No paran los intentos de saquear la riqueza mineral de San Luis Potosí, ya sea con proyectos de extracción o, en este caso, con negocios derivados de la fuerte presencia de industrias que producen residuos peligrosos. La empresa Citsu, de la que son socios exfuncionarios estatales, pretende construir en la zona de Palula, en el Altiplano Potosino, un confinamiento que recibirá los desechos industriales del centro del país. SANTO DOMINGO, SLP (Proceso).- De Wirikuta a Palula o de Real de Catorce a Santo Domingo se extiende el Altiplano Potosino, la región más grande del estado, cuyos pobladores se enfrentan a la amenaza de empresarios mineros de convertirla “en el cementerio tóxico del país”. Casi siempre con ayuda de funcionarios, los empresarios han impulsado e impuesto proyectos como el de Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro (región Centro), la mina Peñasquito en Mazapil (municipio zacatecano que comparte territorio con San Luis), el confinamiento de residuos peligrosos La Pedrera en Guadalcázar y la operación de concesiones mineras de Real Majestic en Real de Catorce. Ésta última fue suspendida ante la lucha del pueblo huichol en defensa de sus territorios sagrados, con el respaldo de activistas y ciudadanos (Proceso número 1807). Ahora se trata de construir un confinamiento de grandes proporciones para depositar residuos industriales en el rancho Palula, entre San Luis Potosí y Zacatecas, destinado a recibir los desechos de más de 3 mil industrias del centro del país. El enorme riesgo que entraña ya provocó la formación del Comité por la Defensa de la Vida en Santo Domingo y municipios circunvecinos. Es la segunda tentativa de este tipo en ese municipio. La primera se echó a andar en Santa Ifigenia, donde los promotores no consiguieron el permiso de la autoridad local. Ejidatarios, empresarios ganaderos, sacerdotes respaldados por la diócesis de Matehuala, y recientemente representantes del pueblo Wixárika (huichol) integran el comité defensor de la vida que rechaza el confinamiento, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos (Cetemim). A la organización se sumaron como asesores técnicos y legales varios investigadores del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A.C., con el fin de formalizar jurídicamente su lucha social. En las 20 hectáreas supuestamente autorizadas para el confinamiento se ubican terrenos de uso forestal que forman parte de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), poblada todavía de venados y águilas reales, entre otras especies. La zona de amortiguamiento es de 600 hectáreas. Sin embargo, los permisos que ya han sido judicialmente impugnados, principalmente por dos motivos: los funcionarios municipales niegan haberlos firmado y los territorios involucrados estarían no dentro de Santo Domingo, sino del lado zacatecano, en Villa de Cos, de acuerdo con registros y documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A los habitantes de esta parte del Altiplano Potosino se preguntan:: “¿Por qué voltean a vernos cuando quieren tirar la basura de sus empresas, si nunca lo hicieron para ver qué necesitamos?”. El empresario y sus políticos La zona prevista para el confinamiento en Palula está a casi 300 kilómetros de la capital potosina, de los cuales casi 100 son de terracería. Hace meses los habitantes de Santo Domingo vieron con sorpresa que empezó a construirse una carretera, que suponen gestionó la empresa Citsu con ayuda del estado para facilitar el acceso al Cetemim, aunque actualmente la obra está suspendida. El principal accionista del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) es el empresario minero José Cerrillo Chowell, también propietario de una gran extensión de Palula. También son socios de Citsu tres integrantes del gabinete del gobernador Fernando Silva Nieto (1997-2003): David Atisha Castillo, secretario de Ecología y Gestión Ambiental; Olegario Garza Grande, contralor general, y Fausto Cervantes Elizondo, titular de la Junta Estatal de Caminos. El investigador Francisco Javier Peña Paz, del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, señala en entrevista: “Este proyecto se caracteriza por avaricia e impericia: no demuestran conocimiento sobre el tema pero sí mucha ambición. Y sabemos que va combinado