Moreira embiste a la libertad de expresión

miércoles, 27 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, demandó al periodista y académico Sergio Aguayo, a quien acusa de daño moral por un artículo publicado el pasado 20 de enero, en el cual señala que, en la carrera pública del expresidente nacional del PRI, hubo actos de corrupción e impunidad. El investigador de El Colegio de México considera esta demanda –y la exigencia añadida de un pago de 10 millones de pesos– como un acto de intimidación y una afrenta a la libertad de expresión pues, asegura, no cometió ningún daño moral contra el político coahuilense en el texto que redactó luego de la detención de Moreira en España. El político fue investigado por lavado de dinero, fue encarcelado una semana y, después, liberado sin ninguna acusación en su contra. Como mera hipótesis explicativa, Aguayo indica que quizá haya preocupación en ciertos sectores de Coahuila porque, durante abril pasado, en El Colegio de México (Colmex) se inició una investigación sobre la masacre de cientos de personas perpetrada en marzo de 2011 en el pueblo de Allende, presuntamente por un comando de Los Zetas. En todo caso, advierte que en todo el país algunos personajes están haciendo un uso perverso e intimidatorio de las leyes al demandar a los periodistas críticos. En el artículo de marras, al hacer referencia a la detención en España, Aguayo dice que Moreira cometió actos de corrupción y endeudó a Coahuila (que gobernó de 2005 a 2011) por 36 mil millones de pesos. “Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos (…) Cuando lo detuvieron, la Policía Nacional Española (@policia) mandó un tuit al que le añadieron el hashtag #misióncumplida. Algunos círculos mexicanos lo consideraron una burla al presidente mexicano. Sin embargo, estamos ante la mezcla del peculiar estilo de un tuit famoso y popular en España, por su humor y mala leche, y el poco respeto que se tiene al gobierno mexicano en amplios círculos internacionales. Se justifica el menosprecio porque es una vergüenza que las instituciones mexicanas no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila –su estado– por 36 mil millones de pesos, mientras que en España lo apresaron por la transferencia irregular de sólo 3 millones y medio de pesos!”, escribió Aguayo en aquel texto publicado en los diarios Reforma y Vanguardia de Saltillo. Moreira fue presidente nacional del PRI de marzo a diciembre de 2011, cuando renunció debido a que las recurrentes acusaciones de corrupción y el enorme desfalco a Coahuila presentaban enormes obstáculos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El pasado 28 de junio, casi siete meses después de la publicación del artículo periodístico titulado Hay que esperar, Moreira presentó la demanda ante el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la cual señala: “El demandado Sergio Aguayo Quezada, utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás.” Moreira advierte en su demanda que a lo largo de su carrera no ha sido condenado por delito alguno y sostiene que es “un apasionado de la comunicación libre, siempre dentro del marco legal y respetando en todo momento la ética de la profesión, las limitantes a la libertad de expresión en cuanto se contrapongan violando derechos de terceros, dedicándome al trabajo de manera diligente y eficaz, lo que me ha permitido llevar una vida honrada y decorosa, sin que a la fecha haya sido condenado por delito alguno”. El exlíder nacional del PRI acusa a Aguayo de emitir aseveraciones “con el único propósito de ofender, insultar, calumniar y propinar injurias en contra del suscrito, acreditándose así la malicia efectiva con que se ha venido conduciendo en perjuicio directo e ilegal en contra del suscrito”. [caption id="attachment_416410" align="alignnone" width="702"]El politólogo Sergio Aguayo en el Museo de Memoria y Tolerancia. Foto: Eduardo Miranda El politólogo Sergio Aguayo en el Museo de Memoria y Tolerancia. Foto: Eduardo Miranda[/caption] Intimidación, dice Aguayo En entrevista, Aguayo manifiesta que esta demanda forma parte de la permanente batalla entre quienes ejercen el derecho de expresar críticas y de aquellos funcionarios públicos que buscan mantener la opacidad de sus acciones. “En este caso el punto inicial es si las afirmaciones que hice sobre el gobernador son válidas desde dos ópticas: si tienen un sustento sólido y si están amparadas a expresar mi opinión sobre personas o personajes públicos. Eso es lo que dirimirán los jueces, porque el asunto ya se judicializó y hasta dentro de unos años tendremos un veredicto”, precisa el investigador y columnista. Señala que esta demanda forma parte de una serie de acciones realizadas desde hace años por múltiples actores oficiales para silenciar a los críticos, y que van desde las amenazas y las intimidaciones penales hasta los asesinatos. “Eso debería preocuparnos”, advierte Aguayo. La demanda de Moreira llamó la atención de diversas organizaciones, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Freedom House, Artículo­ 19, Amnistía Internacional, Propuesta Cívica y Enjambre Digital, que la han considerado parte de una ofensiva generalizada en contra de la libertad de expresión. El politólogo indica que, según Moreira, el artículo manchó su honor, pero le llama la atención que pasaron varios meses antes de que interpusiera la demanda, mientras que contra otros periodistas de Vanguardia la entabló desde abril y no exigió sanción económica. “En ese caso no tasó su honor en una cierta cantidad de dinero, mientras que en mi caso lo hizo seis meses después de la publicación y poniendo un monto desproporcionado. Aquí la pregunta es por qué en mi caso llega a estos extremos, tal vez lo hizo porque estamos en el Distrito Federal, donde hay un tope a las indemnizaciones”, explica Aguayo, quien considera que el monto refleja con claridad que se trata de un acto intimidatorio. “La única hipótesis de trabajo con la que cuento en este momento es que en marzo y abril iniciamos en el Colmex una investigación sobre el caso de Allende y tal vez hay algo en esa historia que inquieta a algunos sectores coahuilenses. Ésta es sólo una hipótesis de trabajo”, precisa Aguayo. El investigador manifiesta que, junto con sus abogados, está preparando la defensa centrándose en demostrar que hay documentación que respalda las afirmaciones de corrupción e impunidad en la carrera del funcionario. “Hay una historia, hay documentos. Por ejemplo, en 2014 la periodista Dolia Estévez lo incluyó en la lista de los 10 más corruptos en México. Entonces hay evidencias de que ya había afirmaciones en ese sentido y que habría que revisar la manera y los motivos por los cuales Humberto Moreira fue exonerado en noviembre de 2012 por el gobierno de Felipe Calderón. Esa es parte de la evidencia que se insertará en un razonamiento jurídico que están trabajando mis abogados”, señala. Aguayo reitera que el escrito por el cual es demandado era un artículo de opinión y que había fundamentos fácticos que le permitieron hacer las afirmaciones de corrupción e impunidad en la carrera pública de Moreira. Paralelamente, indica que esta demanda le llama la atención por las indagaciones que llevan a cabo autoridades de Texas en contra de Moreira y algunos de sus excolaboradores acerca de presunto lavado de dinero y de vínculos con Los Zetas. Desde 2014 autoridades federales y estatales del sur de Texas investigan a un grupo de empresarios y funcionarios de Coahuila acusados de lavar decenas de millones de dólares en sobornos. Entre los indagados está Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero durante la administración de Moreira, señalado de participar en un contrato otorgado a una compañía de extracción de mineral vinculada con Los Zetas, por más de 35 millones de dólares. También es investigado el exgobernador interino Jorge Torres, quien durante el gobierno de Moreira era secretario de Desarrollo Social. Es buscado por la DEA por su presunta complicidad con Javier Villarreal en el delito de lavado de dinero. El pasado domingo 17 el reportero Juan Cedillo publicó en proceso.com que el propio Moreira era también investigado por sus vínculos con Villarreal y Torres en el caso de lavado de dinero.

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