MÉXICO, D.F. (apro).- Después de poco más de un mes de permanecer fuera del país por razones de seguridad, el padre Alejandro Solalinde Guerra expresó sus temores por el virtual regreso del PRI a Los Pinos, y recomendó a Enrique Peña Nieto que “se renueve a sí mismo” si es que “tiene la autoridad moral y la capacidad de hacerlo”. Solalinde, responsable del albergue “Hermanos en el Camino”, se vio obligado a abandonar el país en mayo pasado, luego de que él y su equipo recibieron amenazas de muerte, presuntamente de Los Zetas. En conferencia de prensa, acompañado del director de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera Aragón, y la responsable de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, Leticia Gutiérrez Valderrama, el sacerdote reconoció que los riesgos que lo expulsaron del país continúan y que no han concluido las investigaciones por las denuncias que se interpusieron debido a las amenazas que sufrió. Antes de reintegrarse a su labor como defensor de los migrantes, Solalinde hizo un llamado a Peña Nieto: “Si es que tiene la autoridad moral, primero, y tiene la capacidad para meter en cintura a su partido y su gente (…) no recurra al reciclado de cadáveres políticos. No es con un reciclado como se va a cambiar a México, ni con compromisos políticos, ni mucho menos económicos”. Además, el cura recordó que los gobiernos del Estado de México han sido particularmente hostiles hacia los migrantes. “Eruviel Ávila, cuando era presidente municipal de Ecatepec, quita la Casa del Migrante creada por el anterior alcalde (José Luis Gutiérrez Cureño, del PRD), quien había declarado a ese municipio santuario de los migrantes”, sostuvo. Y más: durante el gobierno de Peña Nieto –dijo–, el albergue San Juan Diego, en Lechería, fue atacado en 2010 por policías federales, y en 2011 presuntos vecinos de la Casa del Migrante intentaron quemar el local con todo y usuarios. Por su parte, Leticia Gutiérrez señaló que el año pasado se cometieron tres crímenes en tres meses en esa entidad, y hasta ahora no han sido esclarecidos, por lo que –agregó– “prevalece la impunidad y la falta de voluntad por parte del estado y el municipio”. La Casa del Migrante San Juan Diego fue cerrada el pasado lunes 9 por órdenes el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz, luego de supuestos actos de violencia cometidos por migrantes contra vecinos del albergue. A su regreso a México, Solalinde advirtió que su posición no tiene sesgo político, pero hasta ahora el PRI –aseguró– no le ha dado motivos para tener esperanza en sus gobiernos, menos aún cuando “en la ruta de los secuestros de migrantes están los estados gobernados por el PRI: Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas. No son signos alentadores”, apuntó. Insistió: “A mí sí me preocupa el regreso del PRI (…) porque desde mi experiencia personal han sido funcionarios del PRI, desde Ulises Ruiz y gente que él ha puesto, que sistemáticamente ha estado hostigándonos, pero además prestándose a todos los daños y los crímenes que se han cometido contra los migrantes. Todo este calvario que he vivido, al menos en Oaxaca, ha sido la mayor parte cortesía de personas del PRI”. Antes de la conferencia, Solalinde se reunió con la procuradora General de la República, Marisela Morales, y con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Alberto Diener Sala. Como parte de los acuerdos, la PGR dispuso de cuatro agentes para al custodia del sacerdote, que se suman a un número similar que tiene por parte del gobierno oaxaqueño de Gabino Cué Monteagudo. Según Solalinde, en la reunión Morales le mostró un organigrama de los presuntos delincuentes interesados en acabar con su vida y con el albergue Hermanos en el Camino, pero aún falta que se definan las implicaciones de políticos en esa red delincuencial, dijo. “Ahí no sé hasta que punto se tenga voluntad de parte de la Procuraduría de llegar a sus últimas consecuencias, porque siempre hay negociaciones y arreglos y no sabemos a dónde vaya a llegar eso”, acotó. En su oportunidad, Alberto Herrera lamentó los “muy escasos avances” en las investigaciones y nulas consignaciones por las amenazas contra Solalinde, situación que consideró “inexplicable”. Señaló que “para garantizar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos es necesario contar con adecuadas investigaciones ministeriales que hagan rendir cuentas a los responsables de las agresiones”. Ante la persistencia de la situación de riesgo que vive Solalinde y su equipo de trabajo, Herrera Aragón exigió al Estado mexicano el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunas de las cuales, apuntó, “han tardado más de dos años en ser implementadas, incrementando con ello los riesgos a los que el padre Solalinde está sometido permanentemente”. Herrera Aragón también lamentó el cierre del albergue San Juan Diego, que formaba parte de la red de 50 casas de migrantes con que cuenta la Dimensión de Movilidad Humana, donde además de refugio y comida, los indocumentados centroamericanos encontraban un lugar seguro donde narrar el calvario que sufren a su paso por México rumbo Estados Unidos. Recordó que el año pasado la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) informó a Amnistía Internacional que “como producto de esta política en materia de seguridad pública, en 2010 se encontraron 8 mil 800 cadáveres en las morgues de nuestro país sin identificar”. Agregó: “No se sabe a quién pertenecen esos cuerpos, no se sabe quiénes son sus familiares, y por supuesto mucha parte de ellos pueden ser migrantes, y si no hay un proceso de reconocimiento, si no somos capaces de dar ese primer paso básico, significa que hay una grave irresponsabilidad de la política de seguridad pública que ha impactado en la población migrante”. El padre Alejandro Solalinde regresará a Ixtepec, Oaxaca, el próximo jueves 12, pero antes sostendrá una reunión con el gobernador Gabino Cué y el procurador general de Justicia del estado, Manuel de Jesús López López. Lo acompañarán los representantes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, de Brigadas Internacionales de Paz y de Amnistía Internacional.