ENSENADA, B.C. (proceso.com.mx)- Después de tres meses de “chicanadas”, como calificó el presidente de la república las maniobras del Congreso local -dominado por diputados de Morena y sus aliados- que postergaron la promulgación de la Ley Bonilla hasta la víspera de la toma de protesta del nuevo gobernador, finalmente, este viernes 18 fue decretada la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez. De inmediato los opositores empezaron el combate definitivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la norma que permite al próximo mandatario ocupar el cargo tres años más del periodo para el que fue electo. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid confirmó que el gobierno del estado presentará la primera controversia constitucional en la SCJN contra la reforma bonillista. Simultáneamente, cuatro partidos políticos interpondrían acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla desde el primer día en que la reforma entró en vigor: Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PRI. “Los ciudadanos votaron por un gobierno de dos años” dijo Kiko Vega y reiteró un argumento fundamental del derecho: ninguna ley puede tener efectos retroactivos a conveniencia de una persona o un grupo. Con la firma del Decreto 351 y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, entra en vigor la reforma al artículo octavo transitorio constitucional, que ahora establece que la gubernatura electa el pasado 2 de junio será de cinco años (del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024). Derogando así la reforma de 2014, que estuvo vigente en todo el proceso electoral recién concluido y ordenaba que el gobernador, los 25 diputados y los cinco gobiernos municipales serían electos para un periodo de dos años.  “Competí para gobernar cinco años” Mientras Jaime Bonilla y sus asesores recorrían los medios de comunicación en la capital del país, difundiendo su versión sobre el registro de su candidatura para un periodo de gobierno de cinco años y la defensa de la reforma y la consulta ciudadana realizadas por el Congreso del Estado, en Baja California se viralizó en redes sociales, desde el 15 de octubre, un video con el fragmento de la entrevista que el candidato de Morena concedió a Telemundo de San Diego durante la campaña electoral. --Dígame, es cierto que usted quería esperarse hasta el 2021 a la candidatura de seis años ¿Por qué no se esperó? ¿Es cierto que López Obrador lo forzó?, inquirió el reportero --No, el licenciado es muy cuidadoso de las formas. La decisión la toma uno, respondió el morenista, quien lucía una camisa blanca con su nombre bordado en el pecho “Jaime Bonilla. Gobernador” y en el extremo derecho los logotipos de los partidos políticos que lo postularon en coalición. --¿Plenamente usted decidió que quería competir, aunque fuera una gubernatura de dos años? --Sí, tomé la decisión de hacerlo, reiteró. Con frialdad y sin decoro Demorar la promulgación de la reforma que extiende de dos a cinco la próxima gubernatura, fue una estrategia fríamente calculada por Bonilla y sus asesores jurídicos Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario de Gobierno y Guillermo “El Titi” Ruiz Hernández, quien fungirá como Fiscal General del Estado. El 13 de septiembre el gobernador Francisco vega y el secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez presentaron como representantes del Poder Ejecutivo de Baja California una controversia constitucional contra el Poder Legislativo, con el objetivo de que la SCJN obligara a los diputados a entregar la reforma que amplía de dos a cinco años el periodo del próximo gobernador, a fin de que fuese decretada y pudiera ser impugnarse en la Suprema Corte, para que el máximo tribunal emita su sentencia definitiva. Obviamente, también esta controversia fue desechada. La SCJN no interviene hasta que las leyes o normas a enjuiciar han sido decretadas. El gobernador incluso pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Congreso del Estado, presidido por morenistas, entregara al ejecutivo el documento del Decreto 112 para su publicación oficial. En esos días el presidente arreció sus críticas en relación a la reforma bonillista. Ya había dicho que no fue consultado y se le caería la cara de vergüenza si hubiese tenido alguna participación en ello. Dijo que esa reforma era una pena, agregó que se estaba retorciendo la ley y finalmente señalaría que con chicanadas se estaba retrasando la promulgación de la reforma. Sin embargo, sus palabras no hicieron mella en los diputados morenistas ni en el ánimo del gobernador electo y su equipo político, consideró el analista político Arturo Ruiz Contreras. Catalino Zavala, presidente del Congreso del Estado, había declarado desde los primeros días de agosto, que no se podía enviar la reforma al gobernador para que ordenara su publicación, porque no la encontraban, supuestamente se había perdido durante el cambio de legislatura. La reforma fue encontrada hasta que decidieron promulgarla y la entregaron al ejecutivo estatal el pasado 15 de julio para que ordenara su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Antes, a propuesta del mismo diputado Zavala, el Congreso local decidió que no publicaría la reforma hasta realizar una “consulta ciudadana” para conocer la opinión de la gente. “Si la mayoría vota por dos años, ya no publicaremos la reforma, quedará sin efecto: pero si vota por cinco años, entonces sí la promulgamos”, dijo el gobernador electo Jaime Bonilla y se nombró una comisión especial para organizar