OAXACA, Oax. (apro).- El diputado Flavio Sosa Villavicencio (PT) exigió a los gobiernos federal y estatal que investiguen si el exgobernador Ulises Ruiz cometió “fraude” para la adquisición de deuda pública, como lo hizo su correligionario priista, Humberto Moreira, en el estado de Coahuila. “Debemos tener la seguridad de que no estamos financiando el equipamiento de los hospitales privados del tirano (Ulises Ruiz)”, dijo Sosa al referirse a la deuda por cuatro mil 123 millones de pesos de pesos que Ruiz le heredó al actual gobierno encabezado por Gabino Cué. El legislador insistió en la urgencia de hacer auditorías a fondo sobre los recursos de la deuda adquirida por el exmandatario e identificar claramente para qué fueron utilizados y de qué manera. Es necesario, dijo, tener claridad sobre cómo y por qué la deuda pública creció mil veces, al pasar de 416 millones de pesos (cifra que dejó José Murat) a cuatro mil 123 millones de pesos. De acuerdo con Sosa Villavicencio, urge saber si ese dinero no está sirviendo para pagar obras que no fueron realizadas o para enriquecer aún más a las personas y empresas que fueron ilegalmente beneficiadas con contratos de infraestructura por la administración anterior. Citó como ejemplo la información que reveló la revista Proceso en su edición 1825, con fecha 23 de octubre de 2011, sobre un fraude por 118 millones de pesos cometido durante la administración anterior para pagar equipo médico que nunca llegó a los Servicios de Salud de Oaxaca. El caso se encuentra en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría de Justicia estatal. Según el legislador petista, el aumento de mil veces en la deuda pública no toma en cuenta los contratos por prestación de servicios, con un costo cercano a los tres mil millones de pesos, mediante los cuales la actual administración actual continúa pagando la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. En ese sentido, pidió analizar si se continúa con el pago o se rescinden dichos contratos y se devuelven las obras por costosas y malhechas. Asimismo, demandó revisar a profundidad qué empresas se benefician con esos contratos, para evitar la posibilidad de que sean los propios funcionarios de la pasada administración gubernamental, o sus prestanombres, quienes continúen saqueando los recursos del erario. “Se debe también hacer un análisis del costo y la utilidad pública de las ciudades Administrativa y Judicial”, en virtud de que, dijo, no parecen obras indispensables frente a las graves carencias y rezagos que enfrenta un estado tan empobrecido como Oaxaca. “Parece más bien que (los funcionarios de la pasada administración) encontraron una forma inmoral de hacer negocio a costa del dinero del pueblo”, señaló.