MONTERREY, N.L. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Casino Royale, en el que perecieron 52 personas en un ataque incendiario perpetrado el 25 de agosto de 2011 “operaba de manera insegura y en la ilegalidad”. En la investigación posterior a los hechos, la CNDH encontró también que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Margarita Martínez, obstaculizó las pesquisas posteriores a la tragedia. En la recomendación 66/2012, emitida el jueves 29, el organismo estableció que el gobierno del priista Rodrigo Medina y el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, actual diputado federal panista, se abstuvieron de proporcionar información al ombudsman nacional para esclarecer estos hechos. Puntualizó la CDH: “Las citadas autoridades demostraron una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos. Además, demostraron un desprecio a la obligación que tienen los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Carta Magna”. En el documento, el presidente de la CNDH Raúl Plascencia Villanueva denunció que ni el gobierno estatal ni el regiomontano emprendieron investigaciones para deslindar la responsabilidad de funcionarios en los hechos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha sido sancionada por el incendio. Es más, el procurador Adrián de la Garza señaló que la tragedia fue responsabilidad exclusiva del comando de Zetas que incendió el negocio en represalia porque sus propietarios no accedieron a pagar una cuota por extorsión. La recomendación fue emitida al mandatario nuevoleonés, a los miembros del ayuntamiento regiomontano; a la presidenta de la CEDH; al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, así como a la titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rosalinda Vélez Juárez. En la larga exposición de hechos se establece que la Segob, que entonces encabezaba Francisco Blake Mora, fallecido en noviembre del año pasado, incumplió con la revisión de los permisos de operación con los que operaba el Casino Royale, pues quedó demostrado que esos documentos fueron empleados para abrir otros establecimientos. Una inspección efectuada al casino después del incendio reveló que en el interior operaban máquinas de juegos ilegales, lo que evidencia la ausencia de visitas de la dependencia al establecimiento. Así, la STPS incumplió en hacer inspecciones al lugar, pues debió cerciorarse, por lo menos, que estuviera en funciones una unidad interna de respuesta inmediata para contingencias, misma que nunca fue conformada. Tampoco fueron efectuados, al menos una vez al año, los simulacros obligatorios de emergencia por incendios. El gobierno estatal y el ayuntamiento de Monterrey se excusaron simultáneamente sobre las verificaciones que tenían que hacerse en materia de protección civil en el centro de apuestas, aunque los dos legalmente tenían facultades para hacerlo. Protección Civil del Estado, dependencia que dirige Jorge Camacho Rincón, se abstuvo de hacer las respectivas verificaciones en el interior del inmueble. De esta manera, los peritos descubrieron luego del siniestro que una de las puertas de emergencia estaba atascada y que las víctimas no pudieron escapar por esos espacios. Tampoco existía en el interior señalamiento informativo que indicara las salidas de emergencia, detectores de humo o hidrantes. El ombudsman nacional también dictaminó que el establecimiento carecía de red hidráulica interna para combatir los incendios. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también incurrió en falta por obstaculizar la investigación, pues aunque entregó copias del expediente que integraba, comunicó a la CNDH que se quedaría con la investigación del caso, pues en él habían intervenido exclusivamente autoridades estatales y municipales. “Lo anterior, para esta Comisión Nacional, representó una ausencia de colaboración y reflejó una falta de respeto por la cultura de la legalidad, además de un intento por obstaculizar el trabajo de este organismo nacional en la investigación de violaciones a los derechos humanos”, se destaca en la recomendación. Al final, Plascencia Villanueva recomienda a Poiré revisar la legalidad de todas las casas de apuestas en el país; ordenar y actualizar el registro de establecimientos, así como colaborar con la Procuraduría General de la república (PGR) y la CNDH en las investigaciones que se sigan sobre el caso. Además, recomienda a la Secretaria del Trabajo verificar las condiciones de seguridad de los casinos; registrar al personal que labora en esos establecimientos, e instruir a los trabajadores de la dependencia en materia de derechos humanos. Y al gobernador y a la alcaldesa Margarita Arellanes los insta a revisar los establecimientos en la entidad para comprobar que trabajen en la legalidad y en condiciones de seguridad; que cumplan con las recomendaciones y que entreguen constancia de que lo hicieron y ayuden a las investigaciones que estas observaciones generen. Asimismo, a la presidenta de la CEDH la instruye a capacitar a sus trabajadores en materia de competencia y facultades de servidores públicos, así como emprender acciones administrativas correspondientes. Por último, la CNDH pidió a los órganos objeto de esta recomendación adoptar los correctivos necesarios y hacerlos públicos en el transcurso de los próximos 15 días hábiles.