En el estado más violento del país, que en estos dos años ha sido Guanajuato, hay una zona donde la violencia no da tregua a la población ni a la policía. Es el corredor industrial, y particularmente Celaya, donde los asesinatos y los tiroteos dejan pocos días sin sangre.
CELAYA, Gto (Proceso).- El ventarrón tira una veladora y levanta la tierra que los vecinos regaron para tapar la sangre que quedó en el arroyo de la calle y el camellón de la avenida Tresguerras, a la altura de la casa con el número 700, pintada de verde claro.
Esa noche del 25 de enero mataron allí a siete personas, entre ellas una pareja y su hijo pequeño. Fue uno de los fines de semana más violentos que ha vivido esta ciudad, donde muchas calles lucen vacías y silenciosas.
Si los dos últimos años fueron particularmente difíciles para Celaya y otras ciudades del corredor industrial de Guanajuato –el estado a la cabeza de la violencia homicida en el país durante 2018 y 2019–, este mes de enero el miedo se volvió terror, y los asesinatos, casi una costumbre.
Todavía sin conocerse la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (
SESNSP) correspondiente al mes que terminó, los recuentos periodísticos y los reportes diarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojan números alarmantes.
El periódico AM contó 421 personas asesinadas violentamente en 28 de los 31 días de enero; 60 de esos homicidios se cometieron en Celaya, 65 en Irapuato, 56 en León y 55 en Salamanca, todas ciudades del corredor industrial.
El fin de semana entre el 24 y el 26 de enero se reportaron 60 víctimas de homicidio doloso repartidas en 14 municipios, de acuerdo con los reportes de la FGE y los partes policiacos de esas demarcaciones. En Celaya fueron jornadas sangrientas, con 18 casos.
Desde la noche del 25 no volvió a verse más el carrito del taquero que se colocaba afuera de la casa del 700 en la avenida Tresguerras.
Cuando los peritos de la FGE se llevaron los cuerpos, los vecinos sacaron veladoras y las encendieron. Hay una en la banqueta de la casa del 700; siete sobre el camellón; otra enfrente, junto a una vieja camioneta; una más a pocos metros, muy cerca del remolque del Dragón, un juego mecánico que permanece en la calle. Ya todas están apagadas.
Esa noche, las primeras versiones oficiales apuntaron a que algún grupo de sicarios les disparó a algunos de los hombres que estaban en esa cuadra, entre el puesto de tacos y la banqueta. Supuestamente las balas habían alcanzado a personas que por diversas circunstancias estaban en el lugar y agentes de la Guardia Nacional (GN) que patrullaban cerca llegaron cuando los sicarios todavía disparaban. Se dijo incluso que un vehículo de la corporación federal recibió algunos balazos.
Pero no fue así. Fuentes policiacas aseguran a Proceso que los siete civiles muertos en la avenida Tresguerras quedaron en medio del tiroteo durante una persecución de agentes de la GN contra sicarios. Las siete víctimas estaban conviviendo, platicando en la banqueta, cenando tacos, iban a la tienda…
Brayan Herrera Cuevas tenía 23 años y era despachador en una gasolinera; Fabiola, ama de casa de 25 años, era su esposa y llevaba con ella a su hijo de cuatro años Brayan Antuán, quien quedó sin vida sobre ella. Rogelio Torres Medina era panadero. Todos ellos vivían en la zona.
Los vecinos escucharon disparos, un instante de silencio y luego otras ráfagas.
Ese sábado el dueño del Dragón no estaba en su casa. Llevó otros juegos mecánicos a un rancho vecino que tenía fiesta “porque iba a llegar la virgen”. Salió temprano a reservar su lugar para la celebración del día siguiente.
El domingo en la noche, lo primero que vio fueron las veladoras en la calle. Luego, las marcas de los balazos en la camioneta que dejó estacionada frente a su casa.
Su esposa se había quedado para cuidar a un hijo enfermo. La recámara tiene ventana a la calle; veían la televisión cuando escucharon las detonaciones y alcanzaron a meterse bajo la cama. Cuando llegó el silencio, corrieron a casa de una vecina y se quedaron allí hasta que el marido regresó.
