MADRID (apro).- Era agosto de 2011. Alrededor de una mesa estaban el entonces presidente nacional del PRI Humberto Moreira y su hermano Rubén, en ese momento gobernador electo de Coahuila, como anfitriones del juez Baltasar Garzón. El magistrado español estaba en México para participar en el foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, según consigna una nota y una fotografía publicada el 10 de agosto de 2011 por el diario El Universal. Días después, el 30 de agosto del mismo año, Garzón encabezó una reunión privada en la sede nacional del PRI con el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aportar sus opiniones en materia de derechos humanos y lucha contra el crimen organizado que fueron recogidas en la plataforma política que, meses después, sería la del candidato Enrique Peña Nieto en la elección federal de 2012. Esa era la tercera ocasión que Moreira y Garzón se reunían. Por ello, no extrañó que el exgobernador de Coahuila pidiera el 15 de enero, que fuera Garzón quien encabezara su defensa, cuando la policía española lo detuvo por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho. Garzón declinó prestar sus servicios al coahuilense, pero sugirió el nombre del abogado Manuel Ollé, según fuentes jurídicas. La familia de Moreira también solicitó los servicios de Adolfo Suárez Iliana, hijo del expresidente Adolfo Suárez, uno de los artífices de la transición en España. Pero éste tampoco pudo atender el encargo de su defensa. La polvareda que provocó la detención de este político priista tan ligado a la construcción de la candidatura de Peña Nieto, su paso por la prisión de Soto del Real, la recuperación de su libertad hasta este miércoles 3 de febrero, cuando abandonó España en un avión rumbo a México, permiten hilvanar una importante red de vínculos que cruza las biografías de algunos actores involucrados en este caso. Aunque de estas relaciones no se puede concluir que tuvieran peso en la decisión del juez Santiago Pedraz de otorgarle la libertad y, días después, regresarle su pasaporte y la oportunidad de abandonar el territorio español. Pero lo que sí, es que es un entramado que guarda un enorme simbolismo. La decisión de regresarle el pasaporte se deriva de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abstenerse de recurrir el auto del juez Pedraz, quien no advirtió la comisión de delito por parte de Moreira, derivado de las pruebas presentadas. Esto, sin embargo, no cerró la investigación contra el político y otros implicados de los que se desconoce su identidad. Cruces y biografías La asesoría de Garzón al PRI tuvo lugar seis meses antes de que, en febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo expulsara de la carrera judicial, al inhabilitarlo por once años por un delito de prevaricación por ordenar unas intervenciones en las comunicaciones en Soto del Real de los inculpados en el caso Gürtel con sus abogados. En su defensa Garzón argumentó no haber incurrido en delito alguno y advirtió que ordenó esas intervenciones porque sospechaba que los cabecillas de esa trama de corrupción política estarían prosiguiendo con la comisión de actividades ilícitas. Desde 2012, tras su separación de la Audiencia Nacional, Garzón se dedica a la abogacía, ofrece sus asesorías alrededor del mundo, en especial en América Latina, a través de su Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), con sede en Madrid y con oficinas en Cuernavaca, Morelos. Sin duda, el caso más relevante es su actual defensa jurídica a Julian Assange, el referente de Wikileaks. Asimismo, es conocida la asesoría que dio a la Cámara de Diputados argentina; en Colombia desarrolla estrategias de investigación criminal; en Ecuador encabeza un grupo de expertos para la reforma de la justicia, entre otros. Su presencia en México es muy notable. Hay registros periodísticos de al menos una decena de participaciones del magistrado en foros y conferencias en Veracruz, Chihuahua, Morelos (donde dio asesoría para elaborar el proyecto de Ley de Atención a Víctimas), Michoacán (foro organizado por René Bejarano), Guanajuato y el Distrito Federal. Manuel Ollé, el abogado de Moreira, es un jurista reconocido aquí por su participación en las acusaciones populares en algunos de los más sonados casos que le correspondió juzgar a Garzón, como el del dictador Augusto Pinochet y en los de los represores de la dictadura argentina, el caso Scilingo y el caso Cavallo (Proceso 2046). En su dilatada carrera jurídica, Manuel Ollé también coincidió en otro proceso judicial con quien está en el otro lado del tablero en el caso Moreira: El juez 1 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que tienen a su cargo las diligencias previas 25/2014 contra el priista. Ollé formó parte de la acusación popular en el juicio por el genocidio en Guatemala, en los gobiernos