Desde que iniciaron su querella contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la defensa de las agraviadas ha sido objeto de descalificaciones y se ha enfrentado a la hostilidad del juez Érik Zabalgoitia Novales, quien le ha echado abajo tres de las cuatro sentencias inculpatorias contra el exdirigente del PRI capitalino, acusado del delito de trata de personas y asociación delictuosa. Pese a los múltiples obstáculos, el proceso continúa.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Al menos cuatro sentencias del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, tres de ellas dictadas por el juez Érik Zabalgoitia Novales, permitieron al expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, evadir durante casi siete años las acusaciones de trata de personas y asociación delictuosa.

Ratificado en diciembre de 2016 tras enfrentar seis procedimientos administrativos menores, el juez Zabalgoitia Novales ha resultado un juez muy cómodo para la defensa de Gutiérrez de la Torre y muy hostil para los derechos de las víctimas, al grado de que el amparo contra la exoneración que le concedió el gobierno de Miguel Ángel Mancera se tardó cuatro años en ser aceptado y resuelto en forma definitiva a favor de las víctimas, retrasando el proceso penal en contra del dirigente priista.

Además, desde 2019, cuando Ernestina Godoy asumió la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el mismo juez federal entabló una confrontación permanente con las nuevas autoridades.

Así, de 2016 en adelante, tanto la fiscalía como la defensa de las víctimas han tenido que combatir de manera recurrente las resoluciones de Zabalgoitia ante juzgadores de mayor jerarquía, por lo que un tribunal colegiado, compuesto por tres magistrados, ha tenido que corregir los errores, omisiones y deficiencias de este juez de Distrito.

Desconoció a las víctimas

La procuraduría capitalina a cargo de Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, quien hoy busca ser fiscal del Estado de México, integró entre 2014 y 2015 una indagatoria muy deficiente sobre la red de trata de personas que operaba en el PRI de ­Cuauhtémoc Gutiérrez.

Con esa investigación deliberadamente omisa, según la actual fiscalía que ya investiga a los servidores públicos involucrados, un Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Gutiérrez de la Torre, resolución que luego de ser impugnada por las víctimas fue ratificada por el entonces subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, sucesor de Ríos Garza.

La defensa de las víctimas presentó un primer amparo, identificado con el expediente 956/2015, que fue turnado al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México.

El primer obstáculo fue la admisión, ya que los titulares de ese juzgado, al que se incorporó Zabalgoitia, se negaron a admitir la demanda, bajo el argumento de que el amparo no estaba firmado por las víctimas, sino por su asesora jurídica, Teresa Ulloa.

Asesor victimal, Héctor Alberto Pérez Rivera advierte que esa negativa del juzgado federal se dio “a pesar de que hay criterios reiterados que permiten a la representación legal debidamente acreditada ante la autoridad responsable promover juicio de amparo en favor de sus representadas”.

La resolución de un tribunal federal obligó a Zabalgoitia a corregir y a admitir la demanda de las víctimas, pero durante todo el amparo mantuvo su hostilidad a la defensa de las mujeres, ya que “compró el argumento del tercero interesado (Gutiérrez de la Torre) de que las víctimas eran un ‘invento’ de Teresa Ulloa y no existían”, explicó Pérez Rivera.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2365 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.