“Teníamos la cama en la puertita, pegada a la pared, atrás de la ventana. Ya la cambiamos –relata a la reportera–. Si la camioneta no hubiera estado enfrente no sé qué hubiera pasado. Mire cómo quedó la fachada”. Ya decidió no mover el vehículo: “Es una protección. Ya hasta tengo ganas de comprar una de esas viejas, de las bimberas”, dice.
Ante esta violencia siempre atribuida a los cárteles, recrudecida –como ha ocurrido en otros estados después de 2006– ante la incursión de policías federales, marinos y militares, predomina el miedo. “Estoy curando a mi muchacho de espanto; a las cinco de la tarde salimos a comprar lo que falte y ya nos encerramos”, dice el dueño de los juegos mecánicos.
También dejó de ir todos los días a los ranchos y las colonias con sus artefactos; ahora sólo sale dos días de la semana, para irla pasando.
“Está muy canijo donde quiera. Antes íbamos a todos los ranchos, los de Apaseo el Grande, el Alto, de aquí. El año pasado me robaron en uno de los ranchos de Apaseo el Grande. Fui al Ministerio Público a denunciar, regresé como cinco veces, a vuelta y vuelta, y no pasó nada. Me cansé.”
Los sellos del Marro
Maestros de Celaya y municipios cercanos como Villagrán y los Apaseos, describen los efectos de la violencia y del miedo que viven a diario en sus planteles.
“En algunas escuelas, los niños llegan enseñando sellitos del Cártel de Santa Rosa en el cuerpo, como si fueran tatuajes, y dicen que pertenecen a la banda del Marro”, dice un profesor consultado, cuya identidad se reserva.
“Sólo nos queda hacer nuestro trabajo y cuidarnos –añade–; estarnos avisando, comunicando. Todos los días nos preguntamos unos a otros si no se han suspendido clases en algunas zonas, si ha pasado algo, si ya llegamos, si ya salimos. Uno sigue trabajando, pero está con el temor.”
Una maestra destaca que algunas madres de familia van por sus hijos en plena clase y no vuelven a llevarlos:
“Hay disminución de la matrícula y se evidenció más en el inicio del ciclo escolar en agosto. Hay escuelas que están disminuyendo el número de grupos. Por ejemplo, en la colonia Ejidal, que es de las zonas peligrosas, llegan mamás por sus hijos porque se tienen que ir, de plano emigrar, porque le mataron al esposo o porque las familias son amenazadas.”
Eso pasa en la zona urbana y en localidades como Roque o Yustis.
Una noche, a finales de julio, se escucharon ráfagas de armas largas en el Eje Norponiente, por la colonia La Capilla. La fachada de un establecimiento de materiales para construcción quedó marcada por numerosas balas. También le colocaron un aviso de que les aplicarían “cobro de piso”.
A principios de octubre le tocó el turno a una refaccionaria de la colonia Residencial Celaya, en la calle Mutualismo.
El 19 de septiembre, en uno de los incidentes que más impactaron a Celaya, fue atacada a balazos la agencia de autos Ford Montes de la avenida Adolfo López Mateos. Los amplios ventanales, a través de los cuales lucían los modelos del año, quedaron convertidos en polvo brillante sobre la banqueta. Después los repusieron, pero el negocio se terminó: desde entonces el local está vacío y un guardia lo vigila.
Del otro lado de la avenida está el bar La Shula, donde la madrugada del 19 de enero pasado un comando acribilló a los presentes. Una joven mesera y un cliente fallecieron y ocho personas quedaron heridas. Era la primera vez que La Shula abría después de permanecer cerrado un tiempo –ya había tenido incidentes violentos– y ahora está clausurado.
Unos cuantos metros adelante, los graffitti en los muros de una bodega de cemento hacen notorio su abandono. Hace semanas que está cerrada porque los propietarios recibieron amenazas.
