La Ley de Remuneraciones afecta a quienes pretendía beneficiar

martes, 18 de diciembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando Andrés Manuel López Obrador hizo campaña, ofreció bajar los salarios más altos en el gobierno para que nadie ganara más que el presidente de la República y, así, poder subir los de los trabajadores de menor ingreso.  A dos semanas de haber asumido el cargo, ya polemizó con algunos de los funcionarios que ganan casi 600 mil pesos al mes en el Poder Judicial de la Federación; además, miles de burócratas ya se ampararon contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y lo peor es que miles de empleados –justamente los del sector que quería beneficiar– ya vieron afectados sus sueldos. La polémica se encendió debido a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 5 de noviembre, de la mencionada ley que impulsó Morena y que estaba en la “congeladora legislativa” desde hacía nueve años. El tabasqueño la justificó con su dicho de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y con el anuncio de que ganaría 108 mil pesos al mes y ese sería el sueldo más alto en el país.  De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018, la remuneración nominal anual bruta –es decir, sin descontar impuestos– del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó fijada en 6 millones 938 mil 234 pesos, lo que da un promedio mensual de 578 mil 186 pesos brutos.  Dicha cifra incluye el salario y prestaciones, como “pago por riesgo” (853 mil 223 pesos), prima vacacional (95 mil 475), aguinaldo (586 mil 317), seguro de vida institucional (33 mil 876), seguro de gastos médicos mayores (47 mil 770), seguro de separación individualizado (528 mil 782), estímulo por antigüedad (46 mil 154) y hasta ayuda para anteojos (3 mil 100 pesos). Para el caso del consejero presidente del Consejo de la Judicatura Federal los números son los mismos. Sin embargo, según el organismo, aunque su actual titular, el ministro Luis María Aguilar, podría tener un sueldo adicional igual por ser presidente de la Corte y, al mismo tiempo, del Consejo, aunque renunció al segundo; es decir que sólo cobra como ministro. El lunes 10, en su cuenta de Twitter la SCJN calificó como “falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”. Entonces remitió a un “Manual” publicado en el DOF el pasado 27 de febrero, el cual señala que el ministro presidente gana 269 mil 215 pesos al mes (3 millones 230 mil 580 pesos anuales), sumado a un pago anual de 444 mil 380 pesos por concepto de aguinaldo-prima vacacional, y otro anual de 554 mil 595 pesos por riesgo, “dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”. Sin embargo, estas cantidades son netas –es decir, los salarios menos impuestos– y no incluyen las prestaciones. De cualquier forma, los tres conceptos sumados y divididos entre 12 suman un promedio de 352 mil 462 pesos al mes, es decir, unas 3.2 veces más de lo que ganará el presidente López Obrador. Contra los de abajo  Pero, más allá de la polémica con los integrantes del PJF, la aplicación de los distintos ordenamientos de la Ley de Remuneraciones ya tuvo efectos sobre los servidores públicos que supuestamente iba a beneficiar. Por mencionar un ejemplo, es el caso del personal sindicalizado, administrativo y académico de los centros públicos de investigación del país. En la biblioteca del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a una empleada administrativa que pidió el anonimato le faltan pocos años para jubilarse luego de tres décadas de laborar en la institución; sin embargo, dice, con un sueldo que no rebasa los 25 mil pesos al mes, su prima de antigüedad fue reducida en casi 7 mil pesos en el más reciente recibo salarial.  Tras ese golpe a su cartera, la angustia la invadió porque ahora no sabe qué deberá hacer para compensar esa reducción. Hallar otro empleo a su edad le resultaría muy complicado, además de que prácticamente toda su vida profesional ha transcurrido sólo en el CIDE. Y es que en este centro de estudios, ubicado en la zona de Santa Fe, existe un esquema de compensación de salarios “no rígido” que permite mejorar las percepciones con otras prestaciones, pues los sueldos son relativamente bajos.  Por eso, a los trabajadores –sindicalizados, administrativos y académicos– se les dan vales de despensa, apoyo para guardería y transporte, compra de lentes, pavo para Navidad, pago de horas extras y horas clase, fondos de ahorro, así como estímulos a la publicación y al liderazgo académico. De acuerdo con Alejandra Ríos Cázares, profesora investigadora de la División de Administración Pública del CIDE, cuando entró en vigor la Ley de Remuneraciones “muchos de los rubros para la compensación de las prestaciones no estaban habilitados. Entonces, por ejemplo, el impedimento de mover el dinero entre rubros sólo generó el impedimento del pago, no porque no hubiera dinero, sino porque no había autorización”. El mismo problema se presentó en cuanto al pago de horas extras, lo que afectó a personal sindicalizado que a veces cumple jornadas de 12 horas para incrementar sueldos que apenas alcanzan los 6 mil pesos al mes. Y en lo que respecta a horas-clase, Ríos dice que esa prestación le podría significar 10% de su salario. Por eso existe mucho enojo y sorpresa entre los trabajadores de ese centro de estudios, uno de los más prestigiados del país.  “Lo que ha sido de poco debate en los medios de comunicación es que cuando fue redactada esta ley estaba pensada para la administración pública centralizada, cuya estructura salarial es muchísimo menos dispersa”, aunque para muchas dependencias la situación es similar a lo que ocurre en el CIDE. Maestra y doctora en ciencia política por la Universidad de California, San Diego, Ríos Cázares destaca que la ley tiene apartados que advierten que si una persona gana más de lo que corresponde o una institución paga más de lo que debe puede ser imputada penalmente; o bien, que el trabajador asume el pago de impuestos sobre su aguinaldo o que nadie puede ganar más que su superior jerárquico. “Es inevitable que, al ajustar el escalafón hacia abajo, lo tengas que ajustar en todos los niveles”, dice. En un análisis politológico, sugiere que “quizá no era la intención de los legisladores afectar a personal operativo y de base, pero la redacción de la ley amarró las manos a quien la tiene que implementar, porque la tiene que cumplir. Está tan mal redactada que los puso contra la pared”. Considera que el hecho de haberla rescatado con urgencia de “la congeladora” legislativa tuvo el propósito de dar el siguiente mensaje político: “estamos cumpliendo con nuestras promesas de campaña”. Por ello dejaron pasar problemas como el que se refiere al “Distrito Federal” en vez de “Ciudad de México” o “Procuraduría” en vez de “Fiscalía”. El proceso, afirma, “se hizo con una técnica legislativa absolutamente reprobable”. Más aún, sentencia: “Esta es una joya de irresponsabilidad legislativa. Y si hay algo que tenemos que exigir a los legisladores, del color que sean, es que sean serios en lo que hacen… No tuvieron el más mínimo cuidado sobre cómo funciona la administración pública… ¿Cuántos secretarios y subsecretarios hay y cuántos operativos y administrativos básicos? ¡Agarraron parejo!”. Tras los primeros efectos de esta ley, trabajadores de confianza, académicos, administrativos y sindicalizados del CIDE se organizaron y ya presentaron amparos contra la Ley de Remuneraciones. Uno de éstos se interpuso a principios de la semana pasada, apoyado por más de 90 personas. Los argumentos de la medida son básicamente cuatro: el primero está relacionado con el proceso legislativo mediante el que fue aprobada, luego de estar en la “congeladora” legislativa y “revivirla”, además de que tiene problemas técnicos. La segunda es que afecta derechos adquiridos y modifica comisiones, lo que deriva en violación del derecho al salario.  Tercer argumento: restringe la capacidad de “flexibilidad” de los administradores para cumplir sus obligaciones, y su “rigidez” impide transferir partidas y modificar lineamientos presupuestales para realizar los pagos. El cuarto: la ley utiliza el derecho penal como “palanca” para la pretendida eficacia, pero lo que provoca es la inhibición para asumir compromisos en torno a la administración pública.  En general, afirma el recurso de amparo, estas medidas afectan en mayor o menor grado a todos los servidores públicos, no sólo a los altos funcionarios. La incertidumbre entre la comunidad del CIDE y en la de otros centros de investigación crecerá hasta en tanto no se apruebe el Presupuesto de Egresos 2019 y, a más largo plazo, la SCJN no revise su constitucionalidad. Este texto se publicó el 16 de diciembre de 2018 en la edición 2198 de la revista Proceso.

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