con el poder político; detrás está el exgobernador Fernando Silva Nieto”. Cervantes Elizondo apareció en las primeras presentaciones del proyecto a empresarios y medios, en noviembre pasado. Dijo que el Cetemim se instalaría en una zona donde no representa riesgo para la población, puesto que la comunidad más cercana se encuentra a 12 kilómetros y en ella viven 50 personas. Añadió que en el confinamiento –en el que se invertirán 300 millones de pesos– se recibirán los desechos industriales de 3 mil empresas de San Luis, la Ciudad de México, el Estado de México y la zona del Bajío, por lo que su instalación se considera “urgente” debido a la escasez de este tipo de instalaciones en el país. Tras afirmar que “el centro no recibirá materiales explosivos, radiactivos, biológicos o infecciosos”, el extitular de la Junta Estatal de Caminos aseguró que el Cetemim ya tenía permisos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal a industrial, así como la licencia municipal. Dos años atrás, en 2013, Cervantes Elizondo anunció que, como parte de un “proyecto para reintroducir especies nativas que han ido desapareciendo”, cuyo promotor era Cerrillo Chowell, se liberarían 200 ejemplares de venado bura, cola blanca y berrendos en 9 mil hectáreas de la UMA Palula. Luego se supo que en realidad se trataba de convertir ese territorio en un coto de caza controlada. Sin embargo, los pobladores de Santo Domingo y comunidades cercanas se enteraron del proyecto del confinamiento de una manera muy distinta, en agosto del 2015, cuando una mujer que se identificaba como trabajadora social comenzó a acudir al municipio para hablar con la gente y preguntarles cuáles eran sus carencias. Un campesino narró en un video testimonial elaborado para la lucha contra el confinamiento: “En agosto del año pasado llegó una trabajadora social de parte de Cerrillo Chowell a hacer una encuesta sobre las necesidades prioritarias de la comunidad. Llegó a mi casa ofreciéndole a mi esposa ayuda a la vivienda: que licuadora, que estufa, que plancha. Ella le pregunta: ¿por qué me quiere dar esto, si no yo no estoy pidiendo nada?” La trabajadora social contestó que iba de parte del señor Cerrillo Chowell “porque se ha fijado en ustedes, en la pobreza en que viven… Ya se hizo buena gente, quiere ayudarles y les va a regalar lo que necesiten”. La respuesta que da el campesino en el video es: “A lo mejor nos hacen falta muchas cosas, pero no necesitamos de él”. En esa ocasión la enviada del empresario admitió que se construiría un confinamiento de desechos, pero intentó minimizarlo: “Nada más van a tirar estopas, baterías usadas y otras cosas pequeñas”. La noticia llegó a oídos del sacerdote Gerardo Ortiz, conocido como Padre Canas, de la Pastoral social de la diócesis de Matehuala, quien buscó apoyo y ayudó a organizar el Comité por la Defensa de la Vida. El comité se constituyó ante notario público con Édgar Coronados como presidente y representantes de todos los municipios involucrados. Como respaldo técnico se integraron Francisco Javier Peña de Paz, Germán Santacruz y Daniel Jacobo, profesores e investigadores de El Colegio de San Luis, quienes elaboraron un informe sobre las inconsistencias técnicas del proyecto en el aspecto ambiental, mismo que presentaron en una reunión con legisladores locales en abril pasado. Daño al ambiente, la salud y la economía Consultados al respecto, los especialistas explicaron que, según datos de la Semarnat, las industrias del país producen alrededor de 2 millones de toneladas de residuos al año. Añaden que esa cantidad sería depositada en el Cetemim antes de cinco años; después de ese lapso, la empresa prevé que se deposite un millón de toneladas anuales. Al revisar las dos versiones públicas de las Manifestaciones de Impacto Ambiental del proyecto, los investigadores encontraron varias inconsistencias en la información que proporciona la empresa: los volúmenes de material que será confinado y la efectividad de las geomembranas que se emplearán, similares a las que se utilizan en la minería de tajo a cielo abierto para depositar los residuos. Lo mismo ocurre con las sustancias utilizadas para el tratamiento de los desechos, entre éstas el peróxido de hidrógeno y el ácido nítrico, que en la cantidad que pretende utilizar