Clamor por los desaparecidos

Diversas organizaciones de derechos humanos del norte de la República elaboraron un alarmante informe sobre las desapariciones forzadas, especialmente en Tamaulipas: la mayoría son colectivas, de personas de alrededor de 30 años, y las denuncias de estos casos son ignoradas o estigmatizadas. El hallazgo de más de 100 cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando apuntala los datos del informe y, además, dicen sus autores, es “la punta del iceberg de una realidad que debe ser atendida por organismos internacionales”, porque en el país no hay experiencia ni intención de buscar a los desaparecidos.

 

El jueves 14, familiares de ocho hombres originarios de San Diego de la Unión, Guanajuato –desaparecidos el 9 de marzo de 2010 cuando trataban de llegar a Estados Unidos vía Tamaulipas– desistieron de su intento de ir a ese estado pese a los indicios, cada vez más sólidos, de que las personas que buscan estarían entre los 145 cadáveres exhumados hasta el viernes 15 en las fosas de San Fernando.

Tras dar muestras de ADN a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, los parientes de José Luis Banderas Hernández, Felipe de Jesús Tapia Frías, Jaime Rodríguez González, Javier García Campos, Jesús Humberto Cantero Hernández, Juan Balderas Tapia, Mauricio Rodríguez González y Miguel Balderas Pérez se convencieron de que su presencia en Matamoros “no aceleraría las investigaciones y que era preferible buscar una forma más efectiva de presionar a las autoridades”, dice a Proceso Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.

Esa organización ha documentado 15 casos de desaparición forzada en Guanajuato que les fueron presentados a los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU durante su visita a México el mes pasado.

López agrega: “El descubrimiento de las fosas clandestinas en Tamaulipas sacudió a las familias de los desaparecidos; tanto, que muchas que se habían reservado su dolor tuvieron que salir a poner una denuncia para que la procuraduría les hiciera las pruebas de ADN. De 27 familias que habían presentado queja formal antes de lo de Tamaulipas, la cifra se disparó a 60; esto habla de la gravedad del problema”.

Muchas de las familias que no han tenido el acompañamiento de organizaciones sociales, apunta, “han sufrido en solitario y al parecer son las que se desplazaron a Tamaulipas en busca de sus seres queridos”.

En entrevista por separado, Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice a Proceso:

“Antes de llegar al Centro, muchos ya habían acudido a varios estados donde se descubría una fosa clandestina, aunque su familiar no hubiera desaparecido ahí; previamente habían ido a centros de detención, cuarteles, hospitales, psiquiátricos, morgues…

“Con el apoyo de las organizaciones, que hemos presionado para que las autoridades se hagan cargo de las pruebas de ADN –antes querían que los deudos pagaran los gastos–, ahora presionamos para que hagan su trabajo y los familiares esperen los resultados. No hay necesidad de que vayan al infierno.”

La información genética de los familiares, apunta, “se va a cotejar con la de los restos que tiene la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y los que resulten positivos van a reclamarse al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, donde se van a almacenar”.

Ambas activistas coinciden en que ha sido la presión de organizaciones y familiares la que ha obligado a las autoridades a reconocer un problema que ya es inocultable: las desapariciones forzadas, multiplicadas en la guerra contra el narcotráfico.

En su informe preliminar, dado a conocer el 31 de marzo, el GTDFI señala que, en varios estados del país, “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006”; en ese mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró 283 expedientes por desaparición forzada.

En paralelo a las desapariciones, esta guerra contra el narco se ha caracterizado también por la siembra de cadáveres.

Un recuento hemerográfico de Proceso –tomando como rango la inhumación mínima de cinco cuerpos en un mismo sitio– revela que en este sexenio se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.

Antes del hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando, que hasta el viernes 15 sumaban 145 cadáveres, y de los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos sin sepultar descubiertos en 2010, en el ejercicio realizado por este semanario en la prensa nacional no se hallaron referencias de inhumaciones clandestinas con restos de cinco o más personas en Tamaulipas.

“No hay reglas claras”

 

Tras el descubrimiento de las fosas clandestinas de San Fernando, Ariel Dulitzky, integrante del GTDFI, reitera la posición de esa instancia de la ONU tras su visita al país: “México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”.

