SILAO, Gto. (apro).- Mientras la especulación inmobiliaria a cargo de exfuncionarios en los predios destinados a la planta de Toyota colocó en el ojo público la actuación del gobierno de Guanajuato, añejos conflictos de origen similar se litigan en los juzgados federales por parte de ejidatarios que reclaman pagos pendientes de las expropiaciones hechas para el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y para el Puerto Interior, ambos en Silao. En sus propias palabras, funcionarios y notarios “bien engañosos” presionaron y prometieron empleos, infraestructura y servicios a los pobladores de estos ejidos a fin de que vendieran terrenos para el Aeropuerto Internacional, en 1987, y para el Puerto Interior, en el 2006, y al final casi nada se les cumplió. Según las estimaciones hechas por los ejidatarios y los abogados que llevan sus juicios, sólo en el caso del Puerto Interior el adeudo podría rebasar los 197 millones de pesos por la expropiación no finiquitada de 400 hectáreas a los ejidos El Salitrillo, Nápoles y El Mezquite de Sotelo. Otros ejidos como el Nuevo México han conseguido que el gobierno estatal les liquide adeudos por las expropiaciones que por años les fueron negados, luego de que jueces federales fallaron a favor de los propietarios y esto obligó al presidente Enrique Peña Nieto a expedir un nuevo decreto para actualizar los valores que debieron ser por fin finiquitados años después. A Nuevo México le fueron expropiadas 77 hectáreas, e inicialmente el gobierno estatal pagó poco más de 28 millones por la extensión, pero tras interponer varios juicios de amparo, en diciembre del 2013 Peña Nieto emitió un nuevo decreto que obligó al estado a pagar una diferencia superior a los 32 millones de pesos. En los litigios se han presentado evidencias que parecen contundentes, sobre los procesos irregulares de compraventa y expropiación, dijeron a Apro los abogados Víctor Manuel Santos López y José Gerardo Arrache Murguía, apoderados legales de El Salitrillo, Nápoles y El Mezquite. Por ejemplo, a pesar de que el Aeropuerto internacional opera desde hace más de 26 años, los ejidos siguen pagando el impuesto predial por esos terrenos, porque la desafectación nunca se concretó en su totalidad y los recibos siguen saliendo a su nombre, sin que el gobierno estatal o el concesionario del aeropuerto se hagan cargo. “Todo se hace mediante convenios de ocupación previa con fines de expropiación, los cuales son nulos porque la Ley Agraria establece que para que medie una expropiación, primero debe de hacerse la indemnización total y aquí lo que tenemos es un convenio de ocupación previa”, explican los abogados. En el caso de Puerto Interior, estos convenios establecen en una de sus cláusulas que el promovente (en este caso el gobierno del estado) paga por concepto de anticipo a cuenta de indemnización -con base en el avalúo de la Comisión de bienes nacionales por ocupación de bienes ejidales amparados por el certificado parcelario- pero esto no es el pago total; finalmente para la expropiación debió haber un pago total de indemnización”. Los abogados mostraron recibos del pago del predial de los terrenos del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) así como la inscripción de los juicios de amparo en las escrituras de Guanajuato Puerto Interior (GPI). Dentro de los juicios de amparo que se litigan (uno por cada ejido) en los juzgados de distrito IX y X con sede en Irapuato, a fines del 2014 se promovió un incidente de suspensión para que el gobierno del estado quitara las puertas de malla con las que cerró los accesos de los caminos de las comunidades hacia las vialidades del Puerto Interior, lo que el estado no ha cumplido cabalmente. “No debería de haber ni ventas; esa suspensión es dictada para proteger los intereses de los quejosos. Si hubo ventas, hay una clara violación a la suspensión, independientemente de las otras arbitrariedades. El gobierno del estado apeló la suspensión pero el juzgado la confirmó”, señaló el abogado Víctor Santos. Hace 10 años, de acuerdo con los avalúos efectuados entonces, el valor promedio era de 791 mil pesos por hectárea. Los ejidatarios recibieron, mediante un convenio de ocupación previa, pagos de 297 mil pesos (en calidad de anticipo por estos convenios, señalan los abogados) por lo que ahora se demanda el finiquito total correspondiente a la expropiación que, aseguran, nunca se hizo. El año pasado, por un juicio similar, un Tribunal Agrario ordenó al gobierno del estado pagar a dos millones 850 mil pesos la hectárea a pobladores del Ejido Emiliano Zapata, otro afectado por Puerto Interior. A este ejido se le habían expropiado 35 hectáreas, pero no se le había liquidado. El Tribunal Agrario determinó que debía emitirse un nuevo decreto expropiatorio y pagarles una diferencia total de 99.7 millones de pesos. La misma historia Largos muros y malla ciclónica separan lo que parecen ser dos mundos, en esta región de Silao, sobre la autopista Irapuato-León. De un lado, el