MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de Naciones Unidas (ONU) para que el gobierno de Felipe Calderón atienda las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), entre ellas el regreso de las tropas del Ejército a sus cuarteles. El pasado 27 de febrero, durante la celebración del 19 Periodo de Sesiones, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos de México (Afadem) presentaron un documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se adhieren al diagnóstico y sugerencias emitidas por el GTDFI. En el texto, difundido en Ginebra, las organizaciones manifiestan su preocupación por el incremento de violaciones a derechos humanos, como las desapariciones y la tortura, a partir de la embestida lanzada por Felipe Calderón contra el narcotráfico. “Resulta evidente que la estrategia emprendida por el gobierno de México para hacer frente a la problemática de seguridad pública en el país, basada en el uso de la fuerza y la militarización, está teniendo un impacto directo en el respeto y protección de los derechos humanos, así como en la propia vigencia del estado de derecho”, consideran las organizaciones en su carta dirigida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Agregan que “el despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública ha fomentado la comisión de delitos, en particular desaparición forzada y tortura, puesto que las Fuerzas Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas autoridades civiles”. El documento retoma algunos de los datos contenidos en el informe del GTDFI, obtenidos durante su visita de trabajo, el año pasado, entre ellos la estimación de que de 2006 a 2011 habrían ocurrido 3 mil desapariciones forzadas, la mayoría sin denunciar, pues ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sólo se reportaron 436 quejas en ese periodo, de las cuales 52% (230) se registraron en 2010 y 2011. A estos registros de la CNDH se suma el incremento en mil por ciento, de 2006 a 2011, en las denuncias presentadas contra el Ejército y la Marina, prueba contundente de que “el involucramiento de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento de violaciones graves de derechos humanos”, apunta el documento. Las organizaciones consideran que peor aún resulta el hecho de que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos castrenses son desahogados en el fuero militar, a pesar de que hay cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Rosendo Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández y Campesinos Ecologistas) que orientan a la reforma del Código de Justicia Militar. No obstante que organizaciones civiles y la CNDH han documentado casos de desaparición forzada a manos de militares en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregan, “no había conocido de ningún caso de desaparición forzada” en el periodo comprendido de 2001 a 2009. En respuesta a una solicitud de información hecha por las organizaciones, la Sedena respondió que ante la ausencia de averiguaciones previas por ese delito, en la Procuraduría General de Justicia Militar “no existen sancionados ni procesados”. Frente al clima de impunidad que priva en el país, las organizaciones civiles solicitan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su intervención para que exhorte a México a acatar las recomendaciones del GTDFI, entre ellas “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, con el objetivo de poner fin a las desapariciones forzadas”. Además, piden recomendar a México la creación de un “órgano independiente e imparcial que sirva como instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas”, y que resguarde en un banco de datos muestras de ADN de familiares de víctimas. También solicita la creación de “protocolos de actuación” para policías y autoridades investigadoras especializadas en la persecución de ese delito, y sancionar en la jurisdicción ordinaria a los miembros de las Fuerzas Armadas “involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública”. En cuanto a los instrumentos internacionales, para las organizaciones es de suma importancia que México reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, “para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas, así como el retiro de “la reserva interpuesta y la declaración interpretativa realizada al momento de la ratificación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”. Por último, las organizaciones piden al GTDFI “hacer un seguimiento del estado de la implementación por parte del gobierno de México de las recomendaciones contenidas en el informe del grupo”.