MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de que la organización Human Rights Watch afirmó que “la violencia ha aumentado horrorosamente en México” y que prevalece la impunidad policíaca-militar, el gobierno de Felipe Calderón proclamó su inocencia y reiteró que es respetuoso de los derechos humanos, incluidos los de periodistas. “El gobierno federal rechaza los señalamientos de HRW sobre las violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad federales en México y reitera su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas y confirma su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad”, respondió la Secretaría de Gobernación en un comunicado. La respuesta del gobierno de Calderón al informe de Human Rights Watch, dado a conocer ayer, se da en un comunicado extenso que detalla las acciones que supuestamente se han tomado para garantizar la seguridad de los mexicanos y combatir la impunidad en los casos de abusos de los cuerpos de seguridad. “El trabajo del personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Marina Armada de México en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada se desarrolla en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública, atendiendo a la problemática particular que pone en riesgo la integridad física de la población y limita el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad”, puntualizó. Según la Segob, se actúa apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo de manera permanente la seguridad e integridad de la población, fortaleciendo la transparencia y apertura de los cuerpos armados para informar de manera detallada y fidedigna sobre el cumplimiento de sus misiones asignadas. En este sentido, añadió, se han implementado una serie de acciones en la presente administración para fortalecer la cultura de su respeto y a los derechos fundamentales, entre ellas la creación de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional para atender los asuntos relacionados con este tema. El 12 de mayo, por ejemplo, se firmó el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Sedena, con el propósito de desarrollar actividades en materia de capacitación, formación y divulgación en derechos humanos. Además, “se creó un apartado en la página web de la Sedena con el rubro derechos humanos, donde se detalla, entre otros aspectos la situación de las quejas y recomendaciones emitidas por la CNDH y en donde se describe la situación jurídica que guarda cada caso”. Puntualizó que, desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha, la CNDH ha recibido 6,065 quejas en contra de personal militar, las que han dado como resultado tan sólo 98 recomendaciones, lo que significa que únicamente el 1.61 % de la totalidad de las quejas han concluido en recomendación, y en todos los casos, la Procuraduría de Justicia Militar ha iniciado la averiguación previa para determinar la responsabilidad de los involucrados, y en su caso, consignar ante los juzgados correspondientes. “Con este mismo sentido de apertura y transparencia es que se ha informado en la página web de la Sedena que 266 militares relacionados con las 98 recomendaciones emitidas por la CNDH ha sido indiciados o sujetos a proceso, habiéndoseles dictado, hasta el momento, sentencia condenatoria a 29 de estos militares.” Por su parte, señaló la Segob, la Armada de México ha recibido un total de 663 quejas contra derechos humanos, de las cuales 339 han sido concluidas, de éstas, 328 han quedado sin responsabilidad para la institución o su personal; de las 663 quejas interpuestas en contra de la Semar, la CNDH ha emitido once recomendaciones en las que se ha determinado responsabilidad en el actuar del personal naval, lo que representa un 0.0073 por ciento del total de operaciones. En este sentido han sido procesados ocho elementos de la institución, y dos más están en proceso. Recordó que el Ejecutivo Federal presentó, el 19 de octubre del 2010, al Congreso la iniciativa de decreto por el que se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Código Penal, del Código de Procedimiento Penales y de la Ley que establece las Normas mínimas sobre readaptación de sentencias. Esta iniciativa propone adecuaciones legislativas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de excluir los delitos de violación, desaparición forzada de personas y tortura de la jurisdicción militar. Además, el 7 de julio del 2011, el Ejecutivo emitió un acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, a partir de la instrumentación de acciones coordinadas en el ámbito de sus atribuciones que desarrolla la Segob en relación con instancias y dependencias federales; el objetivo es lograr la protección de defensoras y defensores en riesgo y reiterar su compromiso de lograr un respeto irrestricto a los derechos inherentes de toda persona. Concluyó: “Asimismo, en materia de protección a periodistas, el 1 de julio de 2010, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad Expresión, muestra clara de que el Estado no ha desatendido los temas relativos a la violencia contra periodistas, asumiendo su deber de investigar todos los casos en los que se vean involucrados estos últimos.”