Consultado por este semanario vía correo electrónico, Dulitzky resalta que durante la visita del GTDFI, “a pesar de las preguntas formuladas, no recibimos información sobre los motivos por los cuales Plataforma México no ha sido utilizada de forma sistemática para determinar la suerte o el paradero de víctimas de desapariciones forzadas ni para encontrar posibles fosas clandestinas”.

Cauteloso en su respuesta por su condición de miembro del GTDFI, Dulitzky sostiene que “en México no existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos humanos, y tampoco para su almacenamiento”.

Durante la visita, apunta, “como Grupo de Trabajo resaltamos los problemas respecto a la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente, la identificación de restos, la exhumación de cadáveres, la falta de base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y la falta de acceso a la información relacionada con casos de las desapariciones forzadas”.

En una entrevista anterior con la reportera, el especialista resaltó que tras hablar con diversas autoridades del gobierno calderonista, la primera conclusión del GTDFI fue que “no asumen que hay un problema de desaparición forzada en México, lo cual, unido al tema de que hay indicios del deterioro de la situación de derechos humanos, es preocupante”. (Proceso 1796).

La máxima expresión de la negación del problema ocurrió el martes 12 en Torreón, Coahuila, durante una gira de trabajo de Felipe Calderón con empresarios.

Fuera del hotel donde se llevaba a cabo la reunión, el Estado Mayor Presidencial intentó cubrir con dos tráileres la protesta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que exigían la presentación con vida de 155 personas desaparecidas desde que arrancó la guerra contra el crimen organizado.

Fundec es una agrupación que junto con otras ocho organizaciones civiles, entre ellas los centros de derechos humanos Victoria Diez y Fray Juan de Larios, elaboró el informe La desaparición forzada. Expresión del incumplimiento de las responsabilidades de respeto, protección y garantía de los derechos a la seguridad, integridad y libertad en México.

El documento, del que Proceso tiene copia y que también se entregó al GTDFI, recaba 250 casos de desaparecidos en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato.

En su realización también participaron las organizaciones chihuahuenses Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Justicia para Nuestras Hijas y Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos; la nuevoleonesa Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (CADHAC) y el coahuilense Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.

El informe señala que 90% de las desapariciones en el noreste del país son colectivas; en su mayoría las víctimas son hombres con una edad promedio de 30 años; que las desapariciones son estigmatizadas con el término de “levantones” para “disimular o encubrir una desaparición forzada”, y que los familiares que se atreven a denunciar ante las autoridades deben demostrar que la persona reclamada “no es delincuente o prostituta”.

Entre los factores comunes que han identificado están: que cuando las autoridades ministeriales admiten una queja por desaparición forzada, la turnan al departamento de “personas extraviadas o ausentes”, o bien se integran actas administrativas o circunstanciadas que carecen de valor legal para iniciar una investigación; prevalece una dilación injustificable en las investigaciones, en tanto que a algunos familiares se les indica que “a sus seres queridos se los llevaron grupos de la delincuencia organizada, sin más, como si esto fuera excluyente de responsabilidad para las autoridades”.

Recurrentemente, organizaciones y familiares de desaparecidos son víctimas de hostigamientos y amenazas, incluso de las autoridades; se reportan casos extremos, como la denuncia penal por usurpación de funciones que interpuso la CNDH contra el abogado del CADHAC Leonel Jasso, por darle seguimiento a una queja.

En Chihuahua, policías federales y agentes de la PGR intentaron detener en enero pasado a Ángel Alvarado Fabela, padre José Ángel Alvarado Herrera y tío de Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos y desaparecidos por militares en diciembre de 2009.

El 28 de enero, acompañado por Luz Estela Castro y Gabino Gómez, del CDHM, Alvarado fue a las instalaciones de la PGR, donde pretendieron tomarle fotografías y huellas dactilares; un día después recibió una amenaza telefónica: “Nosotros tenemos a tu hijo y está vivo. Te vamos a matar como a un perro a ti y a tus hijos. Tienes 12 horas para dejar la casa y la ciudad; si no, los matamos a todos porque están hablando demasiado”.