la empresa resultan altamente riesgosos. También detectaron que funcionarios de la Semarnat “han intentado enmendarle la plana” a la autoridad local e incluso modificaron los datos de la ubicación del predio, que en la primera manifestación se ubicó en San Luis Potosí y en la segunda ya aparece en Zacatecas. En el oficio SGPA/DGIRA/DG01368, fechado en 2013, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat “precisa” a los promoventes del confinamiento que las coordenadas que proporcionan de la localización del mismo fueron revisadas a través del Sistema de Evaluación Geográfica de Evaluación de Impacto Ambiental (SEGEIA), “identificando que el predio se localiza en el municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, y no en el municipio de Santo Domingo, estado de San Luis Potosí, como manifestó”. Pero en 2015, en un segundo oficio (SGPA/DGIRA/DG04340), la dependencia se desdice: “El predio para el desarrollo del proyecto está ubicado en el interior del rancho Palula, en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí”. No obstante que la empresa reserva las coordenadas exactas, la Semarnat las menciona en sus dos oficios citados, que firma el director de Impacto y Riesgo Ambiental, Alfonso Flores Ramírez. Extraña también que dicho territorio sea presentado como “una microcuenca hidrográfica con nulas posibilidades de albergar un acuífero”, puesto que en su investigación Santacruz, Peña de Paz y Jacobo encontraron que la dirección de la Conagua en San Luis Potosí clasificó el mismo lugar como parte del Acuífero El Cardito, perteneciente a la Cuenca Camacho-Gruñidora… que según los mapas de la Conagua se localiza en Zacatecas. En lo que parece una confesión de parte, la página 129 de la Manifestación de Impacto Ambiental del Cetemim señala: “El proyecto modifica sustancialmente el aprovechamiento del uso de suelo de la zona”, de vocación forestal. El especialista Peña de Paz señala: “Socialmente el proyecto es de una gran inequidad. Quieren que la gente que no ha sido beneficiada del desarrollo económico pierda aún más cargando con la basura que produce ese desarrollo”. Advierte que los riesgos que implican esos desechos también afectarían económicamente a los habitantes de la zona, incluidos algunos exportadores de ganado. “Podemos estar viendo el inicio de la construcción de un cementerio industrial muy peligroso, en donde termine viviendo la gente que no puede pagar otro tipo de terrenos, lo que aumentaría mucho la desigualdad social”. Indica que el confinamiento representa “una amenaza al derecho humano al disfrute legítimo de los productos del trabajo. Al desvalorizar eso se está expropiando años de trabajo de la gente que está en Estados Unidos o en Monterrey y ha realizado estas construcciones con años de ahorros: de repente eso se queda sin ningún valor, sin hablar de los efectos en la salud”. A decir de los investigadores que asesoran al Comité por la Defensa de la Vida, la Semarnat debió requerir a la empresa un estudio de impacto ambiental regional y no local, opinan los investigadores, pues durante el transporte de los residuos pueden existir riesgos para poblaciones muy grandes, como la de Matehuala. El pasado 26 de junio, en una reunión en su rancho Guadalupe, en Zacatecas, el empresario minero Miguel Torres Leyva –que tiene su casa en Palula– informó a ejidatarios, propietarios y ganaderos que Cerrillo Chowell acababa de perforar un pozo junto al predio donde pretende instalar el Cetemim y aledaño a un ojo de agua. “El agua es sagrada, sin agua no hay vida. Con agua envenenada tampoco, eso significará la muerte de la región. Vamos a defendernos con la ley y nuestra decisión de oponernos a esto”, dijo Torres Leyva. El confinamiento operaría durante los próximos 30 años si se le validan los permisos, suspendidos de manera definitiva por la resolución que emitió el viernes 1 el juez segundo de Distrito en San Luis, Francisco Ramos Silva, sobre el juicio de amparo interpuesto por Ricardo Sánchez García y Guillermo Luévano, abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis, respectivamente. Los litigantes comentaron que la Semarnat no ha atendido los requerimientos del juez para entregar los informes que le conciernen sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental.