Dos especialistas jurídicos, José Manuel Hermosillo y Carlos Lima, refieren que no hay una ley específica en defensa del arte popular, por lo cual la implementación de una política pública amplia para el sector artesanal protegería sus derechos de autor, colectivos o individuales, de propiedad intelectual e industrial… Pero regresar Fonart (Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanías) al sector cultural –como lo propone el gobierno que vendrá–, “es un error gravísimo” porque no se está considerando como una actividad económica. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como epidemia –hasta pandemia, pues ha trascendido las fronteras– se ha desatado una avalancha de plagios, apropiaciones ilegales o poco éticas, imitaciones y piratería contra el arte popular. Y nada ni nadie se salva. Si hasta hace unos años eran claramente identificables los “árboles de la vida” de Metepec, los bordados de Tenango, los tejidos mayas, el barro negro de Oaxaca, las bateas de Michoacán, los rebosos de Santa María, las muñecas mazahuas o la talavera de Puebla, hoy la pregunta obligada antes de comprar es: ¿Y no será chino? No precisamente proveniente de China, sino imitaciones burdas que inundan tianguis y mercados. Las copias llegan ahora hasta los lujosos aparadores de Liverpool, Palacio de Hierro, Pineda Covalin, Zara, Mango, Michael Kors, Kate Spade y a otros diseñadores mexicanos y extranjeros. Y cuando a los artesanos se suele regatear el precio de su trabajo, a nadie ofende pagar miles de pesos por esos productos. ¿Hay forma de detener estas apropiaciones? Entrevistados por Proceso, el abogado José Manuel Hermosillo y el productor de música y especialista en derechos de autor Carlos Arturo Martínez Negrete (conocido también como Carlos Lima) aseguran que sí. Lima, con el abogado José Dolores González Ortiz, llevó a los tribunales el caso de los bordadores de tenangos Adalberto Flores Gómez y Angélica Martínez, contra la compañía Nestlé México, que utilizó imágenes de los bordados multicolores en unas tazas para promover el chocolate Abuelita, como se publicó en varios medios en octubre de 2017. La defensa puede extenderse. Lima y Hermosillo consideran que con la implementación de una política pública amplia para el sector artesanal se protegerían sus derechos de autor colectivos o individuales, de propiedad intelectual e industrial, sus procesos productivos e incluso cubrir demandas de los artesanos en el terreno social, educativo, de la salud y de desarrollo económico. La defensa de Adalberto Flores no ha sido sencilla, pero tuvo el acierto de registrar sus diseños y eso le permitió ir a juicio, pero no todos los artesanos lo hacen. Se añade que ni el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) ni el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) “están preocupados por hacer esa tarea y no hay una ley específica en defensa del arte popular, la actividad artesanal y el sector”, dice Hermosillo. La falta de esa ley, de un censo confiable sobre el número preciso de artesanos en el país, de protección al patrimonio artesanal y de un programa integral de Estado, fue denunciado hace 16 años por un grupo de promotores y artesanos, entre ellos, Gorki González, Leonardo Linares, Sol Rubín de la Borbolla, Alfonso Soto Soria y Juan Coronel Rivera (Proceso, 1351). Con el propósito de apoyar a los artesanos, en julio 1974, durante el sexenio de Luis Echeverría, se creó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). Con la fundación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se incorporó al subsector cultura y finalmente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “Está enfocada cien por ciento a la política social y es un error gravísimo porque es una actividad económica. Fonart era un fideicomiso y así estaba bien plasmado, pero los gobiernos la fueron sectorizando y ahorita está en la política de combate a la pobreza. Es lamentable que una actividad económica tenga ese tipo de visión. Carlos Lima y yo creemos que debe estar sectorizada a Economía.” Entrevistada por Proceso (2165) Alejandra Frausto, propuesta para ocupar la Secretaría de Cultura (SC) en el próximo gobierno, anticipó que se propone regresar Fonart al sector cultural. Su idea es evitar que se le siga viendo como un arte marginal. Lima rechaza la idea: “Es un grave error. La Secretaría de Cultura nace para preservar, proteger, custodiar y ser garante de los derechos culturales y el acceso a la cultura, pero no tiene una concepción de desarrollo económico.” Los especialistas cuestionan también la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inapi), anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en agosto pasado. Vislumbran que tendrá un perfil asistencialista sin ver el trasfondo real “que es nuestra riqueza cultural” y por lo tanto no está previendo los derechos culturales. En su opinión Fonart no ha funcionado en el sector social. Como muestra hablan de la bisinosis, una enfermedad respiratoria causada por la aspiración de los polvos de los textiles, común en el medio rural, por falta de “un programa social para prevenirla, cuando sería el uso del cubre bocas”, remarca Lima. Eso tendría que contemplarse si se le considerara en el campo económico: “Cuando ves un asunto como motor de desarrollo económico debes proteger todo el proceso productivo, ver las bondades, las debilidades, las fortalezas, las amenazas y preservarlo. ¿Cómo lo preservas?, ¿cómo lo cuidas? No se trata de darles algo para que sobrevivan pues al final del día nunca tendremos dinero para que todos sobrevivan de ese recurso. Lo que tenemos que hacer es generar los instrumentos para que ellos puedan hacerlo.” Lima añade que el sector artesanal podría tener una parte asistencialista y ayudar con distintos medios, pero contemplando también otros aspectos como cursos para crear empresas, cooperativas para vender sus productos. A estas alturas del desarrollo tecnológico Fonart no está en el e-Comercio, comercio digital (sus productos se comercian a través de Amazon y Kichink y no directamente en la página web del fondo). E insiste Hermosillo que no hay una política fiscal, legal y administrativa para las industrias creativas, “ni un solo lineamiento real”. Hay una ley para la microindustria pero no un régimen específico, y hay también programas para áreas determinadas pero ni siquiera integran una verdadera y completa política fiscal. Es el caso del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine). Se apoya a las artes con Efiartes y el teatro con Efiteatro: “Pero dejan infinidad de manifestaciones culturales fuera de esos beneficios –entre comillas– fiscales. Se está desconociendo la actividad artesanal como económicamente prioritaria.” Piratería sin fin Lima se ha dedicado a elaborar por su cuenta un mapa con un catálogo de riesgo, en el cual ha incluido al menos mil 600 productos originales, que podrían ser víctima de la piratería como los tenangos. Hay hasta productos naturales: Chiles, semillas, nopal, aguacate, dulces artesanales, juguetes… Con la ayuda de la escritora Lorena Crenier, colaboradora de este semanario, Proceso pudo reunir información de varios casos contra el arte popular publicados en varios medios. Como el del diseñador francés Christian Louboutin que pagaba 235 pesos a bordadoras mayas por crear bolsas de 28 mil pesos. La Fundación Haciendas del Mundo Maya, encabezada por Marilú Hernández, y cuyo presidente honorario es el exdirector de Banamex, Roberto Hernández, fue la intermediaria. Uno de los más recientes, cometido por el diseñador estadunidense Michael Kors, fue sacar prendas que imitan las sudaderas confeccionadas con jerga que se venden en los mercados del país. Se consignó en el diario La Jornada del 27 de octubre de 2017 que la Cámara de Diputados recibió la queja de los representantes legales de artesanos contra las compañías Nestlé México, la española Mango, la francesa Hermès, la estadunidense Nike y la tienda The Pottery Barn. Se dijo que la cantante Susana Harp también señaló en 2015 a la diseñadora Isabel Marant, por copiar bordados de los huipiles de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Además de la denuncia penal en la defensa de los bordadores de tenangos, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violación de derechos culturales. Además, el propio Lima se reunió con un equipo del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México para informar del caso. La defensa de los derechos culturales es una vía. Pero dicen que debe existir una ley para proteger todos los procesos productivos artesanales: derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, la iconografía de las comunidades. Existe la legislación del IMPI, pero “no alcanza para el arte popular”. Señalan que el instituto argumenta que no puede plasmar en un documento el proceso productivo y “claro que puede y eso va a ocasionar que cuando una empresa como Pineda Covalin o Nestlé lleguen a registrar diseños, en el momento que ya exista una manifestación cultural, se los nieguen”. La duda es qué pasará con los procesos que son colectivos. Ellos consideran que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) puede colaborar por su cercanía con los temas antropológicos e históricos: debe documentar los procesos de creación popular pues además se está hablando de manifestaciones culturales ancestrales, de culturas milenarias. El Fonart en cambio se ha convertido en “un fondo de asistencia social, no hace investigación, no le alcanza para algo tan serio como esto”. Por ahora, los especialistas están esperando que la junta especializada en materia de propiedad intelectual niegue la razón a Nestlé (que presentó registros ante notario) y además la obligue a reparar el daño. Dicen que la SC reconoce el registro del autor y ha dicho a Nestlé: “Espérate no te equivoques, la instancia para registrar derechos de autor es Indautor, no un notario”. ¿Qué más debe hacerse? En opinión de los defensores legales falta un registro bien documentado de las manifestaciones del arte popular, y de su valor tangible e intangible. Una especie de atlas, pero inscrito en el marco de una ley, para que cualquier empresa o persona sepa que no puede tomar diseños y hacerlo sea delito. Además, debe ser una cadena productiva protegida por el sector económico. Contar con los índices de medición de cuánto aportan a esa área pues por ahora “nadie los pela, porque no saben, pero pensemos en la desaparición de los alebrijes, ¿cuánto dinero dejaría de entrar?” –Una ley en México protegería a nivel nacional, pero muchas empresas que piratean son transnacionales, ¿qué hacer ahí? Hermosillo dice que lo triste es que, a diferencia de las mexicanas, algunas empresas extranjeras, al ser requeridas, sí han enmendado. Afirman que si se protege en México “de manera automática” se puede acudir a instancias internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Y lo importante es comenzar a crear una política pública de Estado interna que ayude en la defensa al exterior. Recientemente el Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), del cual es miembro Hermosillo, se reunió con la ahora senadora Susana Harp, quien “trae toda una agenda legislativa, entiende perfectamente que la actividad cultural no puede desarrollarse si no hay dinero”. Para él definitivamente representa un negocio y cuando los empresarios lo vean así también querrán apoyar. Por ello es urgente diseñar una política fiscal en el Senado y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Consideran como un ejemplo de promoción lo que hace Fomento Cultural Banamex en torno al arte popular. Hay otro caso, del empresario César Cervantes, creador del Centro Cultural Tetetlán, en la Casa Prieto de Luis Barragán, Pedregal de San Ángel, Ciudad de México. Ahí dio cabida a productores de huaraches tradicionales. Tras mostrar su indignación porque la gente paga por unas sandalias importadas un promedio de 10 mil pesos, mientras regatea 450 de un huarache tradicional, expone sus razones vía correo electrónico: “En el país de los huaraches no quedan más de 50 artesanos haciendo huaraches tradicionales y sí muchos haciendo huaraches de plástico y multicolores para competir –habiendo perdido la batalla antes de iniciarla– con los chinos.” Lamenta la muerte de muchos grandes huaracheros, entre ellos José Martínez, a quien considera uno de los mejores, y cuyo oficio, tradición y escuela se perdió porque nadie en su familia o comunidad quiso continuar. “Como en prácticamente todos los casos parecidos, él se esforzó por sacar a su familia adelante, darles educación para que no tuvieran que ser huaracheros como él. A los hijos jamás les pasó por la mente serlo cuando podrían ser técnicos en mantenimiento de algún hotel en su Pueblo Mágico o dependiente en algún mini-súper o cadena departamental de esas que ya cubren cada esquina de nuestro país. “¿Por qué ser huarachero es un oficio casi ilegal? A grosso modo, sólo cinco de cada diez tienen algo más que la primaria terminada, dos de cada diez tienen cuenta de banco y por supuesto ninguno sabe, ni quiere saber, lo que significa el SAT, algunos saben de las ferias artesanales que organiza y motiva el gobierno para mantener vivas las tradiciones sin que sucumban al comercio internacional, pero en ellas es casi imposible encontrar un huarachero.” Así pues, se está dando una nueva batalla por la defensa del arte popular, esta vez no sólo contra el desprecio y la discriminación, sino también contra la rapacidad y los intereses económicos y comerciales de los grandes empresarios mexicanos y transnacionales. Este reportaje se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.