MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón presentó hoy la iniciativa de Ley de Protección a Víctimas que enviará al Congreso de la Unión, con la cual, según él, “se dará un tratamiento digno a las víctimas y sus familias”. Luego de la condena generalizada que recibió su rechazo a promulgar la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso en mayo pasado y que derivó en una controversia constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, hoy Calderón intentó zanjar el diferendo con una nueva iniciativa. Durante la ceremonia de presentación realizada en Los Pinos, Calderón pidió a los legisladores que antes de aprobar la iniciativa, aprueben una reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a legislar en la materia. El titular del Ejecutivo subrayó que sin la reforma a dicho artículo, cualquier ley que se apruebe para apoyar a las víctimas de la violencia desatada por su “guerra” contra el narcotráfico será “judicializable” (sic) en perjuicio de las víctimas. La iniciativa fue enviada esta misma noche al Congreso; el encargado de hacerla llegar fue el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Acompañado por Isabel Miranda de Wallace, excandidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal, Calderón dijo que con su iniciativa se busca “desterrar de una vez por todas la doble victimización” de los ciudadanos, quienes por un lado sufren el ataque de la delincuencia y, en muchos casos, el maltrato de las autoridades. La iniciativa plantea otorgar pensión médica, psicológica y social a las víctimas del delito, para que puedan hacer frente a su situación, así como conocer toda la verdad sobre los hechos a los que fueron sometidos. Destacó que su propuesta “abre la puerta para que las víctimas formen parte de los procesos penales, se proteja su identidad, seguridad y datos personales”. También considera que los ciudadanos que hayan sufrido un delito sean reconocidos en su carácter de víctima tanto por los jueces penales, de amparo y familiares. Asimismo, contempla que los delincuentes reparen el daño causado a sus víctimas y que el gobierno repare las afectaciones que hayan sufrido los ciudadanos en materia de derechos humanos.