OAXACA, Oax. (apro).- La integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio, Lucila Bettina Cruz Velázquez, fue liberada este jueves luego de cubrir la fianza fijada por el juez. La activista permaneció bajo arresto 24 horas en la prisión preventiva del reclusorio de Tehuantepec, informó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gustavo Tomás Hernández Cruz. La detención de la profesora ocurrió la víspera, en la ciudad de Juchitán, cuando salía de una reunión con el gerente regional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con quien trató lo relacionado a la indemnización de Jesús Jiménez Sánchez, quien fue atropellado por un vehículo de esa empresa el pasado 27 de enero en Santa María Madani, comunidad donde fueron retenidos empleados de la paraestatal. La activista fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en cumplimiento a una orden de aprehensión que libró el juez Sexto de Distrito por los delitos de privación ilegal de la libertad de trabajadores de la CFE, aunque también se le acusa de ser “opositora a la explotación de las riquezas nacionales”. Cruz Velázquez ha abanderado las justas luchas de los pueblos del Istmo por la defensa de su territorio y también se ha manifestado contra el alto costo de las tarifas del servicio eléctrico que la CFE ha impuesto a la ciudadanía. Además, se ha opuesto a la construcción del parque eólico en el Istmo, por lo que ha recibido amenazas de muerte y ha sido considerada como un “estorbo” para intereses de las grandes trasnacionales, en su afán de adueñarse y apoderarse del territorio en Istmo de Tehuantepec. Por la mañana, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el arresto de la indígena Lucila Bettina Cruz Velázquez, acusada de cargos fabricados para evitar que continúe su trabajo como activista y “se enfrasque en un proceso judicial injusto”. En un comunicado, el organismo consideró que su captura “forma parte de un patrón de arrestos a defensores de derechos humanos bajo cargos infundados de privación ilegal de libertad a funcionarios públicos y que han derivado en juicios injustos seguidos de largos periodos de detención a activistas”. Dado que los agentes de la PGR no mostraron una orden de arresto a la activista a la hora de su detención y tampoco explicaron los motivos, AI hizo un llamado al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, para garantizar que Cruz Velázquez no fuera sujeta a tortura y malos tratos, y demandaron que tuviera acceso a un abogado de su elección. De igual forma, urgió a las autoridades a asegurar que los procesos judiciales no se basen en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia a los activistas por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos, y que su derecho a un juicio justo sea garantizado de acuerdo con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a fianza que correspondería a las imputaciones realizadas en su contra. También pidió a las autoridades garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, y que éstos no sean sujetos de procesos judiciales injustos.