MÉXICO, D.F. (apro).- El Senado de la República aprobó en comisiones reformas al artículo 58 del Código de Justicia Militar, que acota el fuero militar y posibilita que los elementos castrenses que cometan cualquier delito del fuero común o violaciones a los derechos humanos sean juzgados en tribunales federales. Según el dictamen aprobado por las comisiones de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Primera, no prescribirán los delitos de genocidio y desaparición forzada de personas que cometan elementos castrenses. El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, propuso derogar el artículo 435, que señalaba que la facultad de declarar que un hecho es o no un delito del fuero común correspondía sólo a los tribunales militares. Dicho precepto, que finalmente fue eliminado, también señalaba que corresponde a los tribunales militares declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y la imposición de las penas, su modificación y duración. Así, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si deben intervenir tribunales militares o civiles en la investigación del delito denunciado. También se modificó el artículo 740, para establecer que cuando el Ministerio Público federal se declare incompetente para conocer el caso y éste sea conocido por el fuero militar, los afectados puedan recurrir a un juez o a la SCJN para impugnar dicho fallo. El dictamen modificó la iniciativa de Calderón al eliminar el fuero militar de todos los delitos y no exclusivamente de violación, tortura y desaparición forzada, como proponía el Ejecutivo. Asimismo, se reconoció la imprescriptibilidad de ese último delito. Previo a la aprobación en comisiones del dictamen de reforma al fuero militar, organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos exhortaron a los presidentes de las comisiones de Gobernación y Justicia del Senado, Jesús Murillo Karam y Alejandro González Alcocer, respectivamente, a garantizar que la reforma al Código de Justicia Militar se apegara a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Además, que sea acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, así como a los lineamientos de la SCJN sobre la competencia del fuero civil ordinario en casos de abusos militares contra civiles. Murillo Karam y González Alcocer recibieron una carta firmada por decenas de organizaciones civiles encabezadas por el Centro de Derechos Humanos  Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Fundar Centro de Investigación y Análisis. También signaron la carta el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) , la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), con 71 agrupaciones, así como los artistas Julieta Egurrola, Bruno Bichir y el cartonista Rafael Barajas, El Fisgón, entre otros. Los firmantes rechazaron “cualquier propuesta de mantener o crear (incluso en el fuero civil) tribunales especiales para militares”. Exigieron garantías de que “toda violación a derechos humanos y delitos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles, sean investigados y juzgados en condiciones de igualdad, exclusivamente en instancias de justicia penal ordinaria, ocurriendo esto desde el primer momento en que se tenga conocimiento del ilícito, sin que sea necesaria la creación de órganos jurisdiccionales especializados para la materia militar, justamente en razón de que dichos delitos no agravian la disciplina militar, sino bienes jurídicos comprendidos dentro de la esfera de particulares”. En conferencia de prensa, los activistas advirtieron que estarían vigilantes de que la reforma constitucional se apegue a las recomendaciones que el pasado miércoles 11 hizo Human Rights Watch (HRW) a ambos senadores. En dichas recomendaciones se pide que todos los delitos contra civiles sean enviados a tribunales ordinarios, que jueces civiles determinen si el análisis de los casos son de su competencia, y que a  los militares sometidos a esos procesos no se le otorgue prebendas, o aun dentro del fuero civil sean juzgados por militares en retiro. Edgar Cortez, del IMDDH, destacó que las organizaciones estarían pendientes de que la aprobación final de la reforma por el pleno del Senado se apegue a lineamientos internacionales de derechos humanos. De no ser así, agregaron, se podría explorar la posibilidad de entablar un juicio por inconstitucionalidad, toda vez que la reforma de derechos humanos del verano pasado establece la obligatoriedad de respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Santiago Aguirre, del CDHMT, y Miguel Moguel, de Fundar, resaltaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) podría ser el órgano que interpusiera un juicio de inconstitucionalidad de la norma si no se apega a la nueva Constitución. “La única actuación que ha tenido la CNDH en relación al fuero militar fue la solicitud que hizo a la SCJN para que dirimiera sobre un juicio de competencias en el caso del asesinato del doctor Jorge Otilio Cantú, asesinado en Monterrey el año pasado por militares. Antes de eso la CNDH no se había pronunciado por la competencia civil sobre el militar en casos de violaciones a derechos humanos, a pesar de que ha emitido decenas de recomendaciones a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y la Marina”, comentó Aguirre. Moguel abundó que “bien podría la CNDH actuar si es que la reforma al Código de Justicia no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. Tendría una oportunidad de demostrar de qué lado está, sólo hay que recordar que durante la gestión de José Luis Soberanes, la CNDH ejerció su facultad de interponer el juicio de inconstitucionalidad en el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal”. Silvano Cantú, director de incidencia de la CMDPDH, puntualizó que una vez que se aprobó la iniciativa de reforma en comisiones del Senado, “la lucha de las organizaciones está en el pleno, porque hay elementos perniciosos que permanecen en el dictamen, como el hecho de que se le otorgan facultades a los órganos policiales y de investigación de la Sedena para iniciar las investigaciones”. Sostuvo que si bien la iniciativa presentada por el senador González Alcocer elimina la posibilidad de que se creen juzgados especiales, con militares retirados a la cabeza, para juzgar a soldados por delitos contra civiles, “que los policías militares sigan interviniendo en las investigaciones contamina cualquier indagatoria y viola el principio de legalidad e igualdad de circunstancias”.