Con la esperanza de que el desarrollo de la industria de energías renovables incluyera a pobladores de Ixtepec, Oaxaca –región istmeña donde los fuertes y constantes vientos ofrecen enormes posibilidades energéticas–, un grupo de comuneros creó hace una década su propio proyecto eólico, que contaba con importantes apoyos iniciales, entre ellos el de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó por favorecer a una trasnacional, y la resistencia legal de los ixtepecanos se desarmó con un ardid político. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 2007, casi un año después de inaugurarse el parque eólico La Venta II, el comisariado de bienes comunales de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, informó a los comuneros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quería construir en sus tierras una subestación eléctrica para dar servicio a los parques eólicos de la zona. Al principio ellos vieron en el interés de la CFE y en la naciente industria eólica una oportunidad de desarrollo para su pueblo. En un proceso de casi 13 meses, asistido por la comisión y expertos de la Universidad de Chapingo, un equipo de comuneros concretó 22 proyectos de desarrollo, entre los cuales destacó uno que algunos miraron con extrañeza: desarrollar un parque eólico comunitario, en el que los habitantes del pueblo “trabajaran no la tierra, sino el viento”, recuerda uno de ellos: Juan Rodríguez, de 64 años. Al comunicar ellos su intención a la CFE, los funcionarios respondieron: “Presenten su proyecto”. Al respecto dice Rodríguez: “Entonces no teníamos un proyecto, era sólo una idea, y por supuesto que no sabíamos cómo hacer el proyecto técnicamente”. Por esos días llegaba al istmo Sergio Oceransky, codirector de Yansa, una fundación con sede en Washington dedicada a impulsar proyectos de grupos indígenas para desarrollar energías renovables. En Ixtepec, Oceransky conoció a Juan Rodríguez y sus compañeros. Todos consideraron viable una asociación para materializar el proyecto eólico comunitario. En pocas semanas los comuneros de Ixtepec, asesorados por Yansa, promovían ante funcionarios de CFE y la Secretaría de Energía la construcción de un parque eólico con capacidad de 102 megavatios (MW), suficiente para surtir de energía a una ciudad como Cuernavaca. “Invitamos a Yansa a trabajar el proyecto a partes iguales”, recuerda Juan. La CFE cierra la puerta El esquema esbozado entre los comuneros de Ixtepec y Yansa se resume en que los comuneros ponen la autorización y las tierras, mientras que la fundación consigue financiamiento a través de “inversionistas sociales” –que aceptan utilidades reducidas a cambio de impulsar beneficios comunitarios–, coordina a las partes encargadas de la construcción y el mantenimiento del parque y, finalmente, se encarga de la administración técnica. Después de pagar el financiamiento y los intereses, las utilidades se dividen en 50% para la comunidad y 50% para Yansa, que a su vez –imposibilitada legalmente a repartir utilidades por tratarse de una empresa social– utiliza la mitad de su porcentaje para desarrollar otros proyectos comunitarios y la otra para crear un fondo financiero común de mitigación de riesgos. Este acuerdo solucionaba, al menos en teoría, los problemas de acceso a la tierra, financiamiento, capacidad técnica, mantenimiento y gobernanza del proyecto. Sólo faltaba conseguir las autorizaciones de los reguladores del sector, en especial un permiso de transmisión de la CFE indispensable para vender la energía generada por un proyecto a gran escala. Los comuneros querían abrirle paso a su producción energética en la capacidad de transmisión reservada para CFE. Después de adjudicar sobre todo a empresas privadas y extranjeras la mayor parte de los casi 2 mil MW de capacidad total en la línea de transmisión de la zona, la CFE conservaba el control de 600 MW. Ese espacio se redujo con el desarrollo de otros proyectos eólicos. “Luego de la construcción de los parques Oaxaca I, II, III, IV y La Venta III, sabíamos que quedaban 100 MW libres”, afirma Oceransky. Ahí pretendía insertarse el eólico comunitario de Ixtepec. “El gobierno nos dio el avión” A inicios de 2009, representantes del gobierno federal aún procuraban el acercamiento con los comuneros ixtepecanos, en tanto que la CFE construía en sus tierras la subestación eléctrica La Ventosa, después renombrada como Ixtepec Potencia. El ambiente parecía propicio para