dictatoriales de Efraín Ríos Mont y de Oscar Humberto Mejía. Pero fue Pedraz el juez instructor de esta causa abierta en 1999 en la Audiencia Nacional por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que se querelló contra varios dirigentes de su país por genocidio, torturas y terrorismo de Estado. La causa de Pedraz no estuvo exenta de obstáculos, uno de los más graves fue la querella criminal que se admitió a trámite en Guatemala en su contra, por juzgar al amparo de la Ley de Justicia Universal esos delitos de Estado. Durante su participación en unos cursos universitarios en San Lorenzo del Escorial, a las afueras de Madrid, Garzón salió en defensa de su compañero y amigo al calificar de “absolutamente inaceptable” y “muy grave” la denuncia contra Pedraz. Garzón en México El juez del caso Moreira y Garzón han participado juntos al menos en dos foros organizados en México por entidades ligadas a la Fundación de Garzón y otras entidades. En enero de 2012, con el gobierno de Veracruz y la UNAM organizaron en Jalapa el Foro Internacional Seguridad con Legalidad donde, además de Garzón y Pedraz, participó el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. En mayo del mismo año, los tres jueces españoles participaron en Ciudad Juárez en el Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, el cual fue anunciado por el gobernador César Duarte y Antonio Navalón, un español afincado en México que llegó a representar al Grupo Prisa (editor de El País), es articulista del diario español, de Reporte Índigo y de otros medios, se presenta como promotor cultural y empresario. Este bróker, amigo muy cercano a Garzón, tiene un perfil muy cuestionado en la prensa hispana: Aquí se le vincula con algunos de los escándalos políticos y judiciales más sonados durante la transición, como el caso Argentia Trust, una trama de triangulación de recursos a Suiza que acabaron en las arcas del PSOE, que llevó a prisión al poderoso presidente de Banesto, Mario Conde, a quien Navalón asesoraba. Salió airoso de ese juicio pese a las pruebas que lo involucraban con dicha operación para financiar ilegalmente a los socialistas. En su artículo “La Tijuana Connection” publicado en El Mundo, en marzo de 2009, el periodista Casimiro García-Abadillo describe a Navalón como “amable, encantador y sin demasiados escrúpulos”. Antonio Navalón estuvo en la organización de otros foros, como el de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, celebrado en Tijuana el 22 de junio de 2012. El evento, dirigido por Garzón, fue patrocinado por la Fundación Aliter, la Secretaria de Gobernación (Segob) y el gobierno de Baja California. El magistrado dictó la conferencia El periodismo frente al crimen organizado. ¿Cómo proteger a la profesión en un escenario de conflicto? Coincidentemente, en la Memoria de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) de 2012 aparece esta Fundación Aliter como su donante más relevante con una aportación de 433 mil 385. 89 euros. En el informe de asociaciones civiles en México elaborado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), se señala que la Fundación Aliter obtuvo registró oficial el 9 de julio de 2009, aunque su constitución legal tuvo lugar el 16 de abril del mismo año. Destaca que la Fundación Aliter tiene como “vínculos” a la Fundación Satio para tareas de “difusión de actividades”. Ambas fundaciones (Aliter y Satio) tienen como sede la misma dirección: Calle Arquímedes 212 cuarto piso, Colonia Polanco Chapultepec, en el Ciudad de México y comparten el mismo número telefónico (con terminación 7660), según el documento. Sin embargo no son las únicas entidades que registran esa misma dirección en Polanco Chapultepec: Documentos del Registro Público de la Propiedad del DF que consignan la constitución y evolución de algunas empresas de Navalón, tienen el mismo domicilio, como Multimedia Cinco SA de CV y Reporte Índigo de México (donde el español es socio de Luis y Anuar José Maccise, dos empresarios cercanos al círculo político del presidente Enrique Peña Nieto). También es domicilio del consorcio BM N&D International de México SA de CV, registrada en junio de 2012, donde aparece asociado con Yehezkel Dabas, un destacado hombre de negocios israelí con presencia en México y Nicaragua, según documentos del mismo organismo y otras búsquedas hechas por este medio. Esta agencia obtuvo información del holding israelí RKA que ofrece desarrollo de negocios y servicios de mercadeo, que en México trabaja “en cooperación” con el Grupo BM, de Navalón y Yehezkel Dabas, asesorando empresas de los campos de la seguridad privada, agricultura, manejo de agua, blindajes de vehículos, educación y soluciones médicas. De acuerdo con la página de internet de RKA, el grupo israelí tiene una filial en Nicaragua, ETKA, que trabaja en conjunto con BM Group, cuyo presidente es Antonio Navalón, el inversionista Dabas y como “asesor estratégico el juez Baltasar Garzón”. El grupo israelí asegura que gozan del “apoyo y reconocimiento del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”. También, en el sitio de internet de periodismosincensura.com.mx., se pudo consultar una factura de cobro que Fibgar, la fundación de Garzón, emitió al gobierno de Morelos, para el pago por la “asesoría jurídica y apoyo técnico para la elaboración de la Ley de Víctimas para el estado de Morelos”, por un monto d cinco millones 800 mil pesos. También ésta ofrece como dirección el domicilio de Arquímedes 212, cuarto piso, la misma de la fundación que financia a Fibgar. Aliter: luces y sombras En el caso de la Fundación Aliter, el informe de Indesol, señala que su secretario general es Daniel Zúñiga Esparza. Este abogado es el mismo que fue registrado en mayo de 2012 como suplente en la candidatura de Manuel Granados Covarrubias, uno de los operadores cercanos del jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera; sin embargo, posteriormente la alianza del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano retiró de sus listas al suplente y lo suplió por René Israel Salas Morales. El domicilio de Fundación Aliter aparece también como el del despacho de Aliter Abogados, del que fue socio fundador y director general Aarón Josué Ramos Miranda, quien se retiró de la firma en octubre de 2012 cuando por gestiones del diputado Granados Covarrubias, fue designado Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Su pertenencia a ese despacho fue referido en su ficha curricular de la ALDF y, antes, también cuando fungió como representante de Mancera ante la Comisión Nacional Electoral (CNE), cuando el actual jefe de gobierno era precandidato al cargo. En diciembre de 2014, los ciberactivistas de Anonymous difundieron dos videos donde señalaban a Aarón Josué Ramos de ser un “Narco-Oficial Mayor de la ALDF”; según esa acusación, el funcionario se enriqueció en forma inexplicable y tenía como escolta a un supuesto pistolero del cartel de Sinaloa. Según esa denuncia, el escolta Adolfo Rey Terán Estrada tenía antecedentes al ser detenido en Puebla circulando en una camioneta en la que se encontró un arsenal. Tras este escándalo, Ramos se vio obligado a abandonar la ALDF, cargo en el que nunca fue restituido, pese a que declaró a la prensa, no tener “nada que ocultar”. Ofreció información de sus inmuebles con valor de 8 millones de pesos, de los que destaca uno ubicado en Huixquilucan, que vale más de la mitad de la cifra antes citada. Y defendió a su escolta, al que contrató luego de “recibir amenazas”. Donantes cuestionados Otro de los donantes de Fibgar es la constructora Eurofinsa que en el pasado fue investigada por un supuesto pago de sobornos a altos cargos del gobierno de Angola, según publicó el diario digital El Confidencial, el 24 de noviembre de 2014. En las Memorias Anuales de la fundación de Garzón, Eurofinsa aparece como donante de 250 mil euros y 125 mil en los ejercicios 2012 y 2013, respectivamente, es decir, un total de 375 mil euros. Otra de las entidades donantes es la constructora Riogersa, filial en México de Eurofinsa. Riogersa donó en 2012 una suma de 19 mil 97 euros. Eurofinsa fue sometida durante más de un año a una investigación por parte de la fiscalía española, que le acusaba de comprar con dinero, joyas y coches de lujo a las autoridades de Angola a cambio de ser beneficiada en un concurso público con el Instituto de Carreteras de Angola (INEA), por un importe de 300 millones de euros, según El Confidencial. La sociedad abonó 16.5 millones de euros a José Filomeno de Sousa do Santos, hijo del presidente angoleño. También obsequió tres automóviles Audi valuados en 300 mil euros al presidente del INEA y al ministro de Obras Públicas, según la acusación. Las acusaciones de la fiscalía por esos presuntos sobornos recaían en Moisés Mauricio Toledano, un destacado miembro de la comunidad judía en España, y otros directivos. Toledano es el presidente y administrador de Eurofinsa, entre cuyas firmas se encuentra Riogersa, en México. La instrucción de este caso recayó en el juez Santiago Pedraz, mismo que instruye el caso Moreira. En el caso de Eurofinsa, Pedraz emitió su fallo en mayo de 2011 ordenando el archivo de la querella por considerar que no era posible determinar que los regalos fueron para conseguir contratos. La resolución de Pedraz provocó sorpresa entre fiscales y fuentes judiciales, señala El Confidencial, porque es un magistrado que se distingue por ser “un juez que combate la corrupción”, sorpresa que también provocó su auto en el caso Moreira ante la expectativa generada desde la fiscalía anticorrupción y la policía española, por las supuestas pruebas que tenían contra el priista.