Empresas que simulan operaciones, favorecidas por la Sedena

sábado, 5 de septiembre de 2020
La Secretaría de la Defensa Nacional entregó contratos millonarios a cinco empresas de productos textiles –cuyos dueños pertenecen a una misma familia—, a pesar de que Hacienda detectó que dos de ellas simulan operaciones con el presunto fin de evadir al fisco. El general Agustín Radilla Suástegui otorgó una parte de esos contratos antes de convertirse en marzo pasado en oficial mayor de la Sedena. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Un grupo de empresas, cuyos dueños son miembros de una misma familia, han conseguido con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contratos superiores a mil 500 millones de pesos, pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó dos de sus razones sociales por simular operaciones para la evasión fiscal. Se trata de cinco firmas, entre las que destacan dos: Introm Textil SA de CV y Zagis SA de CV. Ambas fueron beneficiarias de un esquema de facturación identificado por Hacienda en la base de datos de EFOS (empresas que facturan operaciones simuladas). Por lo que atañe a Introm Textil –así como en el caso de Intman SA de CV, otra de las empresas del grupo–, su domicilio es el mismo que el de Agorta SA de CV, empresa controladora de la razón social Hollond Textile Solutions, identificada en el proyecto de investigación periodística internacional Panama Papers –de la que Proceso forma parte– como empresa fachada receptora de fondos en ese paraíso fiscal. Los contratos del grupo de empresas han sido obtenidos en su parte más cuantiosa en áreas a cargo del general Agustín Radilla Suástegui, actual oficial mayor de la Sedena y, por lo tanto, responsable de todas las adquisiciones del Ejército y la Fuerza Aérea, incluidos los megaproyectos que la actual administración le ha conferido a la dependencia. Durante su paso por la Dirección de Fábricas de Vestuarios y Equipo (Fave), el grupo de empresas sumó al menos 467 millones de pesos en contratos. Radilla Suástegui forma parte de la nueva élite militar que llegó con el secretario Luis Cresencio Sandoval: fue agregado militar en la embajada de Panamá, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León y asumió la Dirección de Fave en noviembre de 2018, posición que dejó el pasado 2 de marzo cuando fue promovido y asumió la Oficialía Mayor de la Sedena. Esa información pudo constatarse en comunicados oficiales, pues la declaración patrimonial del general funcionario no es pública; es decir, no aparece en el portal Declaranet ni en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Patricia Manón Romero Rodríguez es la figura central del tinglado empresarial. En él, sus hijos son socios en tres diferentes razones sociales, en tanto un sobrino, dedicado a la construcción, incursionó el año pasado en la proveeduría de maquinaria textil para la Sedena. La relación de parentesco fue acreditada por Proceso a partir de una consulta a las actas de nacimiento de los personajes mencionados. Desde 2015 las empresas relacionadas con Romero Rodríguez se convirtieron en las principales proveedoras de la Fave, el organismo de la Sedena responsable de producir “el vestuario y equipo para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones generales, a costos competitivos y aplicando tecnología e innovación con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos y sus productos”, según se lee en la página institucional. Lo cierto es que las empresas de Romero Rodríguez han obtenido más de la mitad de sus contratos por adjudicación directa; una de ellas incluso fue encargada de implementar un proceso de producción textil aunque su especialización es el reencarpetamiento urbano. El caso documentado ahora por Proceso ocurre en el contexto de la investigación publicada por el diario español El País, que el pasado 25 de agosto informó sobre el presunto desvío de 2 mil 372 millones de pesos a través de las llamadas EFOS de fondos de la Dirección de Industria Militar. El tema llegó a la mañanera del 27 de agosto y el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó un informe pormenorizado sobre el asunto. En tanto, la Sedena, mediante un comunicado, expuso que en caso de existir anomalías, éstas serían detectadas por los órganos de fiscalización competentes, aunque precisó que hasta la fecha no hay pliego de observaciones al respecto. Consultado por Proceso, el vocero de la dependencia, coronel Francisco Enríquez Rojas, asegura que al momento de las contrataciones las empresas identificadas por El País no contaban con restricción y los servicios contratados fueron entregados a satisfacción. No hubo pronunciamiento sobre el caso de Fave.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2288 de la revista Proceso, ya en circulación.