complejo empresarial del Puerto Interior (proyecto surgido a partir del 2006 e impulsado por el expresidente Vicente Fox Quesada) donde operan plantas de marcas como Volkswagen, Pirelli, Nivea, las amplias instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Campus Silao, rodeadas de moderna infraestructura, avenidas perfectamente pavimentadas y señalizadas y la atenta vigilancia del edificio del C5i (Centro de comando, comunicaciones, cómputo, control, coordinación e inteligencia del estado), un centro inteligente anti atentados operado por autoridades estatales. Del otro lado de los muros y mallas, lo primero que se aprecia desde los accesos que conducen a los núcleos ejidales son montones de tierra y escombro que han sido depositados contra la voluntad de los propietarios y de los ejidos, por decenas de tolvaneros que transportan el material de desecho de las construcciones de las naves industriales del propio Puerto Interior. Predios que fueron tierras cultivables son ahora los basureros de escombro del complejo industrial del que el Gobierno del estado es el socio mayoritario y el Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSEG) tiene una acción sobre cuyas utilidades poco o nada se sabe. Los caminos pavimentados del Puerto Interior se cortan abruptamente y se convierten en caminos terregosos y enlodados una vez que se pasa a los poblados de los ejidos. A unos pasos de la modernidad empresarial, el panorama social cambia drásticamente: un grupo de jóvenes se droga en una esquina de la calle terregosa y enlodada; de algunos postes cuelgan una especie de farolas que alguna vez fueron entregadas a nombre del Puerto Interior para el alumbrado público -una parte de todo lo que se ofreció- pero como nunca se conectó la energía eléctrica, las farolas son ahora nidos para los pájaros. Años atrás, cuando se plantearon los convenios de ocupación previa (que antecedieron a la expropiación) representantes del gobierno del estado y del Puerto Interior se acercaron a los ejidatarios y ofrecieron que mejorarían las viviendas y la infraestructura de las comunidades con drenaje y una larga lista de acciones. “Ahora que metimos los abogados es como hemos sacado información; sabemos que el 12 de diciembre del 2012 se depositó el dinero del gobierno federal aquí para que se pagara, el dinero se retiró pero no nos pagaron lo que nos debían”, señalan Alfredo y Martín Murillo Sánchez, comisario y excomisario de El Mezquite, en conversación con Apro. “Las obras que iban a meter, empedrado, guarniciones, luz, no se han realizado. Nos cambiaron el drenaje que teníamos y éste en lugar de sacar el agua, sale a las casas. Los de las tolvas tienen ya ocupadas como 15 hectáreas con el escombro, y por más que le hemos dicho al presidente del Puerto Interior (el exalcalde leonés panista Luis Quirós Echegaray) todo esto, los tolveros siguen diciendo que a ellos les ordenan venir a tirar acá y siguen tirando. Yo los he seguido vienen de las empresas”, expuso Alfredo Murillo. Martín Murillo recordó que en el caso del Aeropuerto internacional, el pago también fue por ocupación previa; es decir, parcial. De 101 millones de viejos pesos de entonces (1987) les entregaron una parte. Tanto en el caso del aeropuerto como del Puerto Interior, afirman ambos, “no supimos que nos faltaba dinero, no nos dimos cuenta y nunca nos dijeron hasta mucho después que supimos que sólo nos habían entregado anticipos”. A los ejidatarios les aseguraron que, para que no se quedaran sin un ingreso, les darían concesiones para operar taxis que prestarían sus servicios en el aeropuerto. “Cuando fuimos a preguntar a la capital porque nadie nos decía después ya nada, nos salieron con que ya les habían dado los permisos a un sindicato de León”, narró Martín. En el caso del Puerto Interior, el ofrecimiento de empleos también fue al principio. “Que nos iban a dar trabajo en las empresas y pues ni modo que no supieran –dijo Alfredo-; cuando fuimos unos nos pidieron certificados de secundaria o de prepa y pues no tenemos”. En el recorrido de los ejidos al Puerto Interior con el abogado Víctor Santos el miércoles 15 para ver las puertas que se colocaron para bloquear los accesos de los poblados, guardias privados pretendieron impedir el paso al Eje metropolitano (una carretera construida por el estado por la parte trasera del Puerto Interior con salida a la autopista Irapuato-León y a la carretera a San Felipe). Martín Murillo hizo este llamado al gobernador Miguel Márquez Márquez: “Al gobernador le diría que reconociera el adeudo, porque quien no nos pagó fue su compañero Oliva (el exgobernador Juan Manuel Oliva, antecesor de Márquez). Oliva fue el que se llevó el dinero, más bien, porque en diciembre del 2012 se depositó un dinero y dijo que ya nos había pagado, incluso del gobierno vinieron para ver si era cierto que se nos había pagado, nosotros no hemos recibido nada, ni hemos firmado nada. Ahora Márquez dice que hasta que el juez le ordene, y mientras ¿qué hacemos nosotros?”.