Solicitan a la CIDH intervenir para que restos de migrantes no acaben en fosas comunes

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para evitar que los restos de inmigrantes masacrados en Tamaulipas sean llevados a la fosa común.
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, solicitó la intervención de ese organismo antes de reunirse con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Trabajadores Migratorios y sus Familias, Felipe González Morales, quien visita México del 25 de julio al 2 de agosto.
El presidente de la CDHDF explicó que la intención de solicitar medidas cautelares es que se realicen a profundidad las investigaciones sobre la masacre de indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, y que cada uno de los 193 cuerpos localizados en 46 fosas sean identificados plenamente.
Según González Placencia, si los cuerpos son llevados a la fosa común, “después va a ser mucho más difícil tener criterios para identificarlos o se pueden confundir, como ya ocurrió, pues dos familias hondureñas recibieron cuerpos de personas que no eran sus parientes”.

Entre otras medidas, el ombudsman capitalino pidió a la CIDH que exija al gobierno de Felipe Calderón la creación de una base de datos de ADN confiable y que se establezcan protocolos de identificación de cuerpos.
Organismos civiles de El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, además de representantes de albergues de migrantes en México, acompañaron la solicitud de medidas cautelares.
El relator Felipe González recibió de González Placencia un informe sobre la situación de los migrantes en la ciudad de México, en el que destaca que los hallazgos de 196 cadáveres en Durango y 193 en Tamaulipas demuestran que “persiste el desentendimiento por parte del Estado mexicano para con los migrantes extranjeros, sobre todo cuando se observa actuar con lentitud y poca capacidad de respuesta, que se traduce en impunidad”.
El documento cita parte del informe especial que el gobierno de Felipe Calderón entregó en 2010 a la CIDH, e indica que de enero de 2008 a abril de 2010 “sólo registró 141 casos de secuestros de personas migrantes, de las cuales sólo existe un acta circunstanciada, 44 averiguaciones previas, 14 incompetencias, 36 detenidos, 33 consignaciones, dos sentencias y únicamente 393 víctimas reconocidas en procesos penales”.
El texto destaca que a nueve años de la última visita de la relatoría especial de la CIDH, las condiciones de penalización de la migración extranjera irregular, el hacinamiento y falta de servicios en las estaciones migratorias no sólo no han cambiado, sino que “se han profundizado”.
Y refiere que a pesar de que se creó una ley específica en la que presuntamente se reconocen los derechos de los migrantes, “la inercia de las prácticas de las autoridades migratorias, así como el crecimiento y la visibilización de la delincuencia organizada, han agudizado estructuralmente la condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito por el territorio nacional”.
Además, añade, la violencia e impunidad generalizada impactó en el incremento del “secuestro, tráfico y trata de migrantes”, considerados como “negocios altamente redituables ante la debilidad institucional crónica que ya se padecía en el país”.
En su informe, la CDHDF destaca su preocupación por el incremento de agresiones a los defensores de indocumentados, y ofrece cifras alarmantes: de enero de 2006 a agosto de 2009 se registraron tres agresiones en contra de defensores; de octubre de 2009 a octubre de 2010 fueron dos los actos violentos, mientras que en el semestre de 2011 se reportaron siete casos de agresiones.
El organismo presidido por Luis González Placencia destaca que en la capital del país hay 82 mil 336 migrantes regulares y 8 mil 433 irregulares, y que ambos sectores son víctimas de delitos, muchos de ellos no denunciados, que aún siguen siendo graves “debido a las escasas garantías que, en la práctica, las y los funcionarios ofrecen para no denunciar la calidad migratoria del denunciante”, además del desconocimiento de los propios indocumentados respecto de la no obligatoriedad para acreditar su estatus.
De 2007 a 2010, agrega, la Procuraduría General de Justicia del DF registró 3 mil 937 averiguaciones previas en las estuvo involucrado un extranjero, de las cuales 16 fueron denuncias por violación sexual, una por hostigamiento y cinco más por diversos delitos sexuales.
En cuanto a violaciones a derechos humanos, la CDHDF informa en su escrito que de 2007 a mayo de 2011 se integraron 39 expedientes de queja por violaciones al derecho de seguridad jurídica (36%), a los derechos de las personas privadas de su libertad (28%), a la integridad personal (8%), al derecho a la honra y a la dignidad (5%), y a los derechos de la persona ofendida (5%).
En el documento, el órgano de derechos humanos denuncia, asimismo, que migrantes extranjeros, sobre todo centroamericanos, han sido víctimas de agentes de la policía Judicial y auxiliar, que los han despojado de dinero tras exigirles que acreditaran su situación migratoria.
En tanto, organizaciones civiles que participaron en el encuentro con el relator especial de la CIDH expusieron casos concretos de abusos contra migrantes, y explicaron que la falta de una política migratoria con enfoque de derechos humanos “ha provocado un contexto de inseguridad que ha permitido la perpetuación de la ‘tragedia humanitaria’ de secuestros y otros abusos cometidos a personas migrantes indocumentadas”.
Expusieron las deplorables condiciones de las estaciones migratorias, la falta de atención a los grupos de indocumentados más vulnerables (mujeres, adolescentes, niñas y niños), y crecientes amenazas y actos de hostigamiento contra los defensores de derechos humanos de aquellos.
Al relator también le plantearon las deficiencias de la Ley de Migración, así como las condiciones que padecen los grupos migratorios nacionales que se mueven de entidades del sur de México hacia estados del norte, para trabajar en los campos de cultivo, donde en muchas ocasiones han encontrado la muerte, sin que se cubran las indemnizaciones de ley.
En un comunicado, firmado por los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, así como por la Red por los Derechos de la Infancia, las agrupaciones confiaron en que con la información aportada “se constaten las graves violaciones a los derechos humanos que sufre la población transmigrante en México, así como la ausencia de programas gubernamentales de verdadera protección a los migrantes mexicanos y sus familias”, y que la CIDH tenga elementos suficientes para emitir recomendaciones correspondientes al gobierno mexicano.
Las otras organizaciones firmantes son ENLANE, Comunicación y Capacitación; FM4 Paso Libre; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM); Instituto Moa, y Un mundo una Nación.

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