MÉXICO, D.F. (apro).- Felipe Calderón reprendió hoy a los titulares de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, a quienes pidió también que, al menos, escuchen “los discursos del presidente”. Además, giró instrucciones al resto del gabinete presidencial, para que se implementen medidas de atención a las personas con discapacidad, empezando por las instalaciones de las dependencias “en donde, esperamos, suelen trabajar”. Durante la instalación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, el presidente expresó su molestia con los mencionados secretarios, pues recordó que hace un mes, cuando promulgó la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad (LGIPD), se planteó la eliminación de una “declaración interpretativa”, relacionada con la capacidad jurídica de los discapacitados. De acuerdo con la LGIPD, la Declaración Interpretativa emitida por el Estado mexicano abre la oportunidad para que todo sujeto objeto de la protección de esa ley, pueda ser representado por un tutor y no a sí mismo. Sin embargo, para la comunidad discapacitada, esta medida limita sus derechos de auto representación en situaciones judiciales, por lo que demandaron su desaparición. La discusión es sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, el reconocimiento de la ley para que puedan celebrar contratos y representarse jurídicamente ellos mismos, sin necesidad de un tutor. La propuesta ha sido ampliamente discutida por organismos defensores de derechos humanos desde octubre de 2007, cuando el Senado de la República aprobó la mencionada ley, que se planteó en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, signada y ratificada por México ese mismo año. Calderón recordó que el pasado 27 de mayo, al promulgar la mencionada ley, hizo referencia a la eliminación de la Declaración Interpretativa, pues consideró que quienes la proponen, tienen argumentos convincentes. “Ha transcurrido ya casi un mes. A mí no me ha dicho nada la Secretaría de Relaciones Exteriores, tampoco me ha dicho la Secretaría de Gobernación, porque pregunté que, si no había una objeción seria para remover esa Declaración Interpretativa, habría que removerla. “Y como no han dicho nada, y yo espero que por lo menos le pongan atención a los discursos del presidente, le voy a dar instrucción a la Secretaría de Relaciones para que desde este momento inicie el procedimiento para retirar la reserva o la Declaración Interpretativa de la Convención de las Personas con Discapacidad”, expresó. Más adelante, Calderón fue enfático al ordenar el procedimiento para eliminar la mencionada declaración interpretativa. “Ya si de plano surge alguna cosa así, severa. En fin. Que sea su riesgo. Pero la verdad es que ya pasó el tiempo suficiente como para que me lo hubieran dicho. Seguramente no hay nada grave que impida retirar esa reserva. Además, lo que entiendo, es que la Constitución ya establece criterios interpretativos pro homine, así que, ahora sí que, el que calla otorga, y se quita”, instruyó. El principio pro homine mencionado por Calderón, consiste en la aplicación de la norma que más convenga al sujeto objeto de protección, contenida en los tratados internacionales y las leyes de un país. Lo que Calderón expresó es que por ese principio, el artículo que más conviene a las personas con discapacidad es el de la Convención, por lo que forzosamente, debe ser retirada la declaración interpretativa. Calderón siguió repartiendo llamados de atención, al comprometerse a que su gobierno adoptará las políticas públicas necesarias para garantizar el desarrollo de las personas con discapacidad, tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. “Hay varias cosas que podemos hacer, que tenemos que ver la manera en que se puedan hacer, por lo pronto, a nivel federal. Por ejemplo, vamos a garantizar el libre acceso a los edificios públicos federales y, ojalá, se pueda garantizar a todos los edificios públicos del país. “Pero, por lo pronto, yo aquí instruyo a los secretarios que están aquí presentes, y a los ausentes también, a que le busquen y que garanticen que haya libre acceso a los edificios en donde ustedes, esperamos, suelen trabajar. Bueno, trabajan”, expresó irónico. Entre otras medidas, instruyó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a forzar la adecuación de aeropuertos, y a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alonso Lujambio y Bernardo de la Garza, respectivamente, a hacer esfuerzos e impulsar el deporte adaptado, y que las instalaciones con que se cuenta por lo menos tengan los accesos necesarios. Calderón expresó su malestar por cederle a las delegaciones políticas del Distrito Federal las instalaciones deportivas, y exigió mejorar “las que tengamos en el gobierno federal” y “que vayamos viendo de qué manera podemos fomentar el deporte adaptado en las instalaciones deportivas federales”. De acuerdo con el mandatario, en el país hay más de cinco millones 700 mil personas que padecen alguna discapacidad, y el Estado debe garantizarles el respeto a sus derechos. Esas personas con discapacidad, subrayó, reclaman oportunidades y no dádivas, exigen igualdad y equidad, no altruismo o caridad.