MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en su investigación sobre las agresiones contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, localizada en Guerrero, no se criminalice la protesta social. Al anunciar la entrega de un memorial de Ayotzinapa a la CNDH, el Centro Prodh se pronunció por que “la investigación de los hechos sucedidos se realice desde un panorama amplio y contextualizado, en el que se valore la legítima causa de la lucha por el derecho a la educación”. Además, se manifestó en contra de la “criminalización de la protesta social, dada la relevancia de su ejercicio en los procesos democráticos”. La represión y muerte de dos jóvenes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida el 12 de diciembre 2011, es el primer caso en el que la CNDH ejerce su facultad de investigación de hechos en los que probablemente se produjeron graves violaciones a derechos humanos –que anteriormente correspondía realizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, en apego a la nueva reforma constitucional en esa materia. Según la organización no gubernamental, el objetivo central en la entrega de un memorial de Ayotzinapa fue para “abonar a que la investigación emprendida por el organismo público cumpla con los más altos estándares en materia de derechos humanos”. Para el Centro Prodh, “el caso Ayotzinapa –en el que participaron policías federales, estatales y ministeriales– es sin duda una oportunidad histórica para sentar precedentes y parámetros de investigación que contribuyan al acceso de la verdad y la justicia”. Los criterios “mínimos indispensables” para que la investigación de la represión a los estudiantes de Ayotzinapa “tenga un verdadero carácter especial y esté conducida de manera eficiente”, deberán contener seis puntos esenciales, agregó. Para que el organismo nacional cumpla con su misión constitucional, señaló, debe tomar en cuenta el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables, la reparación del daño, la aplicación de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, la participación amplia de las víctimas y sus representantes en las investigaciones, así como la difusión masiva de los resultados y un seguimiento puntal a las recomendaciones.