expresidente demócrata Bill Clinton, el Poder Ejecutivo está obligado a enviar al Congreso federal una “notificación”, con seis meses de anticipación, antes de que se inicie el proyecto de revisión o renegociación de un acuerdo comercial. Jones, quien durante 14 años fue representante (diputado) federal demócrata, presidente del Comité de Apropiaciones y uno de los integrantes de más alto rango en el de Medios y Arbitrios, considera que la ley de 1992 dificultará las intenciones de Trump de sacar a Estados Unidos del TLCAN. Sobre los deseos de Trump respecto al problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos y su correlación con México tiene una complejidad similar a la del TLCAN. “Claro que puede deportar a todos los inmigrantes indocumentados que hay en el país. La pregunta es si el Congreso le daría el dinero para hacerlo, ya que un programa para sacar a más de 10 millones de personas costaría miles y miles de millones de dólares”, explica el excongresista federal. El plan de la fuerza de deportación que promete Trump consiste en duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza para expulsar a todos los inmigrantes indocumentados. En términos concretos, la presidencia de Trump quiere un ejército de 42 mil 740 agentes de la Patrulla Fronteriza. El presupuesto actual para sufragar los costos que implican las operaciones y salarios de sus 21 mil 370 agentes –que actualmente vigilan los 3 mil 100 kilómetros de la frontera sur– es de unos 5 mil millones de dólares anuales. El presupuesto correspondiente al año fiscal 2016 para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), que dependen del Departamento de Seguridad Interior, fue de 13 mil 560 millones de dólares. Con el plan de Trump para la fuerza de deportación, el presupuesto anual tendría que incrementarse en por lo menos 5 mil millones de dólares para poder cubrir el costo de la contratación de otros 21 mil 370 agentes de la Patrulla Fronteriza. “En la actualidad económica del país no lo aprobaría el Congreso, porque a este dinero habría que agregarle el costo de los otros miles de millones de dólares que saldrían del bolsillo de los estadunidenses para deportar indocumentados”, especula el exembajador. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2089 de la revista Proceso, actualmente en circulación.