Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y y la propia ómbudsman estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por su torpeza política, su frivolidad y su falta de previsión y de eficacia para enfrentar a la delincuencia en el estado. Una prueba de esta incapacidad es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie

MONTERREY, NL.- El lunes 20, al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León visitó el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda autoridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al Casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas, la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco parar remediar el hacinamiento y el autogobierno en ese centro penitenciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de consumo de droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter para enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1843, ya en circulación)