COLIMA, Col. (apro).- Tras el asesinato de la estudiante Andrea Rodríguez García, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves 25 en un canal de riego, el rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López, solicitó a las autoridades judiciales el “esclarecimiento riguroso” de los hechos, y planteó la necesidad de fortalecer las estrategias contra la inseguridad en el estado. Estudiante de tercer semestre de bachillerato, la joven de 16 años de edad desapareció desde la tarde del sábado 20, cuando se dirigía a un campo deportivo ubicado al sur de la ciudad. Su muerte, que según la Procuraduría General de Justicia fue por estrangulamiento, generó la indignación de diversos sectores de la población, lo que motivó una marcha silenciosa y una manifestación de protesta para exigir al gobierno estatal la detención y castigo a los responsables del crimen. De acuerdo con el informe del Servicio Médico Forense (Semefo), la víctima podría haber fallecido aproximadamente cinco días antes de la localización de sus restos, es decir el mismo sábado en que desapareció. El miércoles 24 –cuando la joven todavía se encontraba desaparecida–, el Congreso local aprobó reformas para la tipificación del feminicidio como delito penal, pero en este caso no se podrá aplicar esa nueva legislación, en virtud de que no ha sido publicada en el Diario Oficial del estado. En una carta difundida este lunes, el rector Miguel Ángel Aguayo señaló que la atmósfera que genera la violencia y la inseguridad es resultado de la ausencia de políticas apropiadas para su combate. “Se atacan las consecuencias de esta falta de políticas y no su origen”, advirtió el directivo universitario, a la vez que consideró que el Estado tiene “la obligación explícita de auspiciar la convivencia cívica en un marco de derecho y seguridad, por lo que es impostergable una coordinación efectiva entre todos los protagonistas y factores involucrados”. Aguayo López expresó su convencimiento de que ante la violencia no existe ni habrá una fórmula única aplicable a todos los casos, aunque manifestó que un factor que debe tomarse en cuenta es el fortalecimiento de los programas de promoción socioeconómica y de empleo entre la población denominada en riesgo, como jóvenes y sectores marginales. Otro aspecto que debe atenderse, expuso el rector, es el jurídico-policial, que “va desde la profesionalización permanente de los cuerpos de seguridad y depuración de los mismos hasta la acreditación de una legislación actualizada para que tengamos un marco legal pertinente que afronte la problemática”. Puntualizó: “Una característica muy importante es que las medidas y estrategias que practique el Estado mexicano deben, sin excepción, contemplar el respeto irrestricto de los derechos humanos”. Al considerar que “la inseguridad es un problema de todos y a todos nos toca actuar”, Aguayo López llamó a los ciudadanos colimenses a enviar a la Universidad sus propuestas sobre ese tema para que la institución funja como vínculo con las autoridades sobre las preocupaciones en ese sentido.