CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Minerva Espinoza y su hija son víctimas de un desplazamiento forzado. Su destierro se inició hace 10 años.

“Pertenecemos a una familia dedicada a la agricultura y a la ganadería en Tlapacoyan, Veracruz. En la zona había grupos de la delincuencia organizada y la Policía Municipal asaltaba y secuestraba a la población. Seguido aparecía gente muerta, destazada”, cuenta Minerva.

Y añade: “El 22 de junio de 2012 mi esposo salió del rancho. Tenía que ir al pueblo porque hacía falta alimento. Nunca llegó. En un punto denominado Lado Verde fue levantado”.

La familia se enteró de que la camioneta del esposo de Minerva fue vista detenida en Lardo Verde. Lo acompañaba una persona de apodo El Oaxaco, quien solía pedirle trabajo en el corte de naranja. Algunos pobladores, dice Minerva, vieron cuando unos sujetos abordaron a su esposo.

Él, al ver que una patrulla municipal pasaba junto a ellos, pidió auxilio. Pero los uniformados se fueron de largo. Desde lejos, testigos vieron cuando lo sometieron.

Eran las 9:30 de la mañana cuando llegó un taxi a casa de Minerva para avisarle que se habían llevado a su esposo.

Minerva fue a la agencia municipal de Tlapacoyan a denunciar el secuestro; no encontró al agente del Ministerio Público. Después de dos días, cuando logró hablar con él, éste le dijo: “Ve a tu casa y tráeme el acta de matrimonio, la de nacimiento y una fotografía ampliada de tu esposo, para levantar la denuncia”.

Cuenta Minerva: “Salí de la agencia del MP y me dirigí a casa. Tendría unos 20 minutos de haber llegado cuando empezó a sonar el teléfono. Contesté. Y me dijeron: ‘Sabemos que vas a denunciar. Si lo haces, vamos por tu familia, te tenemos en la mira’. No regresé a la agencia. Empecé a vender lo que podía del rancho. Así fueron para mí los siguientes dos días”.

Así comenzó su peregrinar. Hasta que, acompañada por su suegra, ella reconoció los restos de su esposo en un cadáver en descomposición. Al reclamarlo le dijeron que ya había sido reconocido por otra persona que decidió cremar sus restos. Le entregaron las cenizas y un acta de defunción.

Minerva acudió a todas las instancias de justicia estatales y federales. Pedía que se efectuaran pruebas de ADN a una parte de esternón que servicios periciales conservó del cuerpo que ella y su suegra reclamaban. En 2015 les confirmaron que se trataba de su esposo. Recuperó las cenizas pero, después de seis años de haberlo identificado, las autoridades aún no le expiden el acta de defunción correspondiente.

Hoy Minerva y su hija son desplazadas.

“Obligados a abandonarlo todo”

“Vivíamos en el ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, Chiapas, Mi padre era ejidatario fundador, así lo dice un certificado de derechos agrarios. Su parcela es de 20 hectáreas y posee algunos solares de 50 metros cuadrados cada uno. En esas tierras la familia sembrábamos maíz y frijol, cosechábamos café, cultivábamos plátano. Además teníamos dos hectáreas de potrero en las que había tres caballos y dos yeguas. Todo se quedó cuando fuimos obligados a abandonarlo todo.”

Evita Méndez Núñez, una de las integrantes de la familia, narra su tragedia: “El 16 de diciembre de 2008 asesinaron a Francisco Cruz Méndez, un joven de 14 años hijo de un paramilitar. Ese día el joven salió al monte a buscar hojas para envolver tamal; ya no regresó. Lo buscaron dos días, lo encontraron muerto, macheteado. Su cuerpo estaba en uno de los solares de mi padre.

“Concentraron a los habitantes para una reunión; también llegó Herlindo López Pérez, regidor de la presidencia municipal de Ocosingo, quien le dijo al Ministerio Público que el asesino era el dueño del solar, y señaló a mis hermanos y a mi padre.”

Evita recuerda que, sin orden judicial, apresaron a su papá y a sus hermanos Amílcar y Armando; los dos, después de torturas y amenazas, firmaron una confesión. Los llevaron al Cereso 17 de Playas de Catazajá.

Ella tenía una tienda de abarrotes. El día del asesinato sus hermanos estaban en el negocio, la gente de la comunidad los vio allí. Por eso se sorprendieron cuando las autoridades y el líder que organizó a la gente en su contra los acusaron.

La familia de Evita era simpatizante de La Otra Campaña. Ese año la gente de la comunidad, que no estaba de acuerdo con eso, buscaron agredirla, acusando a sus hermanos y a su padre, Pedro Méndez Cruz.

Él y su hijo Pedro Méndez Núñez salieron ese mismo día en libertad, pero Amílcar y Armando Méndez Núñez permanecieron detenidos dos meses. “En cuanto los liberaron, mi padre y mi hermano Pedro regresaron a la comunidad, pero la gente empezó a agredirlos. Nos dieron un plazo de seis días para abandonar el pueblo”.

“El 6 de marzo de 2009 a las ocho de la noche llegaron más de 20 personas armadas; Herlindo López Pérez y Manuel López Méndez entraron a nuestra casa por la fuerza. Violaron a dos de mis cuñadas; no pudimos hacer nada. Estábamos solas las mujeres con los niños. Nos subieron a un camión de protección civil municipal”, narra Evita.

Después de 13 años de ser desplazada, ella y su familia viven en una bodega semidestruida que les presta el municipio. Se mantienen de la venta de frituras que hacen las mujeres, mientras los hombres salen a buscar empleo en la construcción. “Las mujeres vendemos chicharrines y salimos a vender en las calles, para ganar unos pesos y con eso compramos frijol y tortillas”.

Con la pandemia, los niños de la familia no tienen clases porque carecen de computadoras e internet. En total son 43 personas.

“En 2019 hicimos una caravana de pies cansados con la Coordinadora de Personas Desplazadas en el estado de Chiapas. Fue entonces que el gobierno del estado tomó cartas en el asunto; en ese momento nos entregaron ayuda humanitaria: lentejas, frijol, arroz, sal, sardina, chícharos, sobres de leche y bolsas de avena cada semana o cada 15 días”, que resulta insuficiente para las familias, dice Evita.

Cuando su familia intentó regresar al pueblo se hicieron mesas de diálogos, pero nunca se llegó a un acuerdo. ¿La razón?: La misma autoridad del estado y la municipal estaban involucradas en ese problema.

“Nosotros exigimos el retorno, porque allá tenemos solares, tierras, y teníamos casa. Todos trabajamos en el campo y teníamos nuestros propios negocios Ahora nos quedamos sin nada, nos duele mucho”, indica Evita.

“Presentamos una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Comitán, cuando estaba con vida todavía mi señor padre. La autoridad del tribunal no tomó en cuenta nuestras pruebas. Nos dimos cuenta de que, después de que fuimos obligados a desplazarnos, hubo medición de parcelas dentro del programa Procede y las tierras de mi padre las marcaron como de uso común. Resulta que mi padre no tenía tierras.”  

Reportaje publicado en la edición 2358 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.