MÉXICO, D.F. (Apro).- Ni un mes le duró el triunfalismo a Felipe Calderón por la entrega de uno de los fundadores de La Familia Michoacana y arrebatado por las ominosas bajas de la Policía Federal, envió este fin de semana mil 800 efectivos más a Michoacán, dispuesto a que el proceso electoral en el que participa su hermana esté marcado por la violencia. Apenas el 21 de junio, cuando inerme y sentenciado a muerte por sus exsocios, Jesús El Chango Méndez Vargas se entregó a la Policía Federal en Aguascalientes, el comisionado de esta corporación Facundo Rosas y el vocero gubernamental de seguridad, Alejandro Poiré, festinaron “la destrucción” de esa organización delictiva. Con la detención del Chango y la muerte, nunca probada, de Nazario Moreno, El Chayo, durante un enfrentamiento con la Policía Federal en diciembre pasado, ambos funcionarios se dedicaron a hacer una engañosa propaganda de que destruido el grupo de Méndez Vargas, lo que “sólo” quedaba era detener a los dos líderes de Los Caballeros Templarios, la otra facción en la que se dividió La Familia Michoacana tras la desaparición oficial del Chayo, el ideólogo de la organización. Ni sus “operaciones quirúrgicas” ni de “inteligencia” pudieron prever y menos evitar que los “diezmados” Servando Gómez, La Tuta, y Enrique Plancarte, El Kike, con sus Caballeros Templarios arremetieran el sábado 2 de julio contra la base de la Policía Federal en La Piedad, en el inicio de una ofensiva que ha reafirmado a Michoacán como la tumba de decenas de efectivos federales. La respuesta de Calderón y su ofendido secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue su obstinada estrategia: a la violencia delictiva hay que sumarle la violencia del Estado. El resultado, lo sabe el mundo, 45 mil muertos en cuatro años y medio. Michoacán con más de cinco mil. Según anunció la secretaría de Seguridad Pública (SSP), el sábado 9 fueron enviados a la entidad mil 800 policías federales “con unidades de soporte logístico y técnico (y) 170 vehículos diversos, entre ellos unidades blindadas, 15 ambulancias y 4 helicópteros (MI y Black Kawk)”. Por las características del despliegue, Calderón ya dio la orden para que se realicen operaciones de asalto como la de diciembre pasado en varias comunidades de Apatzingán, en la que se anunció la muerte del Chayo o El Más Loco y que desató durante dos días violentos bloqueos en una docena de municipios de la entidad en los que además de muertos y heridos durante los enfrentamientos, numerosos civiles fueron afectados y cientos de negocios sufrieron pérdidas sin que el Estado mexicano los compensara. Los nuevos asaltos violentos de la fuerza federal están anunciados: Con los helicópteros, informó la SSP, los federales tienen “ventajas operativas con la más avanzada tecnología, controles automatizados y un amplio rendimiento en las condiciones más extremas, (capaces) de soportar más de cuatro toneladas de peso y sistema infrarrojo de búsqueda avanzada”. Como ocurrió en diciembre, los federales usarán los helicópteros para el asalto y para la retirada, recogiendo a sus muertos y heridos, sin que informen de sus bajas reales. Aunque con la información proporcionada por El Chango es de esperarse que los federales vayan sobre objetivos específicos, no será fácil ante la capacidad de fuego de Los Caballeros Templarios, que por años se ha hecho de poderoso arsenal, incluidos, probablemente, lanzacohetes. Pero aunque de con los jefes de Los Caballeros Templarios otros ocuparán su lugar en el lucrativo negocio de las drogas en las zonas controladas por los michoacanos dentro y fuera de la entidad, incluidos otros territorios, como el centroamericano. Calderón está dispuesto a violentar aún más Michoacán y exacerbar la campaña electoral a favor de su hermana Luisa María, quien buscará lo que él no pudo en dos ocasiones: ser gobernador de su estado. Más que en ninguna otra entidad, es la guerra de Calderón y de García Luna. Ambos tienen afrentas personales. Devastado por la delincuencia organizada durante los gobiernos del PRD, los michoacanos se aprestan a más violencia todavía y tampoco llamaría a sorpresa otro michoacanazo, pese al fiasco judicial del anterior que lo único que provocó fue fortalecer las relaciones entre la delincuencia organizada y el poder político. Cualquier Estado, en efecto, tiene que responder ante quienes desafían su integridad. Pero los afanes personales hacen de la razón de Estado, mera venganza sangrienta. jcarrasco@proceso.com.mx