la consulta, que presidió la diputada ensenadense Miriam Cano. La consulta, realizada el domingo 13 de octubre, fue calificada por analistas, especialistas, líderes políticos y ciudadanos en general como ilegal, antidemocrática, ridícula y grotesca. La diputada Miriam Cano informó que tuvo un costo de 247 mil pesos aportados voluntariamente por los propios legisladores, votaron 53 mil 419 personas en 250 urnas y 45 mil 030 (84.25%) lo hicieron a favor de la gubernatura de cinco años. Con detalles informó el costo hasta de los bolígrado utilizados, pero dijo ignorar cuánto costó y quién pago la encuesta previa a la consulta ciudadana realizada por la firma Mitofsky, que también arrojó un triunfo rotundo a favor de la gubernatura de cinco años. Jaime Martínez Veloz, del PRD, dijo que obtuvieron evidencias del uso de recursos públicos y la participación de “Servidores de la Nación”, promotores de programas sociales del gobierno federal, que participaron en la realización de la consulta, por lo que denunciará esta situación ante las instancias correspondientes. “Me da pena”, dijo el presidente López Obrador cuando los periodistas preguntaron su opinión sobre esta consulta. Y de nuevo pidió que se respetara la Constitución en lo que establece sobre el periodo que estará el gobernador electo en el cargo. En contraste con su presidente, la diputada Miriam Cano declaró: “Estoy orgullosa de lo que se hizo y del casi 2% de la población que salió a votar”. Las palabras del presidente, cayeron una vez más en oídos sordos. Sarcásticos, miles de bajacalifornianos se mofaron de los resultados de la consulta. “Bonilla a la Baja en Baja”: 2018 Julio (Senador) 821,098 Votos; 2019 Junio (Gobernador) 413, 123 Voto: 2019 Octubre (Consulta) 45,030 Votos.  Un asunto urgente y millonario Como un asunto de “urgente y obvia resolución”, la reforma que amplía a cinco años la gubernatura de Bonilla fue aprobada un mes después de los comicios, en sesión extraordinaria del 8 de julio por 21 diputados de la anterior legislatura de mayoría panista. Desde ese día, el diputado priista Benjamín Gómez Macías, quien fungía como presidente del Congreso local, permanece ausente de la vida política y social del estado, prácticamente desaparecido. Es imposible localizarlo, no responde llamadas telefónicas. Nadie informa su paradero. Benjamín Gómez es el diputado que tres días antes de la elección, el viernes 31 de marzo, acompañado del candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, denunció en conferencia de prensa que operadores políticos de Bonilla estaban presionándolo e incluso intentaron sobornarlo ofreciéndole un millón de dólares para que en su carácter de presidente del Congreso local convocara a una sesión extraordinaria para aprobar la reforma que dejara en seis años el periodo de la gubernatura. Mencionó entre quienes lo estaban presionando y trataron de sobornarlo al subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. Dijo que la gente de Bonilla estaba desesperada porque querían que el plazo de la gubernatura se ampliara el mismo día de las elecciones. También señaló al diputado priista Marco Antonio Corona Bolaños Cacho de estar en el grupo ligado al gobierno federal que estaba presionando en favor del cambio que permitiría a Jaime Bonilla quedarse seis años en el gobierno. Considerando estos antecedentes, el excandidato a gobernador Jaime Martínez Veloz presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por el presunto delito de cohecho en relación con los 21 diputados que un mes después de los comicios finalmente aprobaron la reforma bonillista. Similar denuncia fue presentada en la Procuraduría General de Justicia del Estado por ocho ciudadanos, todos ellos dirigentes de organizaciones de resistencia civil. Al final, la reforma aprobada el 8 de julio como asunto de “urgente y obvia resolución” fue promulgada hasta el 18 de octubre, más de tres meses después, cuando sólo faltan dos semanas para que el morenista Jaime Bonilla tome posesión del cargo de gobernador por cinco años, a pesar de que fue electo para un periodo de dos años. La administración del tiempo permitió reducir el número de actores facultados para interponer controversias constitucionales y, seguir ganando tiempo al tiempo porque la SCJN debe esperar que venzan los 30 días naturales para recibir impugnaciones y entrar luego a un proceso de estudio del caso que puede tardar meses, según opinan especialistas en derechos constitucional consultados por Proceso. La vía rápida El abogado Julio César García Ortiz, presidente de la asociación Litigio Estratégico Mariano Escobedo, asegura que la SCJN puede resolver la Ley Bonilla por una vía rápida, declarando su “preclusión” y por lo tanto su caducidad o inexistencia, debido al incumplimiento de los tiempos que establece el proceso legislativo, porque el Congreso del Estado incumplió el plazo máximo de diez días para enviar la reforma al titular del ejecutivo para su publicación. En efecto, el artículo 34 de la Constitución Política del Estado establece en su inciso C:  “Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso en un plazo máximo de diez días a su aprobación”. Y la aprobación de la reforma se cumplió con su declarataria de validación en la asamblea extraordinaria del pasado 23 de julio, por lo que debió enviarse el gobernador el 2 de agosto, pero le fue entregada hasta el 15 de octubre. “Esa reforma precluyó”, dijo el abogado García Ortiz. Los ministros de SJCN pueden declarar su preclusión, es decir su caducidad o inexistencia.