Pese a los reclamos de activistas sociales, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, el gobierno calderonista se niega a terminar con el arraigo, bajo cuya oprobiosa figura jurídica las autoridades policiacas y militares detienen a cualquier ciudadano que ellas consideran sospechosa.  Tal es el afán por fabricar culpables, que no se preocupan por demostrar sin son culpables. Proceso reproduce los testimonios de algunas de las víctimas que simplemente no saben por qué se ensañaron con ellas. Eran las ocho de la noche del 20 de noviembre último cuando un sedán color arena se le cerró al auto que conducía Edwin Emilio Escamilla Cabrera en la ciudad de Pachuca, donde trabaja como policía preventivo. De él descendió un sujeto que le preguntó: “¿Eres hijo de Francisco Escamilla Amado?”… Sin darle tiempo a responder, lo sacó por la fuerza de su Chevy Monza para subirlo al sedán donde lo esperaban tres personas. Comenzaron a golpearlo; luego lo llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial y siguieron  torturándolo. Al segundo interrogatorio Edwin, de 29 años, se dobló y firmó un documento en el que aceptó que durante ocho meses colaboró con El Pino, a quien le informaba sobre operativos policiacos. Más tarde se enteró que El Pino se llama José Vega Pérez y trabaja para Los Zetas; supo también que José Augusto Vega Pacheco y 10 policías de Actopan con los que supuestamente está relacionado también estaban detenidos. Edwin estuvo incomunicado tres días en los separos de la procuraduría hidalguense. De ahí fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia  Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México. Apenas se enteraron, su madre, Liliana Cabrera Vizueth, y su esposa corrieron para la capital. El día 24 de noviembre su pareja pudo verlo durante cinco minutos, poco antes de que los agentes de la PGR lo se lo llevaran al Centro Federal de Investigación, ubicado en la colonia Doctores, acusado de delincuencia organizada (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/507/2011). Nada pudo hacer la abogada de Edwin, Angélica Nieto Acosta. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1844, ya en circulación)