PUEBLA, Pue. (apro).- Elementos de la Policía Federal y agentes ministeriales tomaron este martes las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Puebla "Hermanos Serdán", luego de que el gobierno del estado disolvió la empresa público-privada Operadora Estatal de Aeropuertos S.A. de C.V. (OEA), de la cual el empresario Ricardo Henaine era socio mayoritario. Los vuelos y servicios del aeropuerto quedaron suspendidos desde hoy y el gobierno estatal anunció que la terminal reanudará actividades hasta el viernes 2 de diciembre. El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, informó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) se hará cargo de la administración del aeropuerto, debido a que con la disolución de la empresa operadora se le retiró la concesión a Ricardo Henaine. El gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que la empresa OEA fue disuelta porque violaba la Constitución de Puebla, así que solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), realizar el procedimiento para recuperar el control de la terminal aeroportuaria. Mencionó que aunque el gobierno estatal y ASA tenían el 51 por ciento de inversión, no podían tomar decisiones sin que el operador, que en este caso era el empresario Ricardo Henaine, estuviera de acuerdo. Uno de los casos que mencionó en los que no se pudieron poner de acuerdo con el inversionista privado fue para condonar las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA), lo que ha impedido que se desarrollen nuevas rutas. El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, rechazó que este procedimiento forme parte de una persecución política contra Henaine; y aseguró que la recuperación del control del aeropuerto se realizó conforme a la ley. Desde febrero pasado, cuando arrancó la administración de Moreno Valle, al empresario ha denunciado que es víctima de una persecución política orquestada por el gobernador. Primero se le retiró el comodato del edificio que albergaba el periódico El Heraldo de Puebla y el predio que ocupaba el parque de diversiones "Valle Fantástico". Manzanilla afirmó que otra de las razones por las que se tomó la determinación de disolver la operadora del aeropuerto fue que los accionistas privados no cumplieron con acuerdos de inversión en obras que requerían las instalaciones del aeropuerto. "Ahora se tendrá que evaluar la participación accionaria para repartir las ganancias, si es que las hay", refirió el funcionario. Los vuelos de Volaris hacia Cancún, Quintana Roo, y Tijuana, Baja California, quedaron suspendidos, por lo que unos 140 pasajeros que tenían boletos comprados para este día fueron trasladados al Distrito Federal para que realizaran sus viajes. Rodolfo Aguilar Mijangos, abogado del empresario, dijo que el gobierno del estado notificó la cancelación del contrato de concesión hasta la noche del lunes. El decreto con el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da por finiquitada la concesión del aeropuerto a la empresa de participación pública-privada Operadora Estatal de Aeropuertos, fue publicado este día en el Diario Oficial de la Federación. En el decreto se hace referencia que la concesión fue otorgada el 5 de octubre de 2000, por un plazo de 50 años, pero que se daba por extinguida "con el fin de evitar o minimizar la interrupción de la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios al público en el Aeródromo". En cuanto a la disolución de la empresa OEA, fue publicada el lunes en el Periódico Oficial del Estado y en el se explica que se basa en una recomendación de las Secretarías de la Función Pública y de la Contraloría, derivada de una auditoría conjunta en la que observaron irregularidades. Entre las anomalías que sustenta la decisión de que OEA se extinga destacan: "La estructura accionaria y sus estatutos obligaban al gobierno del estado y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (como accionistas de OEA) a requerir forzosamente el consentimiento de un socio privado para tomar todas y cada una de las decisiones relativas a la operación del aeropuerto. Sometiendo así el interés público a los intereses de una sola persona." Asimismo, la conformación de su consejo de administración viola el orden jurídico, creando una serie de irregularidades legales desde su conformación. También menciona que los "adeudos" del socio privado superan los 50 millones de pesos, que habían sido autorizados por el Congreso del estado.