El “hoyo negro” de Tamaulipas

 

En el informe de las nueve organizaciones se destacan los riesgos de cruzar por Tamaulipas porque en esa entidad prevalece “una situación de violencia tal que la posibilidad de documentación de las víctimas de esta guerra rebasa las posibilidades de las organizaciones civiles en este estado. Las dos casas de migrantes que hay en Tamaulipas sobreviven en medio de grandes riesgos que se han incrementado a partir de la denuncia de secuestros de migrantes”.

Los ataques del crimen organizado contra los migrantes no son nuevos. En entrevista con este semanario, Consuelo Morales Elizondo, directora del CADHAC, recuerda que en 2006 su organización recibió la denuncia de una migrante guatemalteca que fue víctima de explotación sexual luego de ser secuestrada al internarse en México.

“Llegó a Monterrey huyendo de sus captores. Lo que nos dijo es que sus secuestradores la concentraron con varios migrantes más en Veracruz, en un lugar administrado por una mujer a la que apodaban Madre; los traficantes pagaban por cada uno 500 dólares y de ahí los trasladaron a Reynosa en camionetas de lujo; todo el trayecto estaba arreglado con los militares, los policías estatales, federales y municipales.

“En Reynosa los llevaron a residencias vacías donde los traficantes seleccionaban entre quienes sus familiares podían pagar un rescate y quienes no; a éstos les daban la opción de trabajar con ellos, de traficar droga o prostituirse.

“La migrante contó que quienes intentaban huir recibían un castigo ejemplar: eran asesinados a golpes y sus cuerpos permanecían en la casa de seguridad hasta que el olor era insoportable; ese fue el destino de un amigo suyo que la defendió del abuso de los traficantes, y de dos mujeres que huyeron y acudieron a las autoridades de migración y municipales a denunciar. Fueron los municipales quienes las entregaron a sus verdugos”, agrega la directora de CADHAC.

Este caso, apunta Morales Elizondo, formó parte de una averiguación previa integrada por la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR. Pero “no sólo no hicieron nada sino que lo que nos demuestran las fosas de San Fernando es que la situación está peor; antes viajaban en camionetas con la complicidad de autoridades pero ahora secuestran camiones completos y eso no puede explicarse si no es con la complicidad de militares, policías federales, estatales y municipales”, añade.

En junio de 2008, Proceso documentó (número 1651) más de 130 desapariciones forzadas de diciembre de 2006 a junio de 2008 en Tamaulipas a partir de datos proporcionados por la Policía Ministerial de ese estado, que contabilizó 90 denuncias, y por los 48 registros del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa, organización que dejó de operar por la violencia incontenible, según información de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.

En noviembre de 2010, las organizaciones sociales empezaron a conocer casos concretos de secuestros de autobuses que partían del centro del país con rumbo a la frontera tamaulipeca.

Miguel Ángel García Leyva, abogado de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, con sede en Baja California, señala en entrevista con este semanario que en el Tercer Encuentro de Familiares de Desaparecidos que se llevó a cabo en la capital de Chihuahua “se presentaron familias de Guanajuato y de Michoacán que denunciaron el secuestro de 39 personas que viajaban en autobuses de pasajeros en el tramo de San Luis Potosí a Tamaulipas”.

García Leyva, cuya organización presentó al GTDFI una lista de mil 800 personas desaparecidas en Baja California, resalta que en una investigación realizada por su organización durante dos años detectó que en la carretera federal que recorre Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California “proliferan retenes con agentes federales y de la PGR entre los que detectamos personas armadas no identificadas como parte de la corporación, que son los encargados de subir a los camiones de pasajeros y, por la simple apariencia, bajar a presuntos migrantes, a quienes extorsionan e incluso llegan a desaparecer, sin que las autoridades intervengan”.

En el informe entregado por las nueve organizaciones de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato no hay duda de que en la guerra contra la delincuencia organizada las “principales víctimas son hombres y mujeres, ciudadanos trabajadores cuyo único ‘delito’ ha sido estar en el lugar y momento equivocados, y su victimización es justificada por el titular del Ejecutivo como daños o efectos colaterales”.

Los casos documentados, agrega el documento, son “sólo la punta del iceberg de una realidad de otras dimensiones que consideramos debe ser atendida por organismos internacionales de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU”.  l

 

 

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