Acusa AMLO a EPN de recibir “dinero ilícito” en su campaña presidencial

MÉXICO, D.F. (apro).- Andrés Manuel López Obrador presentó hoy pruebas sobre el presunto uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y advirtió que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no investiga el origen de los 4 mil 200 millones de pesos utilizados por el priista procederá en contra de las autoridades responsables de indagar ese tipo de conductas ilegales.

En rueda de prensa efectuada en un salón de la colonia Roma, cerca de la sede de su casa de campaña, el tabasqueño sostuvo que tiene elementos suficientes para demostrar la gravedad del caso, que, desde su punto de vista, puede ser tipificado como lavado de dinero, de acuerdo con el Código Penal federal.

El dinero sucio, añadió, podría provenir del desvío de recursos de gobiernos estatales o del crimen organizado.

La denuncia, que se presentará al TEPJF por el representante de la coalición Movimiento Progresista ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez, también se hará llegar al presidente Felipe Calderón; al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y a la procuradora general de la República, Marisela Morales, “para que el día de mañana no digan que no sabían”.

Si no actúan las autoridades, alertó, estarían cometiendo otro delito: encubrimiento.

“De acuerdo con la Constitución, si no se actúa cuando se conoce de un delito, se está encubriendo, se está permitiendo que se lleve a cabo ese delito y estamos hablando de un delito grave: el uso del dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”, explicó.

Fondos ilícitos

El diputado federal Jaime Cárdenas, asesor jurídico de la coalición, detalló las pruebas para considerar que el PRI incurrió en lavado de dinero para financiar la campaña de Peña Nieto, por lo que demandó la invalidez de los comicios presidenciales, ya que no puede calificarse una elección que fue financiada con fondos ilícitos.

El equipo del petista Cárdenas Gracia detectó tres empresas que participaron en la triangulación de fondos: Comercializadora Atama, Grupo Koleos y Grupo Empresarial Tiguan, así como un particular: Rodrigo Fernández Noriega.

Todos ellos transfirieron recursos millonarios a Grupo Financiero Monex que, a su vez, facturó a las empresas Inizzio y Efra:

Del 18 de abril al 24 de mayo, Monex facturó 108 millones 200 mil 764 pesos con 29 centavos y recibió una comisión por estas transferencias de alrededor de un millón de pesos.

La operación no sería irregular si no fuera porque las empresas, todas, tienen algo en común: comparten los mismos accionistas y los mismos comisionarios.

Inizzio y Atama se constituyeron el 27 de octubre de 2006, el mismo día y ante el mismo notario, el 165 del Distrito Federal: Carlos Alberto Sotelo Regil.

Los accionistas de ambas empresas son Ramón Paz Morales y Juan O. Fragoso Oscoy, y Alejandro Pérez Lizárraga es el apoderado legal.

Paz Morales y Fragoso Oscoy, quienes de 2007 a 2010 reportaron ganancias por más de mil millones de pesos, se ostentan como obrero y empleado, respectivamente.

Koleos y Tiguan fueron formadas el 11 de septiembre de 2008, ante el mismo notario, el 44 del Distrito Federal, Carlos Hermosillo Pérez.

Sus accionistas son Juan A. Hodrogo Guerra y Luis Vivero Balero, y el apoderado legal es Demetrio Jordem Sabat.

Tiguan actuó como empresa de servicios para Eruviel Ávila cuando fue candidato a gobernador del Estado de México.

Adquirió pulseras, relojes y cubetas, entre otros enseres, por 2.5 millones de pesos, pero facturó sólo 72 mil pesos, acusó Cárdenas.

En el caso de Efra, la empresa cuenta con dos cédulas fiscales. El particular Fernández Noriega depositó a Monex 3.5 millones de pesos.

Estos datos forman parte de la denuncia que presentaron los representantes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano ante el TEPJF para que se investiguen los fondos ilícitos.

“Estamos hablando de un manejo de recursos por más de 4 mil 200 millones de pesos, cuando el tope de gastos de campaña era de 336 millones, por lo que la consecuencia jurídica debe ser la invalidez de la elección presidencial, ya que se violentó el principio de equidad, previsto en el artículo 41 constitucional”, indicó Jaime Cárdenas.

Una eventual consecuencia de esa determinación sería la pérdida de registro del candidato y la cancelación del registro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, aclaró Cárdenas, al Movimiento Progresista sólo le interesa que se declare la invalidez de la elección presidencial por violación a los principios de voto libre y auténtico, así como por violación al principio de equidad en materia electoral, previsto en el artículo 41 de la Carta Magna.

Alistan plan de defensa del voto

López Obrador pidió esperar a que se cumplan los tiempos para que el TEPJF responda a su demanda; mientras, anunció que será hasta el viernes 20 por la mañana cuando se dé a conocer el Plan para la Defensa y la Dignidad del Voto.

En tanto, añadió, seguirán indagando el financiamiento ilegal al candidato presidencial de la alianza PRI-PVEM, pues a diario llegan pruebas al tabasqueño sobre la compra del voto por parte de los priistas, como las tarjetas Lealtad de Monex, que el viernes pasado le entregaron sus paisanos.

“Esto es lo que debía hacer el IFE, sin embargo, nosotros le estamos haciendo el trabajo. Hay todo un aparato de fiscalización que le cuesta mucho al pueblo, oneroso, que no cumple con su responsabilidad, esto es lo que tienen que hacer los consejeros del IFE, y ahora lo tienen que hacer los magistrados del tribunal”, consideró.

López Obrador dijo que seguirán solicitando a la ciudadanía que entregue esas tarjetas como prueba de la compra masiva del sufragio.

“Esto es parte, les adelanto, del plan que vamos a dar a conocer el viernes próximo”, indicó.

Aseguró que la ciudadanía está respondiendo a su llamado porque “tiene problemas de remordimiento de conciencia”.

–¿De qué manera se puede proceder en contra de las autoridades electorales en caso de que no investigue? –se le preguntó.

–Vamos a esperar, no nos adelantemos, pero sí se debe tener en cuenta que la Constitución, en las leyes, se establece que no se puede permitir que las autoridades sean cómplices de delitos.

 

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