MÉXICO, D.F. (apro).- Vilipendiada que ha sido en los últimos meses, y más en cuanto se acerca la fecha límite –6 de septiembre– para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie en torno de la elección presidencial, la Unidad de Fiscalización del IFE tronó: Las quejas y denuncias presentadas en contra de las coaliciones que impulsaron a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador, “en ningún caso, incluyen datos, documentos o información contundente, que le permita a la autoridad actuar de manera inmediata; algunos de los alcances presentados, han sido anunciados mediáticamente y no entregados a la autoridad”. Esa es una de las conclusiones a que llega en su Informe sobre el estado que guardan los procedimientos de queja en materia de financiamiento y gasto, que discutió este jueves el Consejo General del Instituto Federal Electoral y que fue aprobado por unanimidad de los nueve consejeros del órgano electoral. Pero tampoco puede adelantar nada definitivo porque –dice el informe– “los procesos de indagación se encuentran en curso” y es obligación de la autoridad fiscalizadora “garantizar los derechos constitucionales de audiencia de los actores” –denunciados, denunciantes, presuntos implicados– y garantizar también “los plazos legales que las leyes otorgan a las autoridades coadyuvantes”. En suma, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, UFRPP –que es el nombre completo del ente fiscalizador autónomo– advierte que “aún no se encuentra en condiciones de emitir los proyectos de resolución sobre los procedimientos de queja presentados en este informe, al no haber agotado las líneas de investigación planteadas, ni contar con elementos suficientes que acrediten de manera fehaciente la existencia de los hechos denunciados”. Aún más, dice, “el desahogo del procedimiento de queja no está relacionado con el plazo que la ley otorga para la declaración de validez de presidente electo”. Es decir, son dos rutas que no se cruzan, no son vinculantes, por lo que el Tribunal Electoral, legalmente, procederá a determinar la validez o no de la elección presidencial, aun cuando las investigaciones sobre las irregularidades invocadas por los quejosos continúen. El informe de la UFRPP que este jueves aprobó el Consejo General del IFE –de 51 páginas--,  señala que dicha unidad  ha recibido en este año más de 220 quejas, que han implicado realizar, a la fecha, 2 mil 624 diligencias –ante diferentes autoridades federales y locales, personas físicas y morales– y que ha remitido al Tribunal Electoral cada uno de los expedientes, que integran un total de 34 mil 678 fojas certificadas. El informe de la Unidad de Fiscalización se centra en siete denuncias base (con sus múltiples acumulados), y que son las más señaladas por los quejosos y demandadas por la opinión pública: 1. Rebase de topes de gastos de campaña, por la colocación de espectaculares para promover la campaña del candidato Enrique Peña Nieto y por gastos diversos entre ellos el uso de aeronaves (Expediente Q-UFRPP 15/12 y 16 acumulados, interpuestos por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y otros). 2. Recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos, para financiar la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador. 3. Obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales, para financiar la imagen del candidato Andrés Manuel López Obrador 4. Aportación de recursos depositados en Monex, para promover al candidato Enrique Peña Nieto en territorio estadunidense, mediante la cadena de televisión Frontera Televisión Network (FTN). 5. Cuentas bancarias no declaradas, a nombre de Yeidckol Polevnsky, presidenta del Comité de Financiamiento del candidato Andrés Manuel López Obrador, destinadas a sufragar sus gastos de campaña. 6. Uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la entrega de Monederos Monex, para el pago de representantes de casilla del PRI a favor del candidato Enrique Peña Nieto. 7. Uso indebido de recursos y rebase de tope de gastos de campaña, a través de la distribución de tarjetas Soriana, para la compra del voto a favor del candidato Enrique Peña Nieto. Como se observa, cuatro quejas están relacionadas con Enrique Peña Nieto y la coalición Compromiso por México, y tres con Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista. En relación al primero, dos se refieren al caso Monex, uno a Soriana y otro a gastos excesivos en espectaculares, uso de aeronaves privadas y otros gastos. La primera denuncia por Monex, interpuestas por el PAN y el PRD, se refiere al asunto de la empresa estadunidense Frontera Television Network que, según los quejosos, “encubrió la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros para la campaña de Enrique Peña Nieto, por un monto de 56 millones de dólares, de procedencia desconocida, dinero que se afirma fue depositado en una cuenta bancaria en el Banco Monex y Banca Mifel”. De las 61 diligencias que ha realizado en este caso particular, la Unidad de Fiscalización dice que “hasta el momento, se tiene detectado que las cuentas denunciadas en el escrito de queja no existen, o bien, intentando buscar similitudes, se trata de cuentas utilizadas por el propio banco para el manejo de los recursos de todos sus clientes”. Sin embargo, afirma sí ha encontrado “probables violaciones a ordenamientos legales”, pero están “fuera de su competencia”, por lo que ha dado vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que “determine lo que conforme a derecho proceda”. El segundo asunto sobre Monex, el más complejo, es el que se refiere a “la presunta distribución en todo el territorio nacional de tarjetas expedidas por la institución de crédito Banco Monex, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, a través de las cuales probablemente se dispersaron recursos a favor de la campaña presidencial desplegada por el candidato Enrique Peña Nieto, actualizando, a decir del quejoso, un rebase al tope máximo de gastos de campaña establecido para la elección de presidente en el proceso electoral federal 2011-2012. Relata que, según la queja, “a través de las tarjetas aludidas, el Partido Revolucionario Institucional presuntamente entregó a sus representantes generales, de casillas y delegados distritales, recursos para la compra y coacción de votos a favor de su candidato a la presidencia, vulnerando así los principios de legalidad y equidad en la contienda electoral”. En este caso, el informe señala que, en efecto, hay dos contratos de Monex con dos empresas (“Empresa a.1” y “Empresa a.2”), pero que “no existen contratos entre Monex y partido político alguno”. Sin citar nombres, ni de personas ni de empresas, ni de instituciones, el informe identifica cuatro tipos de transacciones financieras: depósitos de las dos empresas al “Banco A”; transferencias de las mismas empresas al “Banco B” y al “Banco C”; “diversas operaciones” de esas mismas empresas con el “Banco D”, y que una de las empresas (“Empresa a.2”) recibió recursos de otras dos empresas distintas (empresas “a.3” y “a.4”). En todos los casos, señala el informe, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) todavía no entrega la información solicitada por la Unidad de Fiscalización –para determinar si hubo las triangulaciones o el dinero ilícito que dicen los quejosos-- pues aun se encuentra “en el plazo legal para hacerlo”. De las múltiples acciones que la Unidad de Fiscalización ha realizado e este caso, destaca el “procedimiento de cruce de los nombres obtenidos con las fuentes de información de todos los partidos políticos, referidas a representantes de casilla en la elección federal; de los representantes financieros; de los militantes y simpatizantes que realizaron aportaciones de los ejercicios 2006 a la fecha; de los integrantes de los consejos o comités ejecutivos nacionales y otras fuentes de vinculación partidista.” Así, dice el informe, se ha detectado que 2,578 tarjetas están relacionadas con personas vinculadas al “Partido A”; 14 tarjetas están relacionadas a una persona vinculada con el “Partido B”, y 14 tarjetas están relacionadas a una persona vinculada con el “Partido C”.” Como en todos los casos, la UFRPP ha encontrados posibles violaciones legales “que están fuera de sus facultades”, por lo que –en este caso--  ha dado vista a la Fepade, a la CNBV, al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, las dos últimas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respecto de los monederos electrónicos de la tienda Soriana, el informe destaca que ya se tiene una base de datos con 500 mil beneficiarios de la tarjeta Soriana-CTM (“Soriana-Beneficios Partido Delegación Estatal), de los cuales ya se tiene una lista, con nombre y apellido, de un mil 911 beneficiarios. También, los contratos entre Soriana y 11 estados de la república, que no menciona, para compra de despensas y paquetes alimentarios. Las investigaciones de las quejas contra AMLO siguen el mismo tenor: múltiples diligencias, cruces de información, solicitudes de información a otras dependencias… y vistas y entrega de información a las autoridades correspondientes, sobre todo a la Fepade.