Se trata de instalaciones no aptas para el servicio que se les da: es la Coordinación Territorial Coyoacán 3, un complejo de oficinas administrativas donde, entre otras cosas, hay un juzgado civil y un anfiteatro al que se envían los cuerpos no reclamados de personas fallecidas por covid-19: lo llaman el “concentrado de cadáveres” y se convirtió en la principal morgue de la Ciudad de México, aunque, señalan quienes trabajan ahí, opera en condiciones insalubres. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El médico legista Uriel Elías Guzmán realizaba su trabajo con normalidad en la agencia del Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo, hasta que resultó contagiado de coronavirus y, tras pasar una semana en confinamiento, murió de covid-19 el 4 de mayo en el Hospital Ignacio Zaragoza, del ISSSTE. Su viuda, Fátima Amaya, se lamenta: “Mi esposo trabajaba sin recibir el equipo necesario para su protección; cada mes le daban solamente una bata desechable de mala calidad, un cubrebocas normal, 100 mililitros de alcohol y un trozo de jabón de pasta. Tenía 38 años. Y al morir, nuestras dos pequeñas hijas y yo quedamos desprotegidas, pues él no tenía ninguna prestación laboral. Ni pensión ni nada. Yo tuve que pagar hasta los gastos funerarios”.  Como Elías Guzmán, muchos médicos forenses de la Ciudad de México padecen iguales desventajas laborales y están contrayendo el virus porque, sobre todo, trabajan con cadáveres contagiados y en pésimas condiciones sanitarias que no cumplen con los “Lineamientos para el manejo de cadáveres en casos confirmados o sospechosos de covid-19”, elaborados­ por la Cruz Roja.  Nadia Franco, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y especialista en manejo de cadáveres, detalla que los legistas trabajan con los cuerpos de fallecidos por covid-19 que no son identificados, o bien, aunque se les identifique no son reclamados por sus familiares. “Estos cadáveres no reclamados –agrega– son generalmente de personas que viven en situación de calle y mueren en la vía publica, o de quienes mueren en las cárceles y en los mismos hospitales, donde también es común que los dejen abandonados sus familiares o conocidos.” Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2281 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 19 de julio de 2020