Este enero cerraron además otros antros. El Drink City Bar Celaya, en avenida Bosques de Chapultepec esquina con Diego Rivera, colonia Arboledas, avisó el día 9 en su página de Facebook:
“Estimada clientela y público en general; con rabia y tristeza lamentamos informarles que la noche del día de hoy gente sin escrúpulos nos abrieron nuestro establecimiento, dejándonos en una situación bastante complicada. Por esta misma razón con mucho pesar les comunicamos que DRINK CITY BAR se encontrará cerrado indefinidamente, las pérdidas aún son incalculables y se debe de tomar una decisión respecto al rumbo que se tomará.”
Días después los encargados anunciaron que consideraban la posibilidad de reabrir y anunciaron una serie de eventos para “levantarse del golpe”. Pero el 23 lanzaron este mensaje: “Por causas de fuerza mayor (inseguridad) les comentamos que el evento que teníamos preparado para todos ustedes queda cancelado”.
Ese mismo día 23 otro de esos establecimientos, ubicado en la avenida 2 de Abril, hizo lo propio con este aviso: “Hermoso Cariño les informa que debido a los acontecimientos que se han suscitado en Celaya y la región, su bar de preferencia Hermoso Cariño permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”.
Policías en riesgo
Las corporaciones de seguridad no se salvan de la oleada mortal en Celaya y en el resto del estado. Los registros de la organización Causa Común muestran que, de los 421 asesinatos de policías cometidos durante 2019 en el país, 64 tuvieron lugar en Guanajuato.
Un micrositio de datos sobre los agentes asesinados desarrollado en Guanajuato por el portal digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab) refiere que Celaya fue el tercer municipio con más policías municipales asesinados (siete), después de Irapuato (10) y Villagrán (ocho).
Esa estadística consigna que en 2019 se perpetraron en la entidad 70 homicidios de policías, entre municipales, estatales, custodios de centros penitenciarios, agentes ministeriales de la FGE, de Tránsito y Vialidad, expolicías, así como efectivos del Ejército, la GN e incluso un funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen.
El 1 de noviembre pasado José Carlos Ramos fue presentado como titular de la Policía Municipal. Se destacaron sus credenciales como exagente del Ministerio Público y exdirector operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública estatales, aunque también con el antecedente de su polémica destitución como jefe policiaco de León, cargo que desempeñó los últimos tres años.
A mediados de mes Ramos viajaba por la carretera libre de Celaya a Salamanca en una camioneta pickup oficial. En otra similar lo seguían sus escoltas, cuando un grupo de sicarios acribilló ambas unidades con más de 480 disparos calibre .223 y de uso antiaéreo. Sólo la aproximación de un grupo de patrullaje del Ejército impidió que los sicarios ultimaran al funcionario, pero un escolta fue herido en el rostro y otro en una pierna.
Ramos presentó su renuncia el 21 de noviembre.
La alcaldesa Elvira Paniagua nombró secretario de Seguridad Pública el excoordinador estatal de la Policía Federal en Guanajuato, Miguel Ángel Simental, en la segunda mitad de diciembre.
El funcionario llegó con el respaldo o por petición del gobernador Diego Sinhué Rodríguez, quien, se dice, pidió al gobierno federal que facilitara una licencia para que el comisario se incorporara al gabinete de la alcaldesa panista.
De inmediato Simental se rodeó de colaboradores que lo siguieron hasta Celaya desde la Policía Federal, justo cuando esta corporación pasa por una complicada transición a la Guardia Nacional.
Con ese núcleo, Simental comienza a desplegar operativos de reacción inmediata para frenar los robos de automóviles, a transeúntes y comercios. En este último rubro se registraron 46 delitos entre el 20 de diciembre y el 22 de enero, y 15 en la semana que siguió.
“Aquí hay una problemática de muchos años y abarca toda la región, no sólo Celaya. Por eso yo solo no hubiera aceptado. Vengo a hacer prevención y reacción a los delitos en flagrancia, soy operativo y vengo a trabajar”, asegura el excomisario federal, entrevistado el 29 de enero.
Ese día fueron asesinados dos policías municipales cerca de la Central Camionera. Amarrada al cofre de la patrulla se encontró una manta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso
