'Justicia selectiva” en el caso Solid Gold

miércoles, 30 de septiembre de 2020 · 19:07
En septiembre de 2013 la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rescató a 38 bailarinas, la mayoría extranjeras, que trabajaban en Solid Gold, una franquicia que ofrecía sexoservicios. Ninguno de los socios de ese negocio fue aprehendido. Las autoridades sólo detuvieron a tres trabajadoras, entre ellas a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, una administradora que hoy purga condena en Santa Martha Acatitla. Ella se dice “chivo expiatorio” y cuenta su historia, plagada de irregularidades, pero sobre todo pide ser escuchada y que se le haga justicia. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Sin tocar a las poderosas cabezas que durante años fueron señaladas como parte del negocio de la trata y explotación sexual de personas en el país, la justicia mexicana dictó sentencia contra una empleada de la empresa propietaria de los restaurantes Solid Gold y The Butcher’s, que hasta 2013 ofrecían en la Ciudad de México bailes eróticos y sexoservicio. Varias de las 38 mujeres –extranjeras– que fueron rescatadas en septiembre de 2013 por personal de la Procuraduría de Justicia (actual Fiscalía) de la Ciudad de México en un edificio en la calle Estocolmo, en la Zona Rosa –donde los dueños de los establecimientos las hospedaban–, señalaron directamente en sus declaraciones ministeriales a varios de los socios de la empresa que las manejaba. Los expedientes de las fiscalías de la Ciudad de México y General de la República (FGR) incluyen los nombres de Guillermo Fridman, Moisés Atri, Pepe Lizmi y María Alejandra de Pavía Monteagudo –los socios de los establecimientos–, quienes presionaban a las bailarinas para ofrecer sexoservicio a los clientes. De Pavía Monteagudo es la única que aparece en una ficha de la FGR emitida en 2018 en la que se ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos por su captura “como probable responsable de los delitos de trata de personas y delincuencia organizada”; según las denunciantes, ella se encargaba de contratarlas y “manejarlas”. Tras el escándalo desatado por la liberación de las mujeres –32 extranjeras, entre ellas colombianas, venezolanas y rusas, así como seis mexicanas, que trabajaban en una de las sucursales de Solid Gold en la calle de Londres– fueron capturados varios empleados, pero no los dueños. Entre los detenidos había tres mujeres, una empleada administrativa y dos de limpieza, así como dos hombres que fueron señalados como vigilantes o supuestos choferes que trasladaban a las mujeres.  A cada uno se le acusó de trata de personas, beneficio de la explotación sexual ajena y delincuencia organizada. Al menos uno de ellos fue mencionado por varias de las denunciantes. En pocos días los dos hombres fueron liberados. El pasado 8 de mayo el Juzgado Sexto de Distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México determinó que Claudia Ivonne Sánchez Mayorga era culpable del delito de beneficio de la explotación sexual ajena y la sentenció a 15 años y seis meses de prisión, según el expediente 30/2016-V. Con el pretexto de la pandemia, Sánchez Mayorga no fue notificada de su condena, sino hasta el 3 de agosto pasado; es decir, cuando llevaba siete años presa en espera de una sentencia. Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.