alcanzar un entendimiento, así que los comuneros comentaron su iniciativa a funcionarios de la CFE y la Secretaría de Energía, quienes se comprometieron verbalmente a facilitar el acceso a la red eléctrica y un contrato adecuado de compra de la energía generada por los comuneros. La intervención de las autoridades reguladoras era crucial. “En la licitación había algunos requisitos que no cumplíamos. Uno de ellos era que nos pedían tres años de experiencia en el manejo de una empresa eólica; otro eran 7 millones de dólares como fianza; tampoco los teníamos”, dice Rodríguez. Otros requisitos incluían la construcción y operación de al menos 300 MW de capacidad de producción en otra parte del mundo, estados financieros auditados durante los últimos tres periodos fiscales y una liquidez de 50 millones de pesos. En las siguientes reuniones los funcionarios federales reiteraron su interés en el proyecto comunitario, recuerdan Rodríguez y Oceransky. Una de ellas fue a finales de junio de 2009, cuando el entonces subsecretario de Planeación Energética de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, aseguró a los comuneros ixtepecanos que se emitiría una licitación específica para proyectos comunitarios. En octubre de 2011 se realizó otro encuentro, en el que participaron no sólo Herrera –ya como secretario de Energía–, sino el subsecretario de Planeación Energética Sergio Alcocer y otros funcionarios federales. También asistieron representantes del comisariado de bienes comunales de Ixtepec, de Siemens –potencial socio tecnológico– y de dos fondos de inversión social interesados en financiar el proyecto. Al final Herrera instruyó a los subsecretarios que prepararan la licitación ad hoc para el proyecto ixtepecano, lo que entusiasmó a sus impulsores. “Evidentemente nunca lo hicieron”, afirma Oceransky siete años después. En octubre de 2012 la CFE cerró la puerta al parque eólico comunitario de Ixtepec y dio a conocer que adjudicó los últimos 102 MW de su capacidad de transmisión a Enel Green Power, filial de la empresa italiana Enel, cuyo parque Sureste I sería inaugurado en marzo de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto como “uno de los grandes beneficios producidos por la reforma energética”. “El gobierno nada más nos dio el avión –afirma Juan Rodríguez–. (Jordy Herrera) dijo que le gustaba el proyecto, pero es un hecho que el Estado está para beneficiar a las trasnacionales.” Él y los otros comuneros involucrados, con asesoría de Yansa, decidieron seguir impulsando su proyecto por la vía institucional y permanecieron atentos al lanzamiento de la licitación, que salió en marzo de 2012. Sin embargo, no sólo no se retiraron de la nueva convocatoria las barreras para el eólico comunitario, sino que aparecían nuevas, “específicamente diseñadas para hacerle la vida difícil al proyecto”, señala Oceransky. Incumplimiento del Convenio 169 Ante la negativa tácita del gobierno federal para apoyarlos en su proyecto de parque eólico, los comuneros de Ixtepec decidieron presionar a la CFE por la vía judicial, según un acta de su asamblea del 9 de septiembre de 2012. En sendas demandas de amparo contra CFE, tramitadas en tribunales de la Ciudad de México y Salina Cruz, los denunciantes argumentaban que la construcción de la subestación Ixtepec Potencia no contaba con autorizaciones suficientes. Alegaron que, en lugar de autorizarse en una asamblea de formalidades especiales –a la que debe asistir la mayor parte de los comuneros–, el cambio en el uso de tierras comunales se realizó en una asamblea simple con la asistencia de una minoría, lo que calificaron de ilegal. También argumentaron que se violó una orden de suspensión otorgada por un juzgado y denunciaron la falta de una consulta libre, previa e informada a la comunidad indígena. Tras revisar los expedientes de los juicios de amparo en Ixtepec, Carlos del Razo, especialista en derecho ambiental y en evaluaciones de impacto en proyectos extractivos, explica: “La sola inminencia de afectación (de la subestación) da lugar al estándar legal para llevar a cabo una consulta pública… La falta de dicha consulta para éste y cualquier proyecto de infraestructura constituye un incumplimiento al Convenio 169, que eventualmente puede ser revisado judicialmente y derivar en una suspensión e incluso en la revocación de los permisos expedidos.” La defensa de la CFE se valió de un amplio repertorio de acciones dilatorias