Durante meses permaneció oculto. Pero la semana antepasada, cuando se difundió, el explosivo video en el que se observa a militares y policías federales cuando torturaban a Elvira Santibáñez detonó un escándalo y el propio titular de la Sedena tuvo que salir a pedir perdón por los abusos contra una ciudadana. Hoy, varios de los implicados en ese oprobioso caso, en particular la soldado María Dulce Elena Reyes Ramos, están presos. Esta es la historia de cómo ocurrieron los hechos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Poco después de las 08:00 horas del 4 de febrero de 2015, una llamada de la Policía Federal (PF) movilizó a la base de operaciones del Ejército que se había establecido semanas atrás en el poblado de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero. Los federales pedían apoyo para detener a un grupo armado que había sido ubicado a las afueras de la población. Cuando el capitán Juan Carlos Limón Portillo tuvo el reporte completo, ordenó a su equipo –una treintena de soldados– salir en vehículos divididos en células de ocho para patrullar la zona. Al paso de las horas, después de que uno de los grupos apoyó a la corporación federal en la captura de tres personas –dos hombres y una mujer–, los militares regresaron a su base. Los soldados pertenecían al 12 Batallón de Policía Militar enviado por esos días a Guerrero desde San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, donde tienen su cuartel. Al mando estaba el coronel Francisco Javier Mandujano Acevedo, quien ascendió a este grado en 2012, comisionado con sus tropas al operativo especial que en diciembre del 2014 el gobierno federal lanzó en esa región del estado. Había un considerable número de vehículos de la PF cuando regresaron. La primera orden que recibieron los soldados fue dividirse para formar un perímetro de seguridad alrededor de la base. A los detenidos les habían asegurado cuatro armas largas, cartuchos, dinero en efectivo, celulares y un radio de comunicación. Por este aparato, los militares y los agentes federales escucharon una voz que decía que fueran a recoger unas armas al panteón del poblado para ir a “rescatar” a los detenidos. Se activó la alerta de un posible ataque, se emplazaron ametralladoras y colocaron los vehículos para formar barricadas, según testimonios recopilados en el expediente 406/2015 abierto en el Juzgado Quinto Militar. Existían antecedentes de que en la zona miembros del crimen organizado solían emboscar a policías y a miembros del Ejército. Además de cometer secuestros constantes, amedrentaban de manera violenta a la población, sacándola de sus viviendas para apoderarse de sus propiedades. Fragmento del reportaje publicado en la edición 2060, ya en circulación