MEXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) consideró “ambiguo” el dictamen de reforma al Código de Justicia Militar aprobado la semana pasada en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, y exhortó a los legisladores a hacer modificaciones a la propuesta. Después de sumarse a la exigencia de decenas de organizaciones para que se apruebe una iniciativa de fuero militar que responda a los parámetros internacionales, en particular a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Amnistía envió una carta a los senadores para que se corrijan por lo menos dos aspectos del dictamen aprobado el jueves 19. Pese a que en el dictamen del panista Alejandro González Alcocer se destaca que serán los tribunales civiles los que atenderán los casos de abusos cometidos por militares, en el proceso de indagatorias, alerta el organismo internacional, sí hay intromisión castrense. La primera recomendación “es asegurar que la investigación inicial de presuntas violaciones de derechos humanos o delitos contra civiles sea realizada por las autoridades civiles competentes, y no por la Policía Militar o el Ministerio Público militar”, resalta la organización internacional en su misiva. Bajo la firma de Javier Zúñiga Mejía Borja, asesor especial en programas especiales, Amnistía define como “ambiguo” el dictamen, y puntualiza que en la propuesta de modificación del artículo 49 bis se advierte que se “podría permitir que la Policía y el MP militares siguieran al cargo de las investigaciones iniciales”. Zúñiga recuerda que “la primera etapa de investigación es crucial para asegurar la imparcialidad y evitar cualquier conflicto de intereses”, y que en casos de abusos militares documentados por AI y por otras ONG, así como por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha comprobado que “autoridades militares involucradas en la investigación preliminar han alterado la escena del crimen, intimidado testigos y falsificado evidencia para desviar investigaciones”. Además, la participación castrense al inicio de las indagatorias “ha resultado en la impunidad o la clasificación de delitos como de menor gravedad”. Para Amnistía, es primordial que “la reforma establezca explícitamente que la investigación inicial de los hechos sea de estricta competencia de las autoridades civiles y que las autoridades militares estén obligadas a dar aviso inmediato a las autoridades civiles cuando tengan noticia de cualquier posible abuso, a desistir de la investigación militar y cooperar plenamente con las autoridades civiles cuando se trate de violaciones de los derechos humanos, indistintamente de quién sea la victima o en delitos contra civiles”. El otro aspecto a corregir, se añade en la documento, es la exigencia de que juzgadores estén al tanto de la legislación en materia militar, por lo que “la reforma no debe establecer procedimientos ‘especiales’ para estos casos en el sistema de justicia ordinaria”. Amnistía también juzga inaceptable que el dictamen considere que los jueces penales y magistrados unitarios estén obligados a “conocer el marco legal que regula las Fuerzas Armadas” cuando les corresponda analizar un caso de abuso militar. “Desde el momento en que la justicia civil actúa sobre un caso, el marco legal militar deja de ser relevante, y por lo tanto consideramos que este artículo puede dejar la puerta abierta al establecimiento posterior de jueces especiales, y que esto podría poner en entredicho la reforma y la imparcialidad con que se aplique la justicia”, se advierte en la carta. Luego de estas consideraciones, Amnistía “urge para que, dentro de la exposición de motivos de la reforma, los senadores no dejen lugar para el establecimiento de ningún procedimiento o régimen especial para atender estos casos, y de esta forma garantizar que todas las personas tengan acceso a una justicia imparcial, independiente e igualitaria”. No obstante, Amnistía también reconoció los avances del dictamen, en especial el que se refiere “al poder judicial civil, y en particular la SCJN, para resolver conflictos de competencia entre las jurisdicciones. Además, se establece el derecho de las víctimas de recusar cualquier decisión acerca de la competencia”. Puntualizó que siendo una reforma que ha sido esperada desde hace tiempo, los senadores tienen ante sí una oportunidad histórica para aprobar modificaciones al Código de Justicia Militar, las cuales “respondan precisamente a las necesidades señaladas por la CoIDH, la SCJN, las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a un número creciente de otras voces de la sociedad mexicana” que claman por mejorar el “sistema de la procuración y la administración de justicia en el contexto actual de violencia que vive el país”.