contra las denuncias, pero las causas avanzaron. Entonces la confrontación salió de la arena legal y se mudó a la política. A finales de 2015 llegó el tiempo de elegir al nuevo comisariado de bienes comunales de Ixtepec. En un proceso atípico, mediado por la Procuraduría Agraria, se eligió a Germán Rosado Valencia para encabezarlo. “(Rosado Valencia) es un personaje cuyo único mérito es haber sido siempre empleado del gobierno priista. Es un títere de la clase política en el poder. Lo pusieron precisamente para autorizar la energía eólica, la minería y otros proyectos”, afirma el comunero Rubén Valencia. La elección fue impugnada ante la Procuraduría Agraria (expediente 1479/2015) y la autoridad de Rosado Valencia fue suspendida de manera temporal por un juez federal. Sin embargo, Rosado continuó ejerciendo el cargo y emprendió una serie de acciones que contravenían abiertamente los esfuerzos de sus predecesores al frente de la comuna. En 2017, cuando los comuneros preveían que obtendrían sentencias favorables en sus juicios contra la CFE, la Procuraduría Agraria validó la elección de Rosado. Con ello se resolvieron en cascada los juicios pendientes: Rosado se desistió oficialmente de la estrategia judicial que habían seguido los comuneros por cinco años, aceptaba las condiciones de la CFE y recibía los pagos consecuentes. Fue un revés demoledor para el proyecto eólico comunitario. Daniel González, abogado de los comuneros, considera que la decisión de Rosado al frente del comisariado representó intereses políticos y empresariales, ya que éste consiguió “desvirtuar el trabajo para construir nuestro parque eólico comunitario, en contra de los intereses de la comunidad y a favor de la CFE”. Al respecto, dice Oceransky: “El desistimiento fue un proceso muy jodido. Para mí es la prueba más clara de que la Procuraduría Agraria le dio el nombramiento (a Rosado) para que hiciera eso. Los dos juicios estaban muy avanzados y con ello se perdieron muchos años de trabajo que hubieran generado un antecedente muy poderoso en todo el país, no sólo en Ixtepec”. Germán Rosado fue invitado vía telefónica a comentar las acusaciones en su contra. Inicialmente accedió, pero nunca lo hizo. A la CFE se le solicitó por correo y por teléfono, en 2016 y 2018, un posicionamiento sobre la versión de los comuneros de Ixtepec, pero no aceptó. “Política desde arriba” El conflicto con los comuneros de Ixtepec es uno de varios que ha provocado la forma en que se ha conducido la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec durante los últimos años. Andrea Cerami, especialista en derechos humanos y megaproyectos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), ve en el caso de Ixtepec una continuación de la estrategia del Estado mexicano para desarrollar el sector eólico: “Por años ha sido una política de Estado que viene desde arriba, con poco trabajo de manera colectiva”. En septiembre pasado, en una carta pública dirigida al presidente y jefes de cartera del actual gobierno federal –incluyendo los que se perfilaban como titulares de Sener, Semarnat, Sedatu y la CFE–, organizaciones indígenas y comunitarias de Oaxaca, Veracruz y Baja California denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto condujo los proyectos energéticos de esa manera y pidieron suspender los concursos y licitaciones pendientes para la construcción de las líneas de transmisión Ixtepec-Yautepec, Seri-Cucapah y la siguiente subasta de proyectos energéticos. “La labor del gobierno entrante se vería seriamente lastrada por conflictos sociales si estos tres procedimientos siguen adelante y otorgan contratos. Están a tiempo de evitarse este terrible desgaste y de evitar males mayores para los pueblos y comunidades afectados. Les urgimos a utilizar todos los medios a su alcance para suspender los procedimientos hasta que puedan revisar en profundidad su legalidad”, explica la misiva, fechada el 22 de septiembre pasado. El 1 de febrero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló la cuarta ronda de subastas abiertas, días después de cancelar la licitación de la línea de transmisión Ixtepec-Yautepec. Sin embargo, el gobierno federal no ha dado más información sobre dichas cancelaciones ni ha aclarado si se atenderán las demandas de inclusión de las organizaciones indígenas y comunitarias en los proyectos eólicos. Este reportaje se publicó el 30 de junio de 2019 en la edición 2226 de la revista Proceso.